Las “consultas” de Tariquía

Vaya por delante que en este medio siempre hemos discrepado con el procedimiento de consulta previa, y no solo porque las posibilidades de un puñado de comunarios de doblegar las ambiciones de cualquier transnacional sean mínimas - bien por corrupción, bien por aplastamiento -, sino porque no parece ser muy constitucional que un grupo reducido de bolivianos con intereses locales pueda decidir la suerte de proyectos estratégicos que afectan – para bien o para mal – a todos los bolivianos.

Esta apreciación no quita que desde este medio seamos respetuosos de la Ley y exijamos su cumplimiento por encima de todas las cosas, incluidas aquellas que no nos gustan. El anterior Gobierno cometió un abuso de proporciones considerables en la Reserva Nacional de Tariquía, cuando mercadeó las áreas petroleras de San Telmo y Astilleros, cuando firmó los contratos con la asociación conformada por YPFB Chaco y Petrobras para su explotación y cuando después impuso el inicio de operaciones en un acto de fuerza. Para el recuerdo aquellas imágenes de un escuadrón policial empujando comunarias, niños y ancianos para dejar paso libre al paraíso a ejecutivos impecables de las petroleras.
La indignación fue grande porque además, el anterior Gobierno se identificaba como “pachamamista”. El actual Gobierno no lo es, pero la estrategia parece haber cambiado poco.
Nunca hubo consulta previa. La prepotencia de los gestores de hidrocarburos había llegado a tal punto que no consideraban una posible reacción contraria a la promesa de docenas de millones en renta petrolera y la expectativa de un puñado de pegas como cocinera, chofer, albañil, guarda o cualquier otro cargo de baja cualificación.

Sí hubo una reunión en la que los comunarios firmaron un papel en blanco, sin cédula, sin aclaración de rúbrica, sin cumplir los procedimientos, sin acompañamiento del Tribunal Electoral y sobre todo, después de que los contratos ya estuvieran operativos e incluso los puntos de perforación identificados.

Antes había habido más: un decreto que levantaba de facto la protección de las áreas protegidas para actividades estratégicas, y que de paso daba cobertura para nuevos asentamientos; y sobre todo, un rediseño del plan de manejo de la Reserva de Tariquía, que curiosamente y de forma antinatural dejaba fuera las zonas de especial protección aquellos lugares donde se preveía pinchar los pozos de gas.

La indignación fue grande porque además, el anterior Gobierno se identificaba como “pachamamista”, pero el paso del tiempo le hizo ir subordinando los intereses de la madre Tierra a los del desarrollismo clásico. El actual Gobierno no lo es, pero la estrategia parece haber cambiado poco.

El Ministerio de Hidrocarburos tiene las manos libres para enfrentar el asunto de Tariquía desde el principio y sin necesidad de posicionarse, pero ha optado por borrarse y dejar la pelota para la siguiente gestión. Justo al contrario de lo que YPFB ha hecho con el proyecto de fracking en Miraflores, tanto o más sospechoso que el del Parque Nacional y con los riesgos que reporta para la cuenca chaqueña, alguien podría asumir que el proyecto es necesario porque la situación hidrocarburífera es crítica. O aunque fuera, porque los contratos están firmados.

Con todo, convendría haber empezado por el principio: No hay una consulta previa válida que avale el proyecto que impulsó el anterior Gobierno, y tal vez sería una oportunidad de acabar con la especulación, pero no lo habrá. De momento Tariquía gana tiempo, pero la amenaza sigue vigente.