Exportar gas a Brasil, 20 años después
Han pasado veintiún años desde que se inició la exportación de gas tarijeño a Brasil. Un contrato, el GSA, que tras varios ajustes y adendas que no siempre fueron a favor de Bolivia, se puede considerar que fue el más importante de la historia del país en el sentido de que garantizó el...
Han pasado veintiún años desde que se inició la exportación de gas tarijeño a Brasil. Un contrato, el GSA, que tras varios ajustes y adendas que no siempre fueron a favor de Bolivia, se puede considerar que fue el más importante de la historia del país en el sentido de que garantizó el flujo económico por un largo periodo de tiempo, abriendo otras posibilidades de desarrollo para el Estado.
El contrato, tal como quedó, permitía exportar hasta 30,5 millones de metros cúbicos de gas al día (más de la mitad de la producción actual en todo el país) para abastecer el cinturón industrial de Sao Paolo, aunque al final más ha servido para termoeléctricas y petroquímicas por el camino. El contrato se fijaba sobre una base de cálculo del precio del petróleo West Texas Intermediate; contenía cláusulas take or pay, que garantizaba el ingreso por 24 millones de metros cúbicos de forma estable, y al final, liberó un porcentaje importante para el tratamiento de los licuables en Río Grande, incursionando así en la industrialización en forma de agroquímicos, como la urea.
El contrato llegó a su fin en 2019, pero al no haber logrado enviar todo el gas acordado, pues se estima un pendiente de 1,7 trillones de pies cúbicos, la solución ha sido ampliarlo por otros 4 o 5 años según el ritmo de nominación que ejerza Brasil en la horquilla de 16-20 millones de metros cúbicos diarios pactada. Las estimaciones del Ministerio de Hidrocarburos, que son tanto o más optimistas de lo que hacían sus antecesores, hablan de ingresos por 5.000 millones de dólares.
El Ministerio podía haberse limitado a colgar la adenda del contrato en su página web para que cada cual pueda estudiarlo, pero en lugar de eso ha optado por el jolgorio y las promesas, por los datos desorbitados y lo que se supone tienen que ser bondades de haber ampliado el contrato, aunque sea a la baja.
Hay, por tanto, demasiadas cláusulas y aspectos – penalidades, exigencias, provisiones, etc., - que serán develadas con el tiempo, pero la preocupación matriz es la ausencia absoluta de un plan alternativo a la exportación.
El contrato de Brasil ha dado unos 20.000 millones de dólares al país, con todo, los proyectos de industrialización siguen paralizados, no hay acceso al mercado mundial del GNL, y lo que es más grave, los emprendimientos bolivianos tienen que buscar “energías alternativas” para su propio desarrollo.
El actual Gobierno quiere acabar con el problema de la escasez de reservas de un solo plumazo: la propia Presidenta Jeanine Áñez se atribuyó ayer el descubrimiento del área de Miraflores, adjudicada hace más de dos años a una empresa canadiense con permiso para implementar técnicas no convencionales, es decir: fracking, con todo el riesgo que implica para el ecosistema y el acuífero chaqueño, vital para el funcionamiento de la cuenca del río de la Plata.
Al otro extremo no hay nada. Es decir, el ministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora se permite el lujo incluso de hacer chascarrillos sobre lo “estúpido” que puede resultar un boliviano que no quiera exportar gas a seis dólares en lugar de utilizarlo en el mercado interno a un dólar.
Es cierto que en el mundo de las transnacionales, el baile de millones puede acabar nublándole la vista a cualquiera, pero el país no se construye exportando su energía por ducto mientras languidecen las industrias productivas buscando “alternativas” que no existen, o que son demasiado costosas.
La cuenta atrás está en marcha. En cinco años se acaba el contrato con Brasil y probablemente también con Argentina, pues además ambos tienen proyectos de soberanía en Presal y Vaca Muerta. ¿Qué recomienda hacer entonces el señor Ministro? ¿A quién habrá que venderle entonces y para qué?
El contrato, tal como quedó, permitía exportar hasta 30,5 millones de metros cúbicos de gas al día (más de la mitad de la producción actual en todo el país) para abastecer el cinturón industrial de Sao Paolo, aunque al final más ha servido para termoeléctricas y petroquímicas por el camino. El contrato se fijaba sobre una base de cálculo del precio del petróleo West Texas Intermediate; contenía cláusulas take or pay, que garantizaba el ingreso por 24 millones de metros cúbicos de forma estable, y al final, liberó un porcentaje importante para el tratamiento de los licuables en Río Grande, incursionando así en la industrialización en forma de agroquímicos, como la urea.
El contrato llegó a su fin en 2019, pero al no haber logrado enviar todo el gas acordado, pues se estima un pendiente de 1,7 trillones de pies cúbicos, la solución ha sido ampliarlo por otros 4 o 5 años según el ritmo de nominación que ejerza Brasil en la horquilla de 16-20 millones de metros cúbicos diarios pactada. Las estimaciones del Ministerio de Hidrocarburos, que son tanto o más optimistas de lo que hacían sus antecesores, hablan de ingresos por 5.000 millones de dólares.
El Ministerio podía haberse limitado a colgar la adenda del contrato en su página web para que cada cual pueda estudiarlo, pero en lugar de eso ha optado por el jolgorio y las promesas, por los datos desorbitados y lo que se supone tienen que ser bondades de haber ampliado el contrato, aunque sea a la baja.
Hay, por tanto, demasiadas cláusulas y aspectos – penalidades, exigencias, provisiones, etc., - que serán develadas con el tiempo, pero la preocupación matriz es la ausencia absoluta de un plan alternativo a la exportación.
El contrato de Brasil ha dado unos 20.000 millones de dólares al país, con todo, los proyectos de industrialización siguen paralizados, no hay acceso al mercado mundial del GNL, y lo que es más grave, los emprendimientos bolivianos tienen que buscar “energías alternativas” para su propio desarrollo.
El actual Gobierno quiere acabar con el problema de la escasez de reservas de un solo plumazo: la propia Presidenta Jeanine Áñez se atribuyó ayer el descubrimiento del área de Miraflores, adjudicada hace más de dos años a una empresa canadiense con permiso para implementar técnicas no convencionales, es decir: fracking, con todo el riesgo que implica para el ecosistema y el acuífero chaqueño, vital para el funcionamiento de la cuenca del río de la Plata.
Al otro extremo no hay nada. Es decir, el ministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora se permite el lujo incluso de hacer chascarrillos sobre lo “estúpido” que puede resultar un boliviano que no quiera exportar gas a seis dólares en lugar de utilizarlo en el mercado interno a un dólar.
Es cierto que en el mundo de las transnacionales, el baile de millones puede acabar nublándole la vista a cualquiera, pero el país no se construye exportando su energía por ducto mientras languidecen las industrias productivas buscando “alternativas” que no existen, o que son demasiado costosas.
La cuenta atrás está en marcha. En cinco años se acaba el contrato con Brasil y probablemente también con Argentina, pues además ambos tienen proyectos de soberanía en Presal y Vaca Muerta. ¿Qué recomienda hacer entonces el señor Ministro? ¿A quién habrá que venderle entonces y para qué?
