Exportar gas en tiempos de coronavirus
Que el coronavirus está causando tantos estragos económicos como sanitarios es evidente. El parón de la actividad comercial e industrial a nivel mundial está dando paso a numerosos problemas de orden macroeconómico y microeconómico. Los números no cuadran, el crecimiento se hunde por...
Que el coronavirus está causando tantos estragos económicos como sanitarios es evidente. El parón de la actividad comercial e industrial a nivel mundial está dando paso a numerosos problemas de orden macroeconómico y microeconómico. Los números no cuadran, el crecimiento se hunde por regiones promedios de más de 8 y 10 puntos y los nervios se apoderan también de los dirigentes y autoridades, apenas recuperados de las afecciones coronarias que ya produjo el primer embate del virus.
En cualquier caso, los compromisos se cumplen. Hace apenas un mes y diez días que el Gobierno de Jeanine Áñez, con Víctor Hugo Zamora al frente del Ministerio de Hidrocarburos, presentaron la adenda firmada para finalizar el contrato de exportación de gas que arrancó en 1999 y acabó formalmente en 2019, aunque con saldos por entregar.
El Gobierno de Jair Bolsonaro no tenía ni la menor intención de ampliar ese contrato, y probablemente no lo hubiera hecho de no haber participado decisivamente a apuntalar el régimen de Jeanine Áñez en noviembre por su propio interés. Desde entonces, en la agenda apareció casi de forma automática la firma de la adenda con una nueva lógica de negociación.
El Gobierno boliviano actual no tardó ni un día en “abrirse a negociar” la reparación de esos incumplimientos incluso reconociendo que causa daños en los pozos.
La adenda firmada a principios de marzo recoge una modificación a la baja en los compromisos mínimos de importación diaria – que hasta 2019 eran de 24 millones de metros cúbicos – y otros aspectos no menos relevantes. El objetivo era acabar de entregar los algo más de 1,7 trillones de pies cúbicos pendientes, para lo que se estimaba un plazo de entre cinco y seis años.
El Gobierno de Áñez y Zamora, ansiosos de mostrar logros en el campo petrolero y siguiendo las formas que ya instauró el Gobierno de Evo Morales y su simpar ministro de Hidrocarburos, el también tarijeño Luis Alberto Sánchez, llegó a hablar de un monto de 6.000 millones de dólares por la exportación del gas, que deliberadamente se trató de posicionar como un nuevo contrato y no un arreglo de saldos.
Para entonces, el barril de petróleo ya había empezado a caer porque China estaba en lo peor de la crisis y Europa también; hoy el barril apenas pasa de los 20 dólares y todas las perspectivas son negativas, por lo que las estimaciones empiezan mal.
Lo que no se esperaba es que en apenas un mes, el Gobierno de Brasil empezara a incumplir sus compromisos para importar un porcentaje de gas que es menos del 15% de lo que necesitan sus empresas e industrias, que mayoritariamente siguen funcionando en tiempos de cuarentena, particularmente las termoeléctricas.
En esta coyuntura, tal vez sea razonable cuestionarse la utilidad de seguir exportando a manos llenas, cuando ni siquiera el precio es un argumento y cuando además, la otra parte no tiene ascos en incumplir, fundamentalmente por la dependencia y debilidad del Gobierno boliviano actual, que no tardó ni un día en “abrirse a negociar” la reparación de esos incumplimientos incluso reconociendo que causa daños en los pozos.
Evidentemente no es tarea de un gobierno de transición, pero es tiempo de reflexionar sobre el futuro de una práctica - la de la exportación – demasiado volátil y con demasiados sinsabores. Urge invertir bien los recursos que lleguen de los saldos del contrato que alguna fue el más importante que tuvo Bolivia, y que se está acabando sin remedio.
En cualquier caso, los compromisos se cumplen. Hace apenas un mes y diez días que el Gobierno de Jeanine Áñez, con Víctor Hugo Zamora al frente del Ministerio de Hidrocarburos, presentaron la adenda firmada para finalizar el contrato de exportación de gas que arrancó en 1999 y acabó formalmente en 2019, aunque con saldos por entregar.
El Gobierno de Jair Bolsonaro no tenía ni la menor intención de ampliar ese contrato, y probablemente no lo hubiera hecho de no haber participado decisivamente a apuntalar el régimen de Jeanine Áñez en noviembre por su propio interés. Desde entonces, en la agenda apareció casi de forma automática la firma de la adenda con una nueva lógica de negociación.
El Gobierno boliviano actual no tardó ni un día en “abrirse a negociar” la reparación de esos incumplimientos incluso reconociendo que causa daños en los pozos.
La adenda firmada a principios de marzo recoge una modificación a la baja en los compromisos mínimos de importación diaria – que hasta 2019 eran de 24 millones de metros cúbicos – y otros aspectos no menos relevantes. El objetivo era acabar de entregar los algo más de 1,7 trillones de pies cúbicos pendientes, para lo que se estimaba un plazo de entre cinco y seis años.
El Gobierno de Áñez y Zamora, ansiosos de mostrar logros en el campo petrolero y siguiendo las formas que ya instauró el Gobierno de Evo Morales y su simpar ministro de Hidrocarburos, el también tarijeño Luis Alberto Sánchez, llegó a hablar de un monto de 6.000 millones de dólares por la exportación del gas, que deliberadamente se trató de posicionar como un nuevo contrato y no un arreglo de saldos.
Para entonces, el barril de petróleo ya había empezado a caer porque China estaba en lo peor de la crisis y Europa también; hoy el barril apenas pasa de los 20 dólares y todas las perspectivas son negativas, por lo que las estimaciones empiezan mal.
Lo que no se esperaba es que en apenas un mes, el Gobierno de Brasil empezara a incumplir sus compromisos para importar un porcentaje de gas que es menos del 15% de lo que necesitan sus empresas e industrias, que mayoritariamente siguen funcionando en tiempos de cuarentena, particularmente las termoeléctricas.
En esta coyuntura, tal vez sea razonable cuestionarse la utilidad de seguir exportando a manos llenas, cuando ni siquiera el precio es un argumento y cuando además, la otra parte no tiene ascos en incumplir, fundamentalmente por la dependencia y debilidad del Gobierno boliviano actual, que no tardó ni un día en “abrirse a negociar” la reparación de esos incumplimientos incluso reconociendo que causa daños en los pozos.
Evidentemente no es tarea de un gobierno de transición, pero es tiempo de reflexionar sobre el futuro de una práctica - la de la exportación – demasiado volátil y con demasiados sinsabores. Urge invertir bien los recursos que lleguen de los saldos del contrato que alguna fue el más importante que tuvo Bolivia, y que se está acabando sin remedio.
