¿El retorno del Estado de bienestar?

A medida que pasan las semanas, las consecuencias de la pandemia se hacen cada vez más visibles. En el caso de la economía las perspectivas son preocupantes: caída del Producto Interno Bruto (PIB), desempleo, endeudamiento, quiebra de empresas, etc.

Un indicador que sintetiza el alcance de este impacto es el incremento de la pobreza.

En un reciente informe de la CEPAL, titulado “El desafío social en tiempos del Covid-19”, se estima que en América Latina la pobreza podría aumentar en 5,5% el año 2020, mientras que la pobreza extrema podría hacerlo en 3,2 puntos porcentuales. En el peor escenario, la pobreza en Bolivia aumentaría en 3,2%, mientras que la pobreza extrema podría aumentar en 4,4%.

En este contexto, los Estados han comenzado a implementar diversas políticas fiscales para contener el desborde de la pandemia y el deterioro en las condiciones de vida como consecuencia de la cuarentena. En 22 países de la región, la CEPAL estima que el gasto previsto durante tres meses por concepto de transferencias monetarias asciende a más de 36 mil millones de dólares.

Sin embargo, surge la discusión sobre el rol que debería tener el Estado en la economía, tanto en el presente como el futuro: ¿se restituirá el rol del Estado de bienestar o estas políticas fiscales solo tendrán un carácter transitorio?

La pandemia y el protagonismo del Estado

En el informe que la CEPAL presenta, llama la atención la convocatoria tajante de dicha institución para “implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos, para no dejar a nadie atrás”.

Pero este planteamiento no se circunscribe a la pandemia, sino que va más allá: es el momento de “repensar el modelo de desarrollo y consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible”. Así, la CEPAL vuelve a poner la discusión del Estado de bienestar como una dimensión de largo plazo.

“Las respuestas en materia de protección social deben articular las medidas de corto plazo, (…) con otras de mediano y largo plazo, orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas mediante el fortalecimiento del Estado de bienestar y la provisión universal de protección social”, señala el informe. Una posición diametralmente distinta a la del Estado neoliberal.

Sin embargo, el Banco Mundial y el FMI tienen otro enfoque. Si bien ambas consideran fundamental la ampliación de la política fiscal para la contención de la crisis, lo hacen señalando que es una situación extraordinaria y temporal, que deberá ser revertida en cuanto la crisis sanitaria sea controlada.

Al respecto la posición del Banco Mundial es: “a medio plazo [cuando pase la crisis], la prioridad debe ser la venta de activos estatales al sector privado (…). Deberán organizarse ventas referentes de las acciones del gobierno en empresas. Si bien esto no es una prioridad inmediata, el gobierno debe comunicar claramente el sentido de su marcha, estableciendo un cronograma y cláusulas terminales siempre que sea apropiado”.

¿Ingreso básico universal?

La CEPAL plantea, además, que esta crisis sanitaria debe poner sobre la mesa de discusión la implementación de un ingreso básico universal. Esta debería ser una medida central en el corto plazo mientras dure la pandemia, aunque también se abre la posibilidad de considerar una política similar sostenida en el largo plazo.

Considerando estrictamente el caso de la pandemia y asumiendo un lapso prudente durante el cual la economía estará total o parcialmente paralizada, la CEPAL estima (con base al cálculo de un promedio ponderado), que para implementar durante seis meses un ingreso básico universal de 143 dólares (línea de pobreza), sería necesario que los países de la región destinen el 9,8% de su PIB a este fin.

El difícil escenario para concebir un Estado de bienestar

Si bien el paradigma de libre mercado era hegemónico en el mundo antes de comenzar la pandemia, como señalan vario analistas, este ha demostrado ser altamente inhumano e ineficiente, colocando en riesgo a millones de personas. Por eso es que, poco a poco, hemos presenciado cómo el Estado ha ido asumiendo protagonismo en esta crisis.

Sin embargo, si bien la propuesta de la CEPAL parece tener sentido, en el documento no se establecen procedimientos claros para alcanzar un Estado de este tipo. En el caso de Bolivia, el precario contexto económico del país hace difícil concebir un camino sencillo para llegar a un Estado de bienestar.

El músculo económico del Estado boliviano es tan acotado que ni siquiera se tiene claridad de cómo se financiarán las limitadas políticas fiscales que el país viene implementando. Como revelan diversos informes, ya antes de la crisis sanitaria el país acumulaba, en términos relativos, uno de los déficits fiscales más elevados de la región, con más del 8% respecto al PIB.

Según datos del FMI y la CAF, el gobierno ya contrajo una deuda de alrededor de 400 millones de dólares con el fin específico de enfrentar los efectos de la pandemia. De continuar esta tendencia, es muy probable que Bolivia incremente su deuda en por lo menos mil millones de dólares en 2020 a los 11 mil millones ya acumulados.

En otras palabras, el Estado de bienestar en Bolivia, como lo plantea la CEPAL, será una quimera en tanto no exista una reestructuración general del aparato económico. Más en el actual escenario en el que una de sus principales fuentes de financiamiento (hidrocarburos) se verá dramáticamente disminuida.