Agricultura extractiva en el ojo de la tormenta de fuego
Para la Fundación TIERRA, institución que hace un constante y cercano seguimiento a la problemática rural y agraria en Bolivia desde hace muchos años, los incendios forestales de la Chiquitanía y Amazonía boliviana “tienen su origen en la expansión irracional de la frontera...



Para la Fundación TIERRA, institución que hace un constante y cercano seguimiento a la problemática rural y agraria en Bolivia desde hace muchos años, los incendios forestales de la Chiquitanía y Amazonía boliviana “tienen su origen en la expansión irracional de la frontera agropecuaria”.
Si bien esta interpretación está sumamente difundida en los medios de comunicación y redes sociales, TIERRA profundiza en las explicaciones y sobre todo en los datos que evidencian que aquella expansión es parte de un modelo, y que éste, a su vez, es insostenible económica y ambientalmente, y que difícilmente puede ser considerado como un proyecto “nacional”.
“Desde el año 2010, el Gobierno de Evo Morales y los agro-rentistas se aliaron para consolidar las grandes propiedades de la tierra, masificar el modelo soyero, producir agrocombustibles y exportar carne a China. Ambos actores divulgan la falsedad de que la agricultura extractiva llenará el vacío que empieza a dejar los hidrocarburos y de que ésta –con un pequeño empujón estatal– se convertirá en una nueva locomotora de la economía nacional”, denuncia la Fundación TIERRA.
Asimismo, advierte de los altos costos de la política agraria y ambiental que está priorizando el gobierno: “Los traficantes de tierra controlan ahora las tierras fiscales, solo una casta dirigencial se beneficia con los nuevos asentamientos, la agroexportación está en manos de las transnacionales y la deforestación avanza con fuerza hacia parques nacionales, áreas protegidas y territorios indígenas”.
Espejismo económico
Según los expertos de la Fundación TIERRA, el problema de fondo con este modelo de agricultura extractiva es que ésta proyecta una ficticia realidad económica. “Es un espejismo. No se mantendría en pie sin la subvención al diesel que pagamos todos los bolivianos, sin los mercados con aranceles preferenciales y, por supuesto, sin los reiterados ‘perdonazos’ para desmontes y quemas ilegales”.
Por otra parte, los empresarios soyeros se proyectan discursivamente como un sector estratégico de la economía boliviana, argumentando que generan cifras cercanas a mil millones de dólares en exportación.
Sin embargo, TIERRA revela que en realidad “el 70% o más de este dinero se fuga de Bolivia en forma de compras de insumos agrícolas, tecnología y ganancias expatriadas. Para el año 2030 los ganaderos prometen 900 millones de dólares anuales por exportar carne a China; pero, a cambio, piden deforestar 20 millones de hectáreas”.
Prendiendo un fósforo en un polvorín
El gobierno central se está esforzando en mostrar los incendios simplemente como consecuencia de los rutinarios chaqueos que se realizan todos los años para habilitar tierras de cultivo, agravados por el cambio climático que afecta a todos globalmente.
Si bien lo mencionado es cierto, es solamente una parte de la verdad. Los investigadores del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), Pablo Antezana y Coraly Salazar, van más profundo y afirman que en los últimos cinco años, los chaqueos se han incrementado y en casos han ocasionado “sendos incendios” que afectan a la cobertura boscosa del país.
Este incremento de los chaqueos “se sustenta principalmente en políticas y normativas nacionales demandadas usualmente por el sector empresarial para fomentar el agronegocio y el cambio de uso de suelos en tierras bajas”, agregan.
Efectivamente, entre 2013 y 2015 se aprobaron tres Leyes (337/13, 502/14 y 739/15) que establecieron perdonazos a la deforestación ilegal y ampliaciones de plazos para subsanar el delito. En 2015 se aprobó la Ley 740 que permite ampliar de 2 a 4 años la verificación de la Función Económica Social de la tierra.
En septiembre de ese mismo año se promulgó la Ley 741 que autoriza los desmontes libres de hasta 20 hectáreas (que antes no debían sobrepasar las 5 hectáreas) en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas en proceso de saneamiento o tituladas y en asentamientos legales.
Finalmente, el 9 de julio pasado se aprobó el D.S. 3973 de ampliación de la frontera agrícola en el departamento del Beni en tierras de vocación forestal.
Agroexportación y
agroextractivismo
¿Es realmente el modelo agroindustrial cruceño la “gallina de los huevos de oro”? Los expertos no lo creen así, y dan datos del más cercano vecino de Bolivia: el Perú.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú, el año 2018 la agroexportación alcanzó los 7.030 millones de dólares, siete veces el valor que genera la soya boliviana. Sólo la exportación de paltas peruanas generó 724 millones de dólares, cifra cercana al total de lo generado por la soya boliviana.
La Fundación TIERRA aclara que las agroexportaciones peruanas mencionadas no son productos transgénicos y tiene baja dependencia de insumos importados, como ocurre en el modelo boliviano. Y reconocen que los agroempresarios peruanos “juegan un papel central” en su economía, “pero con una diferencia crucial: la productividad y la competitividad están por encima del agro-rentismo”.
Ante la existencia de otras formas de generar agroexportaciones rentables, TIERRA exige “el abandono de la agricultura extractiva y transitar hacia la agricultura sostenible a pequeña y mediana escala”, algo con lo que CIPCA y otras instituciones coinciden, además de la urgencia cancelar las normas que están fomentando el chaqueo directa e indirectamente, así como suspender y auditar la distribución de tierras fiscales, entre otras medidas.