Pacto de Estado por los hidrocarburos
En unas semanas se acaba el primer semestre del electoral 2019, y más allá de la campaña electoral, hay asuntos que deberían ser abordados como asunto de Estado, y que sin embargo quedan permanentemente subordinadas a los intereses del Gobierno de permanecer en el poder. De entre todas, es...
En unas semanas se acaba el primer semestre del electoral 2019, y más allá de la campaña electoral, hay asuntos que deberían ser abordados como asunto de Estado, y que sin embargo quedan permanentemente subordinadas a los intereses del Gobierno de permanecer en el poder.
De entre todas, es la política de Hidrocarburos la que más adolece de un sentido nacional, de un acuerdo global que permitiera sacar el tema de las urgencias y los codazos de la política ordinaria y convertirla en un bien común que necesariamente requiere de los mejores esfuerzos de cada uno. No es tan difícil como parece. Basta con abrir un diálogo sincero, establecer las prioridades conjuntas y ambiciosas, arrancarse de raíz el complejo de inferioridad e identificar rápido a los agentes que operan en favor de las transnacionales o de terceros países. Los hay en el Gobierno, muchos, así que no se trata de abrir una caza de brujas al uso, sino de aplicar una política nacional en la que todos aporten, es decir, no resten.
Atravesamos un momento crucial. Después de muchas conversaciones y diálogos insulsos entre el Gobierno de Bolivia y de Brasil, y sus empresas operadoras, el contrato de exportación de gas más importante que ha tenido el país en toda su historia está llegando formalmente a su fin. De poco sirve que el Gobierno boliviano, y concretamente su Ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez insista en que quedan 1,7 trillones de pies cúbicos de gas por enviar y que por tanto, el contrato se alarga de facto, si al otro lado no hay una ratificación oficial por parte del controvertido gobierno de Jair Bolsonaro, un gobierno que no duda en amenazar la legalidad establecida y que ya ha dejado en claro en diferentes círculos que no quiere saber nada del contrato con Bolivia, pues la provisión de gas, en la línea de un clásico gobierno liberal, es un asunto entre privados.
El Ministro Sánchez trata de darle a esta nueva realidad un sentido de oportunidad también muy liberal, presentando la situación como una oportunidad para que YPFB compita en la ortodoxia del mercado, con todos sus riesgos y hostilidades. Lo cierto es que nadie sabe bien cómo va a afectar esta situación a los ingresos del país, pues las nominaciones en abril y mayo han bajado a la mitad de lo ordinario y aun así, nadie sabrá nada hasta después de octubre.
El precedente es Argentina. Los errores acumulados dejaron a Sánchez en una pésima posición de negociación y acabó cediendo tras errores grosos que acabaron por desatar la crisis. El resultado fue una renegociación a la baja con la que Argentina prevé ahorrarse, como mínimo, 450 millones de dólares en dos años.
La nacionalización de los hidrocarburos de 2006 era una acción más o menos ineludible tras los resultados del referéndum anterior. Era, lo que se dice, una política de Estado. Desde entonces la incertidumbre y la falta de arrojo político han dejado al sector a la deriva, sin capacidades estatales para intervenirlo, sin nuevos hallazgos, sin desarrollo, sin nuevos mercados, sin industrialización.
El momento de las propuestas y de los pactos de Estado son estos, los electorales. No vale ir a elecciones con los ojos cerrados. Es tiempo de madurar este asunto y ser capaces de responder como adultos. Es tiempo de que el asunto se aborde en serio.
De entre todas, es la política de Hidrocarburos la que más adolece de un sentido nacional, de un acuerdo global que permitiera sacar el tema de las urgencias y los codazos de la política ordinaria y convertirla en un bien común que necesariamente requiere de los mejores esfuerzos de cada uno. No es tan difícil como parece. Basta con abrir un diálogo sincero, establecer las prioridades conjuntas y ambiciosas, arrancarse de raíz el complejo de inferioridad e identificar rápido a los agentes que operan en favor de las transnacionales o de terceros países. Los hay en el Gobierno, muchos, así que no se trata de abrir una caza de brujas al uso, sino de aplicar una política nacional en la que todos aporten, es decir, no resten.
Atravesamos un momento crucial. Después de muchas conversaciones y diálogos insulsos entre el Gobierno de Bolivia y de Brasil, y sus empresas operadoras, el contrato de exportación de gas más importante que ha tenido el país en toda su historia está llegando formalmente a su fin. De poco sirve que el Gobierno boliviano, y concretamente su Ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez insista en que quedan 1,7 trillones de pies cúbicos de gas por enviar y que por tanto, el contrato se alarga de facto, si al otro lado no hay una ratificación oficial por parte del controvertido gobierno de Jair Bolsonaro, un gobierno que no duda en amenazar la legalidad establecida y que ya ha dejado en claro en diferentes círculos que no quiere saber nada del contrato con Bolivia, pues la provisión de gas, en la línea de un clásico gobierno liberal, es un asunto entre privados.
El Ministro Sánchez trata de darle a esta nueva realidad un sentido de oportunidad también muy liberal, presentando la situación como una oportunidad para que YPFB compita en la ortodoxia del mercado, con todos sus riesgos y hostilidades. Lo cierto es que nadie sabe bien cómo va a afectar esta situación a los ingresos del país, pues las nominaciones en abril y mayo han bajado a la mitad de lo ordinario y aun así, nadie sabrá nada hasta después de octubre.
El precedente es Argentina. Los errores acumulados dejaron a Sánchez en una pésima posición de negociación y acabó cediendo tras errores grosos que acabaron por desatar la crisis. El resultado fue una renegociación a la baja con la que Argentina prevé ahorrarse, como mínimo, 450 millones de dólares en dos años.
La nacionalización de los hidrocarburos de 2006 era una acción más o menos ineludible tras los resultados del referéndum anterior. Era, lo que se dice, una política de Estado. Desde entonces la incertidumbre y la falta de arrojo político han dejado al sector a la deriva, sin capacidades estatales para intervenirlo, sin nuevos hallazgos, sin desarrollo, sin nuevos mercados, sin industrialización.
El momento de las propuestas y de los pactos de Estado son estos, los electorales. No vale ir a elecciones con los ojos cerrados. Es tiempo de madurar este asunto y ser capaces de responder como adultos. Es tiempo de que el asunto se aborde en serio.
