Las cárceles, una acumulación de personas
“Hay corrupción en las 52 cárceles de Bolivia”, fue el dato revelado por Régimen Penitenciario en el año 2013. Y es que el objetivo de los penales en nuestro país no se cumple. La misión de estos lugares va más allá del castigo. Vivir en las cárceles de Bolivia es sufrir las...
OPINIÓN
“Hay corrupción en las 52 cárceles de Bolivia”, fue el dato revelado por Régimen Penitenciario en el año 2013. Y es que el objetivo de los penales en nuestro país no se cumple. La misión de estos lugares va más allá del castigo.
Vivir en las cárceles de Bolivia es sufrir las mismas o peores condiciones de las personas sin recursos que están fuera del encierro, es decir la cárcel expresa y refleja a la sociedad.
La justificación rehabilitadora construida alrededor del régimen penitenciario en general, aunque resulte falsa en los hechos, no es nada más que eso, un discurso justificador y una fuente de trabajo para un número creciente y abultado de funcionarios, con infraestructura insuficiente, hacinamiento insoportable, escasez, estrechez y aumento de la miseria del privado de libertad, además de sufrimiento intenso para la familia, conculcación de las oportunidades de mejorar sus condiciones y muchas veces contagio de enfermedades y caída en peores redes de corrupción.
De ahí el permanente reclamo de la población penal que denuncia el encierro como mayor castigo y el pretendido control como abuso y sometimiento.
Todo esto hace que los privados de libertad se vean obstaculizados en su rehabilitación. Sería un grave error llegar a pensar que la solución del problema de pobreza está en aumentar la voluntad de la asistencia, la beneficencia y el subsidio.
El problema debe plantearse en términos de educación y organización social. Sin una organización para el trabajo, sin una modernización de sus actividades, sin un cambio de mentalidad será difícil reducir la pobreza y falta de oportunidades en las cárceles de Bolivia.
El presidente Evo Morales anunció en los últimos días un Decreto Supremo para dar indulto y amnistía para los privados de libertad en Bolivia, luego de haber estudiado los casos junto con la Defensoría del Pueblo.
La norma beneficiará a unos 2.735 reos con sentencia o detención preventiva, lo que representa cerca del 15% de la población carcelaria en el país. A noviembre de 2017 existían 17.946 presos en toda Bolivia (5.409 con sentencia y 12.537 con detención preventiva).
Los detenidos preventivos o con medidas sustitutivas podrán acceder a la amnistía, los detenidos con sentencia ejecutoriada podrán acceder al indulto parcial o total. La amnistía procede en los siguientes casos: Procesados cuya pena sea igual o menor a cinco años. Procesados cuya pena sea igual a ocho años y se haya afianzado suficientemente o haya acuerdo con la víctima.
Persona con grado de discapacidad debidamente certificada. Personas con enfermedad terminal debidamente certificada. Embarazadas con 20 semanas o más de gestación hasta la publicación del Decreto Supremo. Mujeres que tengan bajo su custodia niños de seis años o menos y personas mayores de 65 años.
Si bien la detención preventiva sin sentencia ejecutoriada es un problema en los penales, ¿será que esta medida es suficiente para mejorar las condiciones de vida de los reos? ¿Será posible que los beneficiarios de esto no vuelvan a delinquir?
El problema es más complejo. Los privados de libertad tienen dificultades de encontrar trabajo cuando salen de las cárceles, particularmente bajo la estigmatización de ex¬presidiarios e incluso en aquellos casos que lograron algún nivel de capacitación en oficios varios en su estadía dentro de algún penal..
Otro factor importante en el crecimiento de las actividades de reincidencia delincuencial, está marcado por factores psicológico social que rodearon el crecimiento del potencial agresor de las leyes.
La única forma de refugio solidario es el construido por ellos mismos en el pandillerismo, la trasgresión de las normas de organización social y delincuencia.
Muchos de los privados de libertad son reincidentes permanentes dentro del sistema penitenciario y aunque las leyes hablan de recintos adecuados para la rehabilitación esto no existen en nuestro país, convirtiéndose las cárceles en un lugar de acumulación de personas.
Es en esto en lo que debe pensar el Gobierno, pues el modificar las políticas estatales no hace mucho para los privados de libertad, ellos están desamparados sin visión ni perspectiva en su vida. Es urgente volcar nuestro trabajo para que encuentren un buen camino y puedan unirse los esfuerzos para una rehabilitación sincera.
Vivir en las cárceles de Bolivia es sufrir las mismas o peores condiciones de las personas sin recursos que están fuera del encierro, es decir la cárcel expresa y refleja a la sociedad.
La justificación rehabilitadora construida alrededor del régimen penitenciario en general, aunque resulte falsa en los hechos, no es nada más que eso, un discurso justificador y una fuente de trabajo para un número creciente y abultado de funcionarios, con infraestructura insuficiente, hacinamiento insoportable, escasez, estrechez y aumento de la miseria del privado de libertad, además de sufrimiento intenso para la familia, conculcación de las oportunidades de mejorar sus condiciones y muchas veces contagio de enfermedades y caída en peores redes de corrupción.
De ahí el permanente reclamo de la población penal que denuncia el encierro como mayor castigo y el pretendido control como abuso y sometimiento.
Todo esto hace que los privados de libertad se vean obstaculizados en su rehabilitación. Sería un grave error llegar a pensar que la solución del problema de pobreza está en aumentar la voluntad de la asistencia, la beneficencia y el subsidio.
El problema debe plantearse en términos de educación y organización social. Sin una organización para el trabajo, sin una modernización de sus actividades, sin un cambio de mentalidad será difícil reducir la pobreza y falta de oportunidades en las cárceles de Bolivia.
El presidente Evo Morales anunció en los últimos días un Decreto Supremo para dar indulto y amnistía para los privados de libertad en Bolivia, luego de haber estudiado los casos junto con la Defensoría del Pueblo.
La norma beneficiará a unos 2.735 reos con sentencia o detención preventiva, lo que representa cerca del 15% de la población carcelaria en el país. A noviembre de 2017 existían 17.946 presos en toda Bolivia (5.409 con sentencia y 12.537 con detención preventiva).
Los detenidos preventivos o con medidas sustitutivas podrán acceder a la amnistía, los detenidos con sentencia ejecutoriada podrán acceder al indulto parcial o total. La amnistía procede en los siguientes casos: Procesados cuya pena sea igual o menor a cinco años. Procesados cuya pena sea igual a ocho años y se haya afianzado suficientemente o haya acuerdo con la víctima.
Persona con grado de discapacidad debidamente certificada. Personas con enfermedad terminal debidamente certificada. Embarazadas con 20 semanas o más de gestación hasta la publicación del Decreto Supremo. Mujeres que tengan bajo su custodia niños de seis años o menos y personas mayores de 65 años.
Si bien la detención preventiva sin sentencia ejecutoriada es un problema en los penales, ¿será que esta medida es suficiente para mejorar las condiciones de vida de los reos? ¿Será posible que los beneficiarios de esto no vuelvan a delinquir?
El problema es más complejo. Los privados de libertad tienen dificultades de encontrar trabajo cuando salen de las cárceles, particularmente bajo la estigmatización de ex¬presidiarios e incluso en aquellos casos que lograron algún nivel de capacitación en oficios varios en su estadía dentro de algún penal..
Otro factor importante en el crecimiento de las actividades de reincidencia delincuencial, está marcado por factores psicológico social que rodearon el crecimiento del potencial agresor de las leyes.
La única forma de refugio solidario es el construido por ellos mismos en el pandillerismo, la trasgresión de las normas de organización social y delincuencia.
Muchos de los privados de libertad son reincidentes permanentes dentro del sistema penitenciario y aunque las leyes hablan de recintos adecuados para la rehabilitación esto no existen en nuestro país, convirtiéndose las cárceles en un lugar de acumulación de personas.
Es en esto en lo que debe pensar el Gobierno, pues el modificar las políticas estatales no hace mucho para los privados de libertad, ellos están desamparados sin visión ni perspectiva en su vida. Es urgente volcar nuestro trabajo para que encuentren un buen camino y puedan unirse los esfuerzos para una rehabilitación sincera.
