Una nueva mirada a la petroquímica
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Yacuiba ha decidido darle una segunda oportunidad a la planta petroquímica del Gran Chaco. Después de años de frialdad y escepticismo sobre las posibilidades reales que planteaba la planta para la región autónoma del Chaco, los industriales...
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Yacuiba ha decidido darle una segunda oportunidad a la planta petroquímica del Gran Chaco. Después de años de frialdad y escepticismo sobre las posibilidades reales que planteaba la planta para la región autónoma del Chaco, los industriales parece que al fin han visto la posibilidad de encontrar un filo de negocio en el mimo.
La escasa apropiación del proyecto por parte del “socio local” o receptor primero del proyecto de industrialización se debe, principalmente, al papel desarrollado por el Ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez, que durante su gestión, iniciada en 2015, le ha quitado cualquier prioridad a la misma. Más al contrario, ha cancelado los pocos avances logrados y reiniciado el proceso de contratación. Sánchez, que en su momento respaldó la licitación por parte de YPFB y socapó la sucesión de contratos que se han entregado a la italiana Tecnimont, dijo basta cuando la resolución del proceso recomendaba contratar de nuevo a Tecnimont, en alianza con Técnicas Reunidas, para construir el complejo que ellos mismos habían considerado viable y habían recomendado la tecnología a escoger. La cancelación del proceso quedó tapado por el escándalo previo que descabezó YPFB al acusar al presidente, Guillermo Achá, de haber favorecido a otra empresa, curiosamente también italiana, en la adjudicación de los taladros.
Como sea, Sánchez salvó el escándalo, pero si hubiera actuado antes hubiera ahorrado unos cinco años de demora. La hoja de ruta post nacionalización preveía la puesta en marcha del proyecto en 2018, con Sánchez no llegará hasta 2023, con suerte, pues recién se van a licitar los estudios complementarios para precisar lo que quien sabe hizo Tecnimont en la definición del proyecto.
Por esa extraña forma de Sánchez de comunicar las cosas, sigue incurriendo en contradicciones al respecto y en lugar de presentarse como el “salvador de la planta”, ha alimentado las dudas sobre si la postergación tiene que ver con la ausencia de reservas de gas y apuntalado el discurso de “exportar o morir” contra el que se cimentó el proyecto de Morales y que , sin embargo, ha vuelto a la rabiosa actualidad en los últimos años.
El Ministro Sánchez debería empezar a dar certezas sobre la viabilidad del proyecto, pues aunque el 2023 se ve en un horizonte muy lejano, cualquier emprendimiento empresarial requiere de unos pasos precisos que, en este país, son inmensamente burocráticos. Certificar las reservas e iniciar la obra serían lo mínimo para llegar a buenos resultados.
La planta petroquímica en el Gran Chaco, como palanca para un polo industrial del plástico que el Vicepresidente Álvaro García Linera comprometió en su discurso de la sesión de honor del 15 de abril implicará un cambio de mentalidad irreversible. Pasar de vivir de las regalías a vivir de los dividendos, de que la industria genere empleos, mueva la economía local, pague impuestos y acapare los perfiles profesionales requeridos a las Universidades.
El primer paso lo debe dar el Gobierno. Hay fórmulas para lograr entusiasmar más a los socios locales, como abrir parte del accionariado e impulsar otras obras civiles complementarias, sin embargo, lo necesario actualmente, es que el proyecto vuelva a ser una prioridad.
La escasa apropiación del proyecto por parte del “socio local” o receptor primero del proyecto de industrialización se debe, principalmente, al papel desarrollado por el Ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez, que durante su gestión, iniciada en 2015, le ha quitado cualquier prioridad a la misma. Más al contrario, ha cancelado los pocos avances logrados y reiniciado el proceso de contratación. Sánchez, que en su momento respaldó la licitación por parte de YPFB y socapó la sucesión de contratos que se han entregado a la italiana Tecnimont, dijo basta cuando la resolución del proceso recomendaba contratar de nuevo a Tecnimont, en alianza con Técnicas Reunidas, para construir el complejo que ellos mismos habían considerado viable y habían recomendado la tecnología a escoger. La cancelación del proceso quedó tapado por el escándalo previo que descabezó YPFB al acusar al presidente, Guillermo Achá, de haber favorecido a otra empresa, curiosamente también italiana, en la adjudicación de los taladros.
Como sea, Sánchez salvó el escándalo, pero si hubiera actuado antes hubiera ahorrado unos cinco años de demora. La hoja de ruta post nacionalización preveía la puesta en marcha del proyecto en 2018, con Sánchez no llegará hasta 2023, con suerte, pues recién se van a licitar los estudios complementarios para precisar lo que quien sabe hizo Tecnimont en la definición del proyecto.
Por esa extraña forma de Sánchez de comunicar las cosas, sigue incurriendo en contradicciones al respecto y en lugar de presentarse como el “salvador de la planta”, ha alimentado las dudas sobre si la postergación tiene que ver con la ausencia de reservas de gas y apuntalado el discurso de “exportar o morir” contra el que se cimentó el proyecto de Morales y que , sin embargo, ha vuelto a la rabiosa actualidad en los últimos años.
El Ministro Sánchez debería empezar a dar certezas sobre la viabilidad del proyecto, pues aunque el 2023 se ve en un horizonte muy lejano, cualquier emprendimiento empresarial requiere de unos pasos precisos que, en este país, son inmensamente burocráticos. Certificar las reservas e iniciar la obra serían lo mínimo para llegar a buenos resultados.
La planta petroquímica en el Gran Chaco, como palanca para un polo industrial del plástico que el Vicepresidente Álvaro García Linera comprometió en su discurso de la sesión de honor del 15 de abril implicará un cambio de mentalidad irreversible. Pasar de vivir de las regalías a vivir de los dividendos, de que la industria genere empleos, mueva la economía local, pague impuestos y acapare los perfiles profesionales requeridos a las Universidades.
El primer paso lo debe dar el Gobierno. Hay fórmulas para lograr entusiasmar más a los socios locales, como abrir parte del accionariado e impulsar otras obras civiles complementarias, sin embargo, lo necesario actualmente, es que el proyecto vuelva a ser una prioridad.
