La adenda y el limbo petroquímico
Celebrada por el gobierno y el ministro de Hidrocarburos Luis Sánchez y criticada por analistas y políticos de la oposición, la 4ta Adenda al contrato de compra-venta de gas con Argentina consolida las dudas y temores acerca del futuro de la industria petroquímica en Bolivia. La planta...
Celebrada por el gobierno y el ministro de Hidrocarburos Luis Sánchez y criticada por analistas y políticos de la oposición, la 4ta Adenda al contrato de compra-venta de gas con Argentina consolida las dudas y temores acerca del futuro de la industria petroquímica en Bolivia.
La planta separadora de líquidos de Gran Chaco, que costó cerca de 800 millones de dólares, estaba llamada a ser una de las obras estrella de la historia boliviana y el puntapié inicial para una nueva era -acaso la verdadera “era del platino”- de los hidrocarburos.
Los proyectos petroquímicos del gobierno estuvieron siempre en el ojo de la tormenta, porque la oposición siempre buscó cuestionarlos, por los retrasos y tropiezos incurridos, por la magnitud y complejidad del emprendimiento, y por las dubitaciones y falta de convicción de las propias autoridades nacionales, además de otras cosas difíciles de entender hasta ahora.
Una primera sorpresa fue el anuncio de construir primero la planta separadora de líquidos de Río Grande, que procesa la corriente de gas enviada al Brasil. Esta planta tiene una capacidad de 5,6 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd), la sexta parte de los más de 30 MMmcd que se enviaba a Brasil, por lo que los líquidos siguieron yendo en su mayoría al vecino país.
En cambio, la planta de Gran Chaco, bautizada luego en honor a Carlos Villegas, tiene una capacidad de procesamiento cercana a los 30 MMmcd, pero lo que se enviaba a Argentina en su mejor momento llegó a 23. En el contrato firmado en 2006 se establecía que se debía exportar hasta 27 MMmcd para el año 2026.
Pero según la Unidad de Comunicación del Ministerio de Hidrocarburos, en los últimos cuatro meses cuando se debió tener una nominación de más de 17 MMmcd, se estuvo muy por debajo (octubre 12 MMmcd, noviembre 8,5 MMmcd, diciembre 8,6 MMmcd y enero 6 MMmcd).
La falta de exploración a lo largo de los 13 años de la nacionalización es responsabilidad de las autoridades del sector. La falta de control efectivo sobre toda la cadena de hidrocarburos también. Los retrasos e incongruencias de las plantas separadoras de líquidos, lo mismo.
La adenda, que establece 11 para verano y 18 para invierno, al final de cuentas consolida y prácticamente sella la subutilización de la planta separadora. Y si no se puede extraer suficiente etano y propano por los bajos caudales actuales y futuros, la viabilidad de un eventual complejo petroquímico queda en el aire.
Es cierto que Argentina, le jugó una mala pasada a Bolivia al presionar para reducir las nominaciones y ahorrarse, según sus autoridades, unos 460 millones de dólares.
Sin embargo, echarle la culpa exclusivamente a los de afuera es una costumbre, casi una idiosincrasia de los políticos bolivianos desde siempre, que debe parar. Las responsabilidades mayores están dentro de las fronteras nacionales.
La falta de exploración a lo largo de los 13 años de la nacionalización es responsabilidad de las autoridades del sector. La falta de control efectivo sobre toda la cadena de hidrocarburos también. Los retrasos e incongruencias de las plantas separadoras de líquidos, lo mismo. Y los borrones, reposicionamientos y nuevos borrones sobre las plantas de etileno-polietileno y propileno-polipropileno, que llevan más de 5 años de retraso, igual.
El hombro hay que ponérselo a Bolivia, no a las autoridades que, por los resultados que se ven ahora, parecen no haber creído realmente en el proyecto, en el proceso.
La planta separadora de líquidos de Gran Chaco, que costó cerca de 800 millones de dólares, estaba llamada a ser una de las obras estrella de la historia boliviana y el puntapié inicial para una nueva era -acaso la verdadera “era del platino”- de los hidrocarburos.
Los proyectos petroquímicos del gobierno estuvieron siempre en el ojo de la tormenta, porque la oposición siempre buscó cuestionarlos, por los retrasos y tropiezos incurridos, por la magnitud y complejidad del emprendimiento, y por las dubitaciones y falta de convicción de las propias autoridades nacionales, además de otras cosas difíciles de entender hasta ahora.
Una primera sorpresa fue el anuncio de construir primero la planta separadora de líquidos de Río Grande, que procesa la corriente de gas enviada al Brasil. Esta planta tiene una capacidad de 5,6 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd), la sexta parte de los más de 30 MMmcd que se enviaba a Brasil, por lo que los líquidos siguieron yendo en su mayoría al vecino país.
En cambio, la planta de Gran Chaco, bautizada luego en honor a Carlos Villegas, tiene una capacidad de procesamiento cercana a los 30 MMmcd, pero lo que se enviaba a Argentina en su mejor momento llegó a 23. En el contrato firmado en 2006 se establecía que se debía exportar hasta 27 MMmcd para el año 2026.
Pero según la Unidad de Comunicación del Ministerio de Hidrocarburos, en los últimos cuatro meses cuando se debió tener una nominación de más de 17 MMmcd, se estuvo muy por debajo (octubre 12 MMmcd, noviembre 8,5 MMmcd, diciembre 8,6 MMmcd y enero 6 MMmcd).
La falta de exploración a lo largo de los 13 años de la nacionalización es responsabilidad de las autoridades del sector. La falta de control efectivo sobre toda la cadena de hidrocarburos también. Los retrasos e incongruencias de las plantas separadoras de líquidos, lo mismo.
La adenda, que establece 11 para verano y 18 para invierno, al final de cuentas consolida y prácticamente sella la subutilización de la planta separadora. Y si no se puede extraer suficiente etano y propano por los bajos caudales actuales y futuros, la viabilidad de un eventual complejo petroquímico queda en el aire.
Es cierto que Argentina, le jugó una mala pasada a Bolivia al presionar para reducir las nominaciones y ahorrarse, según sus autoridades, unos 460 millones de dólares.
Sin embargo, echarle la culpa exclusivamente a los de afuera es una costumbre, casi una idiosincrasia de los políticos bolivianos desde siempre, que debe parar. Las responsabilidades mayores están dentro de las fronteras nacionales.
La falta de exploración a lo largo de los 13 años de la nacionalización es responsabilidad de las autoridades del sector. La falta de control efectivo sobre toda la cadena de hidrocarburos también. Los retrasos e incongruencias de las plantas separadoras de líquidos, lo mismo. Y los borrones, reposicionamientos y nuevos borrones sobre las plantas de etileno-polietileno y propileno-polipropileno, que llevan más de 5 años de retraso, igual.
El hombro hay que ponérselo a Bolivia, no a las autoridades que, por los resultados que se ven ahora, parecen no haber creído realmente en el proyecto, en el proceso.
