Las extrañas decisiones del Gobierno en la lucha médica contra el Covid-19
El sábado en la mañana se confirmó el positivo por Covid-19 de una compañera periodista en el departamento de Tarija. La compañera seguía trabajando con normalidad hasta el jueves 30 de abril, cuando en el marco de la campaña de detección implementada desde el Servicio Departamental de...
El sábado en la mañana se confirmó el positivo por Covid-19 de una compañera periodista en el departamento de Tarija. La compañera seguía trabajando con normalidad hasta el jueves 30 de abril, cuando en el marco de la campaña de detección implementada desde el Servicio Departamental de Salud (Sedes) tarijeño, fue convocada a tomarse una prueba rápida de las adquiridas por la Gobernación y que fueron aplicadas a los profesionales de primera línea: médicos, periodistas y policías.
Es verdad que hubo algunas desinteligencias en su toma, procesamiento y comunicación definitiva, pero si no hubiera dado positivo en esa prueba rápida, nunca se hubiera hecho una prueba oficial de PCR en el Cenetrop que vino a confirmar el positivo cinco días después.
Según el instructivo aún vigente, la compañera debía haber esperado en su casa a tener al menos dos síntomas compatibles con los diagnósticos de la enfermedad, y además demostrar que había estado en contacto con alguien con el virus o haber viajado a una zona con presencia comunitaria. Esto a pesar de que los estudios internacionales cada vez dan más cuentas de que hay una inmensa cantidad de pacientes asintomáticos o con síntomas muy leves. En la práctica, la compañera hubiera seguido trabajando como si nada, y por ende, difundiendo la enfermedad.
La actitud es similar en cuanto a los tratamientos médicos. El Gobierno, que prácticamente ha dejado a su suerte a los médicos, se ha hecho eco de los tratamientos “de Trump” mientras se opone a todo lo experimental
El Gobierno, sin embargo, sigue negándose a implementar programas de pruebas rápidas y hace como que no ha visto lo que ha hecho el Gobernador Adrián Oliva en Tarija. Su respuesta muchos días después ha sido insistir en que las pruebas rápidas no tienen la sensibilidad suficiente y por tanto, se reitera que se desaconseja.
El 19 de marzo, YPFB anunció que compraría 100.000 pruebas rápidas. Por entonces había apenas una veintena de pacientes confirmados por laboratorio. El domingo, y tras la intervención del omnipresente pero difuso embajador para la ciencia y la tecnología en Bolivia, Mohammed Mostajo Radji, el Ministerio de Hidrocarburos se retractó y dijo que ya no compraría esas pruebas, que eran la clave para sus ambulatorios móviles que acabó entregando en Bermejo y Yacuiba pese a ser dos cajas vacías sin otra utilidad. Hoy hay casi 3.000 confirmados.
Pese a la evidencia documentada que se acaba de registrar en Tarija - que además tiene el oneroso record de esperar en promedio más de una semana para recibir resultados de sus test porque alguien en el Gobierno o en el Laboratorio considera que los tarijeños siempre pueden esperar más – el Gobierno insiste en negar la prueba.
La actitud es similar en cuanto a los tratamientos médicos. El Gobierno, que prácticamente ha dejado a su suerte a los médicos, se ha hecho eco de los tratamientos “de Trump” y ha combatido la hidroxicloroquina, que sirvió para el paciente 0 en Tarija, y ha desaconsejar la Ivermectina, que en otros países está en fase experimental con resultados. Lo curioso es que tampoco está proveyendo alternativas con resultados.
Los errores y las indecisiones han dilapidado todo el tiempo preciso otorgado por la cuarentena, dictada muy pronto, pero que no sirvió para contener el virus porque no se han hecho las pruebas necesarias. La economía ha doblado el brazo a las prudencias médicas, y el Gobierno, más allá de culpar a los ciudadanos y lavarse las manos en los alcaldes y gobernadores, convendría que repensara su estrategia con algo más de esperanza que la de esperar a que el 60% esté contagiado, mientras “muchos mueren”.
Es verdad que hubo algunas desinteligencias en su toma, procesamiento y comunicación definitiva, pero si no hubiera dado positivo en esa prueba rápida, nunca se hubiera hecho una prueba oficial de PCR en el Cenetrop que vino a confirmar el positivo cinco días después.
Según el instructivo aún vigente, la compañera debía haber esperado en su casa a tener al menos dos síntomas compatibles con los diagnósticos de la enfermedad, y además demostrar que había estado en contacto con alguien con el virus o haber viajado a una zona con presencia comunitaria. Esto a pesar de que los estudios internacionales cada vez dan más cuentas de que hay una inmensa cantidad de pacientes asintomáticos o con síntomas muy leves. En la práctica, la compañera hubiera seguido trabajando como si nada, y por ende, difundiendo la enfermedad.
La actitud es similar en cuanto a los tratamientos médicos. El Gobierno, que prácticamente ha dejado a su suerte a los médicos, se ha hecho eco de los tratamientos “de Trump” mientras se opone a todo lo experimental
El Gobierno, sin embargo, sigue negándose a implementar programas de pruebas rápidas y hace como que no ha visto lo que ha hecho el Gobernador Adrián Oliva en Tarija. Su respuesta muchos días después ha sido insistir en que las pruebas rápidas no tienen la sensibilidad suficiente y por tanto, se reitera que se desaconseja.
El 19 de marzo, YPFB anunció que compraría 100.000 pruebas rápidas. Por entonces había apenas una veintena de pacientes confirmados por laboratorio. El domingo, y tras la intervención del omnipresente pero difuso embajador para la ciencia y la tecnología en Bolivia, Mohammed Mostajo Radji, el Ministerio de Hidrocarburos se retractó y dijo que ya no compraría esas pruebas, que eran la clave para sus ambulatorios móviles que acabó entregando en Bermejo y Yacuiba pese a ser dos cajas vacías sin otra utilidad. Hoy hay casi 3.000 confirmados.
Pese a la evidencia documentada que se acaba de registrar en Tarija - que además tiene el oneroso record de esperar en promedio más de una semana para recibir resultados de sus test porque alguien en el Gobierno o en el Laboratorio considera que los tarijeños siempre pueden esperar más – el Gobierno insiste en negar la prueba.
La actitud es similar en cuanto a los tratamientos médicos. El Gobierno, que prácticamente ha dejado a su suerte a los médicos, se ha hecho eco de los tratamientos “de Trump” y ha combatido la hidroxicloroquina, que sirvió para el paciente 0 en Tarija, y ha desaconsejar la Ivermectina, que en otros países está en fase experimental con resultados. Lo curioso es que tampoco está proveyendo alternativas con resultados.
Los errores y las indecisiones han dilapidado todo el tiempo preciso otorgado por la cuarentena, dictada muy pronto, pero que no sirvió para contener el virus porque no se han hecho las pruebas necesarias. La economía ha doblado el brazo a las prudencias médicas, y el Gobierno, más allá de culpar a los ciudadanos y lavarse las manos en los alcaldes y gobernadores, convendría que repensara su estrategia con algo más de esperanza que la de esperar a que el 60% esté contagiado, mientras “muchos mueren”.
