Hoy se marcha contra los transgénicos y agrotóxicos
Hoy se lleva a cabo, una nueva edición de la Marcha contra Bayer-Monsanto, que desde el año 2013 genera movilizaciones en más de 400 ciudades de 40 países. Se prevé que sean millones los ciudadanos movilizados contra la gigante alianza industrial dedicada a la venta de semillas...
Hoy se lleva a cabo, una nueva edición de la Marcha contra Bayer-Monsanto, que desde el año 2013 genera movilizaciones en más de 400 ciudades de 40 países.
Se prevé que sean millones los ciudadanos movilizados contra la gigante alianza industrial dedicada a la venta de semillas transgénicas y agroquímicos.
El agro-negocio es un paquete: primero venden las semillas a los productores prometiéndoles mayores rendimientos (aspecto que se ha demostrado como falso) y resistencia a plagas; luego venden los pesticidas y agroquímicos como el peligroso Glifosato.
Datos de diversos centros de investigación en Bolivia muestran que la cantidad de semillas transgénicas importadas prácticamente se ha duplicado desde 2010.
Igualmente, la soya transgénica ha desplazado totalmente a la convencional, pasando de ser el 21% el año 2005, a 65% en 2006, y a prácticamente el 100% desde el año 2013.
Más preocupante aún es la creciente presencia del maíz transgénico, ya que éste cultivo amenaza la existencia de las 77 variedades de maíz nativo, debido a la mezcla genética, algo que ya ha ocurrido en México. Datos de CEDIB y PROBIOMA advierten que de las 90 mil hectáreas sembradas de maíz, 30 mil ya son transgénicas.
En 2017, investigador del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), junto a PROBIOMA, realizó un estudio a muestras de semilla y granos de maíz recolectados en centros de comercialización mayorista y en casas comercializadoras de semilla de los municipios de Villa Montes, Yacuiba, Camiri y de Charagua Iyambae, confirmando la existencia de cultivos de maíz transgénico en los campos agrícolas.
La prolongada sequía entre 2015 y 2016, que afectó la producción agropecuaria en diferentes regiones del país, sirvió de excusa para que el gobierno nacional emita una serie de decretos supremos para permitir la importación de variedades transgénicas. Tal es el caso del Decreto Supremo 2857, que precisamente facilita la importación de maíz transgénico desde Argentina.
Y no sólo que se importa, se contrabandea y se produce maíz y otros cultivos transgénicos en Bolivia. Sino que incluso semillas transgénicas han sido distribuidas por la propia Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), del gobierno nacional.
La situación y el accionar del Estado boliviano están en franca violación de la Constitución Política del Estado (CPE), y de varias leyes nacionales. Por ejemplo, vulnera el Art. 255 Inc. 8 de la CPE: “prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”.
También viola la Ley 300 de la Madre Tierra, el Protocolo de Cartagena, la Ley 622 de Alimentación Escolar, la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra, la Ley 144 de Revolución Productiva, la Ley 2452 y 2735 de etiquetado de OGM en Bolivia, entre otras.
La excusa más utilizada por los promotores de estas políticas pro-transgénicos ha sido el de la seguridad y soberanía alimentaria. Nada más equivocado: entre 2010 y 2014, por ejemplo, se incrementó la importación de alimentos en 316.736 toneladas. Años que coinciden con el aumento de la producción transgénica y de la introducción de estas variedades para otros cultivos además de la soya.
Todo esto sin mencionar el exponencial incremento de importación de agrotóxicos asociados a los transgénicos, que, sin contar con el contrabando, pasaron de 72 millones de kg. en 2006 a 117 millones de kg. en 2016. Un tema que da para otra discusión.
Es probable que en Bolivia las marchas no sean muy nutridas, pero es de notar el aumento de concientización de la ciudadanía en la mayor parte de las ciudades.
Sería bien que las autoridades nacionales aprovechen para abrirse al debate con expertos, activistas y productores diversos, y dejen de decidir el futuro de la agricultura boliviana dentro de cuatro paredes rodeados casi exclusivamente de la poderosa agroindustria oriental.
Se prevé que sean millones los ciudadanos movilizados contra la gigante alianza industrial dedicada a la venta de semillas transgénicas y agroquímicos.
El agro-negocio es un paquete: primero venden las semillas a los productores prometiéndoles mayores rendimientos (aspecto que se ha demostrado como falso) y resistencia a plagas; luego venden los pesticidas y agroquímicos como el peligroso Glifosato.
Datos de diversos centros de investigación en Bolivia muestran que la cantidad de semillas transgénicas importadas prácticamente se ha duplicado desde 2010.
Igualmente, la soya transgénica ha desplazado totalmente a la convencional, pasando de ser el 21% el año 2005, a 65% en 2006, y a prácticamente el 100% desde el año 2013.
Más preocupante aún es la creciente presencia del maíz transgénico, ya que éste cultivo amenaza la existencia de las 77 variedades de maíz nativo, debido a la mezcla genética, algo que ya ha ocurrido en México. Datos de CEDIB y PROBIOMA advierten que de las 90 mil hectáreas sembradas de maíz, 30 mil ya son transgénicas.
En 2017, investigador del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), junto a PROBIOMA, realizó un estudio a muestras de semilla y granos de maíz recolectados en centros de comercialización mayorista y en casas comercializadoras de semilla de los municipios de Villa Montes, Yacuiba, Camiri y de Charagua Iyambae, confirmando la existencia de cultivos de maíz transgénico en los campos agrícolas.
La prolongada sequía entre 2015 y 2016, que afectó la producción agropecuaria en diferentes regiones del país, sirvió de excusa para que el gobierno nacional emita una serie de decretos supremos para permitir la importación de variedades transgénicas. Tal es el caso del Decreto Supremo 2857, que precisamente facilita la importación de maíz transgénico desde Argentina.
Y no sólo que se importa, se contrabandea y se produce maíz y otros cultivos transgénicos en Bolivia. Sino que incluso semillas transgénicas han sido distribuidas por la propia Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), del gobierno nacional.
La situación y el accionar del Estado boliviano están en franca violación de la Constitución Política del Estado (CPE), y de varias leyes nacionales. Por ejemplo, vulnera el Art. 255 Inc. 8 de la CPE: “prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”.
También viola la Ley 300 de la Madre Tierra, el Protocolo de Cartagena, la Ley 622 de Alimentación Escolar, la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra, la Ley 144 de Revolución Productiva, la Ley 2452 y 2735 de etiquetado de OGM en Bolivia, entre otras.
La excusa más utilizada por los promotores de estas políticas pro-transgénicos ha sido el de la seguridad y soberanía alimentaria. Nada más equivocado: entre 2010 y 2014, por ejemplo, se incrementó la importación de alimentos en 316.736 toneladas. Años que coinciden con el aumento de la producción transgénica y de la introducción de estas variedades para otros cultivos además de la soya.
Todo esto sin mencionar el exponencial incremento de importación de agrotóxicos asociados a los transgénicos, que, sin contar con el contrabando, pasaron de 72 millones de kg. en 2006 a 117 millones de kg. en 2016. Un tema que da para otra discusión.
Es probable que en Bolivia las marchas no sean muy nutridas, pero es de notar el aumento de concientización de la ciudadanía en la mayor parte de las ciudades.
Sería bien que las autoridades nacionales aprovechen para abrirse al debate con expertos, activistas y productores diversos, y dejen de decidir el futuro de la agricultura boliviana dentro de cuatro paredes rodeados casi exclusivamente de la poderosa agroindustria oriental.
