Vender gas con soberanía
La Argentina ha iniciado un proceso cuasi mafioso contra los intereses nacionales de Bolivia. El Ministerio de Hidrocarburos es evidentemente responsable de haber dejado al país en una posición de debilidad frente a una eventual negociación, que dadas las urgencias económicas en la Argentina...
La Argentina ha iniciado un proceso cuasi mafioso contra los intereses nacionales de Bolivia. El Ministerio de Hidrocarburos es evidentemente responsable de haber dejado al país en una posición de debilidad frente a una eventual negociación, que dadas las urgencias económicas en la Argentina intervenida por el Fondo Monetario Internacional, se ha convertido en inminente. Eso no quita que el ministro Javier Iguacel – ahora secretario de Energía dentro del Ministerio de Hacienda luego del último maquillaje de Macri a su gabinete para simular la austeridad que exige el Fondo y aplica a sus ciudadanos – esté actuando como una suerte de sicario, amenazando día sí y día también con romper un contrato que, en su momento, fue más importante para Argentina que para Bolivia.
La semana pasada Iguacel atravesaba momentos complicados en su popularidad luego de haber empujado una suba de tarifas en el gas, quemando al propio presidente Mauricio Macri en su defensa, y que acabó siendo derrotada. En esas se refugió en un medio especializado de la cuenca neuquina y empezó a desgranar las bondades de los proyectos en Vaca Muerta, todos ellos de gas no convencional, extraído mediante fracking y de consecuencias medioambientales todavía incalculables. La necesidad de ejemplificar y el poso racista que sostiene al Gobierno de Macri llevó al simpar ministro-secretario a disparar contra Bolivia, asegurando que en dos años no se requerirá más gas de nuestro país, lo que sin duda despertó aplausos en medios como Clarín. Crecido, Iguacel aseguró que el Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia ya se había sentado a negociar una reducción de volúmenes de gas en el contrato vigente porque no estaría siendo capaz de cumplir con lo establecido.
El Ministro boliviano se tomó su tiempo para responder; un día entero concretamente; y sobre todo para medir el tono que pensaba emplear. Le salió relativamente bien si no fuera por los antecedentes de escasa credibilidad que acarrea – desde los 1.000 TCF al “ya no va más la exploración en Tariquía” -. Sánchez fue firme en recordar que el contrato está vigente hasta 2026, donde se deben alcanzar los 27 millones de metros cúbicos diarios, y que por lo tanto, hay que cumplirlo, y fue firme en señalar que solo se accederá a una modificación del contrato en el caso de que sea ventajoso para Bolivia, y también negó que no se estuvieran cumpliendo con las nominaciones de Enarsa, si bien los datos ofrecidos en la página web van retrasados desde el mes de julio.
Argentina puede no querer más gas boliviano y puede querer pagar menos, pero retener facturas impagas desde mayo es gravoso para una relación económica que cada día suma más connotaciones políticas y que se irá a acrecentando hacia 2019, fecha en la que ambos gobiernos irán a elecciones.
Los contratos hay que cumplirlos y Bolivia debe hacerse respetar en ese contexto, pero no hay duda de que la mejor forma de forjarse el respeto es evitando cualquier tipo de dependencia. Con el contrato con Brasil finalizando y sin haber forjado una alternativa para la venta, y con los proyectos de industrialización muy retrasados sobre el calendario previsto, Bolivia es presa del chantaje de un gobierno que ya no es amigo. Más allá de declaraciones contundentes y juegos de trilero, convirtiendo reservas y reciclando proyectos, lo que urge es que el Ministerio tome en serio la amenaza y trabaje por garantizar la soberanía nacional en esta materia.
La semana pasada Iguacel atravesaba momentos complicados en su popularidad luego de haber empujado una suba de tarifas en el gas, quemando al propio presidente Mauricio Macri en su defensa, y que acabó siendo derrotada. En esas se refugió en un medio especializado de la cuenca neuquina y empezó a desgranar las bondades de los proyectos en Vaca Muerta, todos ellos de gas no convencional, extraído mediante fracking y de consecuencias medioambientales todavía incalculables. La necesidad de ejemplificar y el poso racista que sostiene al Gobierno de Macri llevó al simpar ministro-secretario a disparar contra Bolivia, asegurando que en dos años no se requerirá más gas de nuestro país, lo que sin duda despertó aplausos en medios como Clarín. Crecido, Iguacel aseguró que el Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia ya se había sentado a negociar una reducción de volúmenes de gas en el contrato vigente porque no estaría siendo capaz de cumplir con lo establecido.
El Ministro boliviano se tomó su tiempo para responder; un día entero concretamente; y sobre todo para medir el tono que pensaba emplear. Le salió relativamente bien si no fuera por los antecedentes de escasa credibilidad que acarrea – desde los 1.000 TCF al “ya no va más la exploración en Tariquía” -. Sánchez fue firme en recordar que el contrato está vigente hasta 2026, donde se deben alcanzar los 27 millones de metros cúbicos diarios, y que por lo tanto, hay que cumplirlo, y fue firme en señalar que solo se accederá a una modificación del contrato en el caso de que sea ventajoso para Bolivia, y también negó que no se estuvieran cumpliendo con las nominaciones de Enarsa, si bien los datos ofrecidos en la página web van retrasados desde el mes de julio.
Argentina puede no querer más gas boliviano y puede querer pagar menos, pero retener facturas impagas desde mayo es gravoso para una relación económica que cada día suma más connotaciones políticas y que se irá a acrecentando hacia 2019, fecha en la que ambos gobiernos irán a elecciones.
Los contratos hay que cumplirlos y Bolivia debe hacerse respetar en ese contexto, pero no hay duda de que la mejor forma de forjarse el respeto es evitando cualquier tipo de dependencia. Con el contrato con Brasil finalizando y sin haber forjado una alternativa para la venta, y con los proyectos de industrialización muy retrasados sobre el calendario previsto, Bolivia es presa del chantaje de un gobierno que ya no es amigo. Más allá de declaraciones contundentes y juegos de trilero, convirtiendo reservas y reciclando proyectos, lo que urge es que el Ministerio tome en serio la amenaza y trabaje por garantizar la soberanía nacional en esta materia.
