Los rumbos del 1 de mayo
Sin sorpresas de última hora se fue un 1 de mayo que ha dejado más incertidumbres que certezas en el futuro a corto plazo y una sensación de dudas e improvisación en el Gobierno que no contribuye a generar un escenario de certeza válido para la inversión y generación de empleo de calidad,...
Sin sorpresas de última hora se fue un 1 de mayo que ha dejado más incertidumbres que certezas en el futuro a corto plazo y una sensación de dudas e improvisación en el Gobierno que no contribuye a generar un escenario de certeza válido para la inversión y generación de empleo de calidad, sino todo lo contrario.
En el pasado, el ex ministro Luis Arce Catacora tenía un modelo claro que manejaba con decisión para imponer su criterio. No dudaba. Incluso en los años en que Bolivia se contraía, Arce Catacora seguía apostando por la expansión anticíclica. El resultado es conocido: destrucción de competitividad de la pequeña y mediana empresa e incremento de la informalidad entre otros aspectos que afectan a la estabilidad laboral y que el ex Ministro nunca reconoció.
La sensación de la negociación de este 2018, luego de que el Gobierno anunciara un viraje de 180 grados y aceptara las recomendaciones del FMI respecto a la moderación salarial y finalmente sucumbiera ante el pedido de la Central Obrera y subiera la oferta del 3,5 al 5,5, es que hay divergencias no solo en el análisis de la situación actual de Bolivia y su estructura económica, sino, sobre todo, en el rumbo que debe de tomar.
Lo que sí se ha consolidado en este 1 de mayo es el cambio de rumbo respecto al salario mínimo, un cambio de rumbo que ha pasado casi desapercibido y que ha sido sacrificado por los propios jerarcas de la Central Obrera, que obviamente ninguno de sus salarios se acerca a esa cifra, para lograr incremento mayor a su propia planilla.
La decisión primero de congelarlo y luego elevarlo por debajo del básico agranda la brecha entre unos y otros y es claramente una decisión que no contribuye a la equidad ni a la disminución de las brechas sociales, sino todo lo contrario. Exactamente lo mismo que se logró con los dobles aguinaldos unilaterales y para todos.
Congelando el salario mínimo deja a mitad camino una política que parecía iba a dignificar los salarios en Bolivia, que siguen estando a la cola del continente, pero que lo que ha logrado es igualar los salarios por abajo perjudicando sobre todo al sector profesional mejor cualificado. Si hace diez años ningún profesional aceptaba trabajar por un salario mínimo y pocas empresas se atrevían a ofrecerlo, actualmente es el salario más común ofrecido apelando a la prudencia ante la imprevisibilidad y poca consistencia de las decisiones del Gobierno de Evo Morales.
El efecto en los salarios de los doce años del Gobierno de Evo Morales, bajo la ilusión de prosperidad y al tiempo en que se “optimizaban” datos elementales como la inflación y se disparaba la especulación urbanística entre otras cosas, las familias bolivianas, sobre todo los más jóvenes, han ido sacrificando sus proyectos de vida autónomos a merced de la precarización.
En esos efectos ilusorios, la Ley de Empresas Sociales, protagonista también estos días y causa del desveló de docenas de empresarios de este país, sometidos a la voluntad y burocracia estatal, viene a ahondar en esa figura clientelar que tanto ha potenciado el gabinete de Evo Morales y Álvaro García Linera. Viene también a ahondar en el nuevo sujeto de la política que García Linera ha teorizado y que se está convirtiendo en el paradigma de esta “revolución”. Finalmente el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha optado por seducir al pequeño burgués y al tecnócrata acomodado en la estructura estatal. La utopía del nuevo socialismo es el obrero empresario, voraz, fraudulento y a su vez, en tanto debilitado, a merced de la voluntad gubernamental y el concepto de capitalismo de Estado entre grandes corporaciones e intereses crediticios patrocinado por Álvaro García Linera.
Y quizá, de todo, lo más preocupante siga siendo comprobar la absoluta subordinación de la Central Obrera Boliviana a la voluntad del Gobierno, embaucados con espejitos en forma de hoteles, vehículos y otros enseres muy personales. El tiempo pasa y los obreros han sacrificado un escenario favorable para cambiar la estructura y favorecer la equidad a cambio de un incremento gradual, a veces desproporcionado, que no ha logrado solucionar ninguno de los problemas del sector en Bolivia.
En el pasado, el ex ministro Luis Arce Catacora tenía un modelo claro que manejaba con decisión para imponer su criterio. No dudaba. Incluso en los años en que Bolivia se contraía, Arce Catacora seguía apostando por la expansión anticíclica. El resultado es conocido: destrucción de competitividad de la pequeña y mediana empresa e incremento de la informalidad entre otros aspectos que afectan a la estabilidad laboral y que el ex Ministro nunca reconoció.
La sensación de la negociación de este 2018, luego de que el Gobierno anunciara un viraje de 180 grados y aceptara las recomendaciones del FMI respecto a la moderación salarial y finalmente sucumbiera ante el pedido de la Central Obrera y subiera la oferta del 3,5 al 5,5, es que hay divergencias no solo en el análisis de la situación actual de Bolivia y su estructura económica, sino, sobre todo, en el rumbo que debe de tomar.
Lo que sí se ha consolidado en este 1 de mayo es el cambio de rumbo respecto al salario mínimo, un cambio de rumbo que ha pasado casi desapercibido y que ha sido sacrificado por los propios jerarcas de la Central Obrera, que obviamente ninguno de sus salarios se acerca a esa cifra, para lograr incremento mayor a su propia planilla.
La decisión primero de congelarlo y luego elevarlo por debajo del básico agranda la brecha entre unos y otros y es claramente una decisión que no contribuye a la equidad ni a la disminución de las brechas sociales, sino todo lo contrario. Exactamente lo mismo que se logró con los dobles aguinaldos unilaterales y para todos.
Congelando el salario mínimo deja a mitad camino una política que parecía iba a dignificar los salarios en Bolivia, que siguen estando a la cola del continente, pero que lo que ha logrado es igualar los salarios por abajo perjudicando sobre todo al sector profesional mejor cualificado. Si hace diez años ningún profesional aceptaba trabajar por un salario mínimo y pocas empresas se atrevían a ofrecerlo, actualmente es el salario más común ofrecido apelando a la prudencia ante la imprevisibilidad y poca consistencia de las decisiones del Gobierno de Evo Morales.
El efecto en los salarios de los doce años del Gobierno de Evo Morales, bajo la ilusión de prosperidad y al tiempo en que se “optimizaban” datos elementales como la inflación y se disparaba la especulación urbanística entre otras cosas, las familias bolivianas, sobre todo los más jóvenes, han ido sacrificando sus proyectos de vida autónomos a merced de la precarización.
En esos efectos ilusorios, la Ley de Empresas Sociales, protagonista también estos días y causa del desveló de docenas de empresarios de este país, sometidos a la voluntad y burocracia estatal, viene a ahondar en esa figura clientelar que tanto ha potenciado el gabinete de Evo Morales y Álvaro García Linera. Viene también a ahondar en el nuevo sujeto de la política que García Linera ha teorizado y que se está convirtiendo en el paradigma de esta “revolución”. Finalmente el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha optado por seducir al pequeño burgués y al tecnócrata acomodado en la estructura estatal. La utopía del nuevo socialismo es el obrero empresario, voraz, fraudulento y a su vez, en tanto debilitado, a merced de la voluntad gubernamental y el concepto de capitalismo de Estado entre grandes corporaciones e intereses crediticios patrocinado por Álvaro García Linera.
Y quizá, de todo, lo más preocupante siga siendo comprobar la absoluta subordinación de la Central Obrera Boliviana a la voluntad del Gobierno, embaucados con espejitos en forma de hoteles, vehículos y otros enseres muy personales. El tiempo pasa y los obreros han sacrificado un escenario favorable para cambiar la estructura y favorecer la equidad a cambio de un incremento gradual, a veces desproporcionado, que no ha logrado solucionar ninguno de los problemas del sector en Bolivia.
