Tarija, el empleo, y el increíble INE

En los hogares familiares tenemos muy claro qué es tener empleo, qué es ganarse unos pesos y qué es sobrevivir como buenamente se pueda esperando una oportunidad. El Instituto Nacional de Estadística no, y por ende, el Gobierno tampoco. El dato de desempleo que oficialmente manejan las...

En los hogares familiares tenemos muy claro qué es tener empleo, qué es ganarse unos pesos y qué es sobrevivir como buenamente se pueda esperando una oportunidad. El Instituto Nacional de Estadística no, y por ende, el Gobierno tampoco. El dato de desempleo que oficialmente manejan las instituciones del Estado es del 4,2 por ciento a nivel nacional, un dato que coloca a Bolivia por debajo de la media latinoamericana.

En Tarija, según la Ministra de Planificación, Mariana Prado, el desempleo se sitúa en el 7 por ciento. En sí la cifra supone un descenso luego de la destrucción de empleo que vino aparejada con el enorme agujero financiero que dejó el exgobernador Lino Condori tras haber comprometido decenas de millones de bolivianos en obras – y haber dado las consiguientes órdenes de proceder y adelantos del 20% - sin mayor respaldo financiero que una declaración jurada de disponibilidad, que a su vez se convirtió en papel mojado tan pronto pasó el barril de petróleo de los 110 dólares en septiembre 2014 a los 30 de enero de 2016.
Cuando la economía tarijeña quebró bajo la atenta observación del Gobierno, que no se decidió a intervenir vía fideicomisos hasta finales de 2017, el desempleo se disparó, pero eso no quiere decir que los tarijeños que perdieron su empleo se quedaran panza arriba en sus dormitorios
Tarija había atraído multitud de migración luego de una década de grandes ingresos gasíferos, que se tradujeron en faraónicas construcciones y gastos desmedidos que favorecieron la contratación. Incluso en estas circunstancias de expansión, se ampliaron programas como los del Plan de Empleo Urgente o las Brigadas Barriales. Estas circunstancias, junto a las habituales de frontera, incrementaron el circulante que se tradujo en inflación y también en una proliferación del comercio informal en todo el departamento o la expansión de rubros como el del transporte luego de la mejora de determinadas rutas.

Cuando la economía tarijeña quebró bajo la atenta observación del Gobierno, que no se decidió a intervenir vía fideicomisos hasta finales de 2017, cuando ya era tarde, e incluso azotó el desastre con medidas como la Ley de incentivos del 12% y otros débitos y confiscaciones, el desempleo se disparó, pero eso no quiere decir que los tarijeños que perdieron su empleo se quedaran panza arriba en sus dormitorios. La proliferación de los carritos de comida rápida son el ejemplo más evidente, pero hay centenares de ellos.

En el afán de mostrar músculo, el Gobierno se ha conformado con reflejar el dato del empleo en términos brutos sin entrar a valorar la cualidad de este. Peor papel juega la Central Obrera Boliviana, que ni en tiempos de crecimiento se ha preocupado por las condiciones de temporalidad, estabilidad, etc., sino que ha reducido todo su papel de interlocutor a la demanda del incremento salarial y a implementar medidas que asfixian a los pocos emprendedores formales que, cual románticos, siguen haciendo empresa en este país. Ni unos ni otros se han atrevido a cuestionar siquiera la vergonzosa contratación laboral que se hace desde el sector público: los que debían ser ejemplares utilizan la consultoría por defecto para eludir seguros, prestaciones y fidelidades políticas sin que nadie haga nada para cambiarlo.

El mercado laboral debe flexibilizarse para mejorar sus condiciones y acabar con la informalidad, que al final, no es empleo sino subsistencia y que no permite hacer planes en el mediano plazo. Ahora bien, si de lo que se trata es de alardear y llegar fuerte a la próxima elección, entonces, todo seguramente esté bien.

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