Sánchez y los convenios bienintencionados
No son buenos tiempos para confundir la política con la gestión. Y una buena gestión no tiene nada que ver con dar noticias políticas día sí y día también. Lo cierto es que desde febrero, cuando hincó la rodilla ante Argentina, el Ministerio de Hidrocarburos de Luis Alberto Sánchez ha...
No son buenos tiempos para confundir la política con la gestión. Y una buena gestión no tiene nada que ver con dar noticias políticas día sí y día también. Lo cierto es que desde febrero, cuando hincó la rodilla ante Argentina, el Ministerio de Hidrocarburos de Luis Alberto Sánchez ha tenido que guardar moderado silencio por motivos obvios: la situación es más crítica de lo que sus voceros indican.
El acto de ayer en Los Parrales tenía mucho de político y menos de técnico. Los anuncios no dejan de ser convenios de intenciones a estudiar en larguísimos plazos, pero desde el lugar elegido hasta la presencia de Evo Morales hacía indicar una relevancia que no tiene. Peor cuando no se explican las cuestiones básicas, como la forma en que se pretende llevar el gas hasta las termoeléctricas de Perú.
Hace años se habla de la conexión de ductos con Perú, una oportunidad para alcanzar desarrollar alguna estrategia de incursión en el mercado mundial del Gas Licuado, esta vez con soberanía y no a través de Chile y con un contrato torcido como pretendía Sánchez de Lozada
El presidente Evo Morales cumplió con su presencia bendiciendo una vez más la gestión de Luis Alberto Sánchez; el ministro de Hidrocarburos que más le ha durado en el cargo. Los memorándum de entendimiento con dos empresas privadas en Perú y con Shell Argentina no suponen ningún cambio en el corto plazo ni resolverá el problema principal de la falta de mercados, causa y consecuencia de la falta de producción y exploración.
Lo de Shell Argentina no deja de ser una reedición de lo ya firmado con Shell Brasil y que opera Shell Bolivia, que tiene a su cargo el área de Huacareta, al oeste de Entre Ríos, y cuyas cifras iniciales eran de los más optimistas – se hablaba de hasta seis veces más gas que en Margarita – pero que han pasado 13 meses desde que iniciaron las actividades para llegar a 4.500 metros de profundidad y, de momento, no se tienen noticias. Tal como están las normativas y necesidades, las firmas intermediadas entre productor y distribuidor de misma matriz, que luego se multan entre ellas, etc., no parece ser una idea muy soberana, pero pasa.
Desde el primer gabinete bilateral con Perú, con Ollanta Humala gobernando, se venía hablando de la conexión de ductos con ese país, una oportunidad para alcanzar las costas del Perú y desarrollar alguna estrategia de incursión en el mercado mundial del Gas Licuado esta vez con soberanía y no a través de Chile y con un contrato torcido como pretendía Sánchez de Lozada. Eso implica, evidentemente, la extensión de los ductos hasta ese país, pero de eso nadie quiere hablar. Apenas a finales de 2018 el presidente de YPFB, Óscar Barriga, indicó que se estaba haciendo el estudio a diseño final, y así van pasando los años. Al menos cinco. Pero permite que cualquier empresa privada se quiera colgar al proyecto, porque la obligación es mínima.
Los datos de producción y comercialización son verdaderamente malos; Brasil compra mucho menos de lo que le corresponde por contrato en estos meses de fin de acuerdo y la Argentina no piensa excederse ni un dólar en los nuevos compromisos de venta con los que prevé ahorrar 450 millones de dólares en dos años. La situación tendrá impacto en el presupuesto, en Bolivia y en Tarija, y sería mucho más conveniente enfrentar estos problemas antes de ir firmando convenios bienintencionados que en realidad, no nos llevarán muy lejos.
El acto de ayer en Los Parrales tenía mucho de político y menos de técnico. Los anuncios no dejan de ser convenios de intenciones a estudiar en larguísimos plazos, pero desde el lugar elegido hasta la presencia de Evo Morales hacía indicar una relevancia que no tiene. Peor cuando no se explican las cuestiones básicas, como la forma en que se pretende llevar el gas hasta las termoeléctricas de Perú.
Hace años se habla de la conexión de ductos con Perú, una oportunidad para alcanzar desarrollar alguna estrategia de incursión en el mercado mundial del Gas Licuado, esta vez con soberanía y no a través de Chile y con un contrato torcido como pretendía Sánchez de Lozada
El presidente Evo Morales cumplió con su presencia bendiciendo una vez más la gestión de Luis Alberto Sánchez; el ministro de Hidrocarburos que más le ha durado en el cargo. Los memorándum de entendimiento con dos empresas privadas en Perú y con Shell Argentina no suponen ningún cambio en el corto plazo ni resolverá el problema principal de la falta de mercados, causa y consecuencia de la falta de producción y exploración.
Lo de Shell Argentina no deja de ser una reedición de lo ya firmado con Shell Brasil y que opera Shell Bolivia, que tiene a su cargo el área de Huacareta, al oeste de Entre Ríos, y cuyas cifras iniciales eran de los más optimistas – se hablaba de hasta seis veces más gas que en Margarita – pero que han pasado 13 meses desde que iniciaron las actividades para llegar a 4.500 metros de profundidad y, de momento, no se tienen noticias. Tal como están las normativas y necesidades, las firmas intermediadas entre productor y distribuidor de misma matriz, que luego se multan entre ellas, etc., no parece ser una idea muy soberana, pero pasa.
Desde el primer gabinete bilateral con Perú, con Ollanta Humala gobernando, se venía hablando de la conexión de ductos con ese país, una oportunidad para alcanzar las costas del Perú y desarrollar alguna estrategia de incursión en el mercado mundial del Gas Licuado esta vez con soberanía y no a través de Chile y con un contrato torcido como pretendía Sánchez de Lozada. Eso implica, evidentemente, la extensión de los ductos hasta ese país, pero de eso nadie quiere hablar. Apenas a finales de 2018 el presidente de YPFB, Óscar Barriga, indicó que se estaba haciendo el estudio a diseño final, y así van pasando los años. Al menos cinco. Pero permite que cualquier empresa privada se quiera colgar al proyecto, porque la obligación es mínima.
Los datos de producción y comercialización son verdaderamente malos; Brasil compra mucho menos de lo que le corresponde por contrato en estos meses de fin de acuerdo y la Argentina no piensa excederse ni un dólar en los nuevos compromisos de venta con los que prevé ahorrar 450 millones de dólares en dos años. La situación tendrá impacto en el presupuesto, en Bolivia y en Tarija, y sería mucho más conveniente enfrentar estos problemas antes de ir firmando convenios bienintencionados que en realidad, no nos llevarán muy lejos.
