¿Qué se gana con los misterios del Ministerio y de YPFB?
Informaciones incompletas, contradicciones, silencios, misterios, reuniones internacionales secretas. Esta semana sumó este tipo de episodios y prácticas cuestionables, a las que se han acostumbrado las autoridades del sector hidrocarburos, pero que nadie –ni oficialistas ni opositores,...
Informaciones incompletas, contradicciones, silencios, misterios, reuniones internacionales secretas. Esta semana sumó este tipo de episodios y prácticas cuestionables, a las que se han acostumbrado las autoridades del sector hidrocarburos, pero que nadie –ni oficialistas ni opositores, nadie- debería tolerar.
La falta de transparencia y acceso a la información es un mal que ha ido empeorando en los últimos años. Las resoluciones de Directorio de la empresa, en las cuales se definen los grandes proyectos y licitaciones, así como auditorías de control de gestión, planillas salariales, entre otros, no son de conocimiento público.
No hay información sobre proyectos de gran escala en el sector, contratos y adendas. Solo en 2007 se publicaron los principales contratos petroleros vigentes, pero incluso esa información fue retirada del portal web de YPFB. Y desde 2012 se han estado aprobando otros contratos que no han sido puestos a disposición de la sociedad civil en ningún sitio web de las instituciones oficiales.
Este problema se agudizó el 2015, cuando YPFB retiró de su web la publicación trimestral de información sobre producción, comercialización y pago de regalías e IDH. Todavía quedaba información sobre los volúmenes diarios transportados de gas natural por mercado de destino en el sitio de YPFB Transporte, pero en mayo de 2017 la empresa retiró también esa información.
Pero no solo eso. Las autoridades tampoco brindan información en respuesta a solicitudes físicas, escritas o personales. Ni siquiera a otras autoridades, como representantes de gobernaciones, asambleístas, diputados... Peor aún a los medios de comunicación o a ciudadanos comunes.
Ejemplo de ello es el silencio guardado por el Ministerio de Hidrocarburos y por YPFB cuando desde distintas instancias tarijeñas (gobernación, ALDT, parlamentarios, etc.) y nacionales se les solicitó el estudio de certificación de la canadiense Sproule sobre las reservas de gas. Ese documento, como muchos otros, completo y en detalle, debería ser de acceso público en un portal web para cualquier mortal que quiera informarse.
Otro ejemplo fue la reunión secreta entre YPFB y ejecutivos de la empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA, antes Enarsa, de Argentina), realizada entre el lunes y martes pasado en Santa Cruz. Quien confirmó la existencia de esta reunión fue el embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García, sin especificar nada acerca del contenido ni los acuerdos de dicho encuentro. Las autoridades bolivianas: silencio.
Por supuesto, todo esto ya está pasando factura al gobierno. Ante la falta de resultados (industrialización, exploración, mercados y alternativas, en parálisis), la credibilidad era el último reducto, pero se está perdiendo aceleradamente.
Es posible recuperarla, pero la prioridad parece ser el maquillaje, siempre acorde a la permanente campaña política, y mientras se espera que llegue algún milagro que permita solventar las promesas. Mientras tanto, lo mínimo que se exige es información, acceso y transparencia.
La falta de transparencia y acceso a la información es un mal que ha ido empeorando en los últimos años. Las resoluciones de Directorio de la empresa, en las cuales se definen los grandes proyectos y licitaciones, así como auditorías de control de gestión, planillas salariales, entre otros, no son de conocimiento público.
No hay información sobre proyectos de gran escala en el sector, contratos y adendas. Solo en 2007 se publicaron los principales contratos petroleros vigentes, pero incluso esa información fue retirada del portal web de YPFB. Y desde 2012 se han estado aprobando otros contratos que no han sido puestos a disposición de la sociedad civil en ningún sitio web de las instituciones oficiales.
Este problema se agudizó el 2015, cuando YPFB retiró de su web la publicación trimestral de información sobre producción, comercialización y pago de regalías e IDH. Todavía quedaba información sobre los volúmenes diarios transportados de gas natural por mercado de destino en el sitio de YPFB Transporte, pero en mayo de 2017 la empresa retiró también esa información.
Pero no solo eso. Las autoridades tampoco brindan información en respuesta a solicitudes físicas, escritas o personales. Ni siquiera a otras autoridades, como representantes de gobernaciones, asambleístas, diputados... Peor aún a los medios de comunicación o a ciudadanos comunes.
Ejemplo de ello es el silencio guardado por el Ministerio de Hidrocarburos y por YPFB cuando desde distintas instancias tarijeñas (gobernación, ALDT, parlamentarios, etc.) y nacionales se les solicitó el estudio de certificación de la canadiense Sproule sobre las reservas de gas. Ese documento, como muchos otros, completo y en detalle, debería ser de acceso público en un portal web para cualquier mortal que quiera informarse.
Otro ejemplo fue la reunión secreta entre YPFB y ejecutivos de la empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA, antes Enarsa, de Argentina), realizada entre el lunes y martes pasado en Santa Cruz. Quien confirmó la existencia de esta reunión fue el embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García, sin especificar nada acerca del contenido ni los acuerdos de dicho encuentro. Las autoridades bolivianas: silencio.
Por supuesto, todo esto ya está pasando factura al gobierno. Ante la falta de resultados (industrialización, exploración, mercados y alternativas, en parálisis), la credibilidad era el último reducto, pero se está perdiendo aceleradamente.
Es posible recuperarla, pero la prioridad parece ser el maquillaje, siempre acorde a la permanente campaña política, y mientras se espera que llegue algún milagro que permita solventar las promesas. Mientras tanto, lo mínimo que se exige es información, acceso y transparencia.
