CAPITULO VI La Capitalización de las Empresas del Estado en Bolivia

La transferencia del control de las empresas del Estado en Bolivia, es un proceso en curso de aprobación a la fecha, que se está llevando a cabo con características que difieren de la mayoría de los procesos efectuados, para este efecto, en otros países de Latinoamérica, pero que tiene similitud con otras experiencias a nivel mundial, especialmente con algunos aspectos de lo implementado en ciertos países de Europa Oriental.

En efecto, en líneas generales y sin entrar en detalles que no ilustran a la cuestión fundamental, el proceso efectuado en muchos de los países latinoamericanos y que se conoce como “privatización”, en esencia consiste en la venta simple y llana de las empresas estatales al mejor postor, con lo que el Estado recibe un monto de dinero y, en la mayoría de los aspectos se desentiende de las obligaciones y derechos inherentes al manejo de las empresas que hasta entonces fueron del Estado.

En el caso de Bolivia, el proceso en implementación es diferente, por lo menos en la forma, aunque no en el hecho fundamental de ceder el manejo de una parte muy importante de la economía a manos extranjeras.

Este proceso, al que se ha dado el nombre de “capitalización”, no consiste en la venta de las empresas estatales, sino en invitar a empresas privadas a efectuar inversiones en ellas por un monto aproximadamente igual al total de su capital actual, a cambio de lo cual estas empresas privadas obtienen el control explícito de la administración de las mismas.

En esta manera de encarar el asunto, el Estado y los trabajadores constituyen sociedades anónimas mixtas (aunque la participación de los trabajadores será como máximo igual al monto de sus beneficios sociales, en el supuesto de que estos decidan participar con la totalidad de los mismos, y en el conjunto será del orden del 1 al 2 por ciento del capital de estas nuevas empresas), a continuación se recibirán las ofertas de los inversionistas privados y se elegirá el socio definitivo, con el que se constituirá una nueva sociedad anónima y, finalmente se transferirá la participación del Estado a todos los bolivianos mayores de edad a través de los fondos de pensiones.

El Gobierno ha puesto mucho énfasis en que la capitalización no es una privatización, pero aunque se trata de una manera no usual en Latinoamérica de encarar el asunto, la capitalización es sin lugar a dudas una privatización, pues las empresas estatales, inicialmente se convertirán en sociedades anónimas mixtas, y en la etapa final el Estado no conservará ninguna acción y todas estarán en manos de privados (50 por ciento en manos de extranjeros que tendrán además el control explícito, y 50 por ciento en manos de los bolivianos mayores de 18 años, que también son personas privadas.)

La idea del proceso de capitalización se basa en que para aumentar las tasas de crecimiento de la economía y crear mayor número de fuentes de trabajo, se debe aumentar la inversión que se efectúa anualmente. Como la inversión del Estado no es probable que se pueda aumentar sustancialmente y la capacidad del sector privado boliviano es limitada, se concluye que la solución está en aumentar la inversión privada extranjera.

Mediante la capitalización, se ofrece al capital privado extranjero la oportunidad de invertir en las empresas estatales un monto equivalente a su patrimonio actual, a cambio de lo cual se les da la administración de estas empresas.

En esta concepción del proceso de capitalización, intervienen algunas ideas que son sanas y que puede haber sido motivadas de buena fe, sin embargo en el centro de la concepción está la idea de atraer capitales extranjeros a los que se cede explícitamente el manejo de las empresas capitalizadas, y se pone énfasis en que el manejo de estas empresas, será mejor porque se traerá más eficiencia, se evitará la corrupción y se tendrá mejor tecnología. Además, aunque la capitalización tiene mejoras con respecto a la privatización tradicional, muchos de los supuestos beneficios no se producirán, como el traer más capitales que dinamicen el crecimiento de algunas empresas, pues por ejemplo en el caso del sector eléctrico, este con sus propios recursos puede ir creciendo al ritmo acelerado que lo ha hecho, que es suficiente para cubrir las necesidades del mercado del país y sus ampliaciones, por lo que el socio capitalista no contribuirá a acelerar el crecimiento, con lo que en el fondo se estarían casi regalando estas empresas.

Algunos de los argumentos que se han esgrimido para promover la capitalización son:

 El gobierno se liberaría de tener que solventar año tras año los déficits de las empresas públicas, con lo que podría dedicar más recursos a sectores sociales como la salud y la educación.

 Con el aporte que efectúen los inversionistas privados, se podría prácticamente duplicar el tamaño de las empresas capitalizadas, con lo que se dinamizaría la economía y se crearía gran cantidad de fuentes de trabajo.

 No se estaría enajenando nada, pues el país conservaría aproximadamente la mitad de las empresas capitalizadas y, teniendo en cuenta que éstas se duplicarían en tamaño, quedaría de propietario de una parte sustancialmente igual a la que tenía antes de la capitalización. Además el pueblo boliviano en su conjunto resultaría beneficiado, pues las acciones de propiedad del Estado (aproximadamente la mitad en las empresas capitalizadas) se repartiría entre los bolivianos que alcancen la mayoría de edad hasta el final de 1995.

 Los servicios ofrecidos por las empresas capitalizadas, en los casos que corresponda, serían de mejor calidad (por el mejor manejo que se atribuye al administrador extranjero), alcanzarían a un mayor porcentaje de la población (puesto que las empresas aproximadamente se duplicarían en tamaño) y presumiblemente serían más económicos (al ser las empresas más eficientemente manejadas).

Sin embargo, si se analizan estos puntos se ve que, en algunos casos se apoyan en supuestos que no son reales y, fundamentalmente, se muestra que el proceso de capitalización conduce a la cesión del manejo de una parte muy importante de la economía a manos extranjeras.

Lo anterior no quiere decir que la inversión extranjera en el país no sea positiva, sino que sería preferible orientarla a la construcción de nuevos activos, en lugar de entregarle el control de empresas existentes que fueron creadas por el pueblo boliviano y que no son deficitarias.

Para facilitar el seguimiento del análisis, se presentan referencias a los cuatro puntos anteriores en el mismo orden en que estos fueron presentados.

Al punto 1).- Por definición del Gobierno, las primeras empresas que serán capitalizadas son: La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Sin embargo estas tres empresas no producen déficit alguno, sino que por el contrario, YPFB y ENTEL, efectúan importantes transferencias de dinero anualmente al Tesoro General de la Nación, gracias a las que el país ha podido encarar muchos proyectos de vinculación caminera y de educación y salud. En cuanto a ENDE no tiene ningún déficit e invierte la totalidad de sus excedentes en la ampliación de sus sistemas, con lo que ha tenido un crecimiento mucho más acelerado que el de la COBEE-BPC y ha podido dar electrificación rural a más de 40.000 familias campesinas.

Adicionalmente se mencionó que para hacer más atractiva la capitalización a los inversionistas extranjeros, el Tesoro General de la Nación podría subrogarse la deuda de las empresas que sean capitalizadas, aunque por las críticas que esto motivó, parece que por lo menos en el caso de ENDE, la primera empresa que será capitalizada, se está desestimando esta subrogación.

La conclusión al punto uno es que, para las tres importantísimas empresas con que se está iniciando el proceso, una de las premisas fundamentales, la de evitar el déficit de las empresas estatales, no es real pues estas empresas no producen déficits y, adicionalmente, los resultados probables serían contrarios a los que se pretendería conseguir, debido a que el Estado tendría menos recursos para atender a los sectores sociales como educación y salud pues, a) no contaría con las importantes transferencias de YPFB y ENTEL (aunque en el caso de YPFB, esto posiblemente sería compensado en parte con la creación del Impuesto Especial a los hidrocarburos, dispuesto en la Ley 1006, promulgada a fines de diciembre de 1994), b) tendría que erogar grandes sumas para el servicio de la deuda en algunas de las empresas que serán capitalizadas (aunque esta subrogación no está completamente decidida y parece que no se aplicará en el caso de ENDE, sí se aplicaría para COMIBOL, AASANA Y ENFE), y para cubrir el costo de la capitalización, con lo que contaría con menos recursos para los sectores sociales y de infraestructura, posiblemente tendría que elevar los impuestos, con lo que haría menos competitiva a la industria nacional.

Al punto 2).- En algunos casos, como en las empresas de servicios, y específicamente en el de la Empresa Nacional de Electricidad ENDE, no es posible duplicar su tamaño en un plazo significativamente más corto que el actual (desde el primer año de su operación, ENDE ha duplicado su producción, en promedio cada 6 años), pues la empresa debe ir ampliando sus instalaciones de generación y transmisión a medida que se amplían los requerimientos del mercado; el acelerar la puesta en servicio de sus instalaciones sería antieconómico, porque parte de ellas quedarían por un tiempo sin usar por falta de mercado y habría que pagar las cargas financieras sobre las inversiones efectuadas.

Por otra parte, los proyectos de exportación de energía eléctrica no son atractivos en general, pues se deben efectuar grandes inversiones de lenta recuperación, para atender el mercado de países vecinos, y requieren en general de largos períodos de negociación, además en caso de morosidad en el pago de las facturas, es difícil su cobro y muchas veces se tiene que aceptar bienes y servicios que provienen de un solo mercado y por lo tanto son más caros, como se demostró en el caso de exportación de gas a la Argentina. Existen algunas excepciones, como recursos hidroeléctricos con costos unitarios bajos y cercanos a mercados muy grandes, o como la exportación de energía eléctrica al Brasil a partir de una central a gas instalada en la frontera, que se proyectó para conseguir un precio para nuestro gas sustancialmente mayor al que se consiguió con el proyecto de exportación de gas actualmente en gestación.

La conclusión, en el caso de ENDE, es que esta empresa, con los recursos provenientes de las ventas de energía eléctrica y sin aumentar tarifas en términos reales, puede atender el servicio de sus deudas actuales y futuras y también efectuar oportunamente las instalaciones necesarias para atender el crecimiento de la demanda, por lo que no necesita de capitalización ni de transferencia de tecnología, para un servicio que viene suministrando satisfactoriamente y con tecnología de punta.

La capitalización no producirá un crecimiento más acelerado del sector eléctrico, sino que probablemente lo retrasará, por la tendencia del capital privado de concentrarse sólo en los proyectos más rentables y frenar los de contenido social y baja rentabilidad como la electrificación rural y la atención a barrios marginales y a pueblos menores.

Al punto 3).- El inversionista que quede como dueño del 50 % de las acciones tendrá la administración de la empresa, que se le entregará explícitamente.

Si bien es cierto que en el artículo cuarto de la Ley de Capitalización se prohíbe a los inversionistas y/o los administradores adquirir de terceros acciones en esas sociedades que superen el cincuenta por ciento de las acciones en circulación, no se prohíbe que los fondos de pensiones que administrarán las acciones de los bolivianos puedan vender a terceros, diferentes de los inversionistas y/o administradores, parte de las acciones de los bolivianos, con lo que el socio capitalizador quedaría prácticamente con el control de la empresa.

Además, desde un comienzo el socio capitalizador tiene la ventaja de la especialidad y la asignación explícita del manejo gerencial a su favor.

Aún sin comprar o controlar parte de las acciones que se asignen a los bolivianos mayores de edad, con el transcurso del tiempo, es altamente probable que el socio capitalista quede con el control absoluto.

Esto se debe a que a medida que se requieran nuevas ampliaciones en los sistemas, es probable que el socio capitalista reinvierta una proporción mayor de los excedentes que le correspondan que la que reinvertirán los bolivianos, pues los dividendos de estos últimos estarán principalmente destinados a los fondos de pensiones.

Aunque no se permitieran los mecanismos anteriores, a la larga el socio capitalizador quedará con el control absoluto, pues es improbable que alguna empresa extranjera realice fuertes inversiones en Bolivia sin quedar con el control de la empresa en que invierta.

Con lo anterior se demuestra que Bolivia estaría enajenando el manejo de sus empresas principales, y este es un asunto muy grave por múltiples razones, entre las que se pueden citar las siguientes:

 El inversionista que tiene el manejo de una empresa puede ejercerlo de tal modo que favorezca a sus intereses, lo que tendrá influencia sobre la magnitud de los dividendos que se paguen al resto de los accionistas (los bolivianos mayores de edad).

Por ejemplo, un consorcio multinacional que administre una empresa tiene gran probabilidad de influir en la compra de equipos, contratación de obras o de servicios de consultoría, y tiene la posiblidad, en muchos casos, de encargar los mismos, a precios inflados, a proveedores, constructores y consultores que abiertamente o no, formen parte del mismo consorcio, de manera que los proveedores, constructores y consultores sean los que en realidad ganen dinero y no la empresa boliviana capitalizada, que de esta manera presentaría utilidades pequeñas y consecuentemente repartiría dividendos y pagaría impuestos sobre utilidades también pequeños. Se dirá que esto se controlará mediante las entidades reguladoras, pero este control es muy difícil en la práctica, y son grandes las posibilidades de que los accionistas bolivianos terminen con dividendos pequeños.

 Al enajenarse la administración de las empresas principales, los profesionales bolivianos que tenían puestos directivos en ellas y podían manejarlas teniendo en cuenta los intereses del país (por ejemplo realizar proyectos de electrificación rural aunque esta no sea rentable), tendrían que ocupar cargos que no sean de decisión y que serán de menor jerarquía, es decir se estaría renunciando a que los bolivianos tengan la decisión sobre asuntos importantes que afectarán a su futuro. Seguramente por esto países avanzados como Estados Unidos no permiten, por ejemplo, que extranjeros puedan controlar paquetes accionarios de sus aerolíneas.

 Quien tiene el manejo de la empresa capitalizada, puede manejar no solo el capital que aportó, sino el capital que originalmente era de los bolivianos, de donde se ve claramente que esta importante ventaja está en favor del socio capitalista, quien invirtiendo el 50 % del capital administra la totalidad de los recursos de la empresa.

 La empresa extranjera, en la mayoría de los casos, ganará el control de las empresas estatales, sin ni siquiera invertir de inmediato el 50 % de este capital al contado como capital fresco. A manera de ejemplo, si una empresa privada, y casi con seguridad extranjera, invierte aproximadamente 400 millones de dólares en ENDE (suma que está en el orden de su valor en libros) y gana el control de la misma, no podría, aunque quisiera, invertir estos 400 millones de dólares de inmediato en la ampliación de las instalaciones, pues la atención del crecimiento de los requerimientos de energía eléctrica para los mercados que atiende ENDE en Bolivia, precisa de aproximadamente una inversión total de 90 millones de dólares anuales en la próxima década (parte de estos 90 millones de dólares serán cubiertos por los ingresos propios de ENDE y por préstamos ya contratados) así que, para el caso en que realmente le obligaran a traer los 400 millones de dólares para ganar el control de la empresa, podría dar otros usos a la mayoría de este capital, como por ejemplo inmovilizarlo en depósitos bancarios a interés, que le sirvan de garantía para obtener préstamos para efectuar inversiones en otros países y en otros rubros, con los que nada tendría que ver la empresa capitalizada en Bolivia, o en caso de que no se permitiera lo anterior, podría buscar otros usos diferentes.

e) El derecho propietario de los bolivianos sobre las acciones por un monto equivalente al patrimonio de las empresas estatales que fueron capitalizadas, es un derecho propietario parcial, pues un derecho propietario completo de las acciones involucra la facultad de poder intervenir en su manejo, por lo que este derecho propietario parcial puede ser en gran medida ilusorio, pues incluso la magnitud de sus dividendos no estará determinada sólo por las decisiones de los accionistas bolivianos.

En resumen, con la capitalización, Bolivia pierde el manejo de sus empresas, y a cambio el pueblo boliviano recibe acciones por el patrimonio original de la empresa (del que siempre fue dueño aunque su administración estuviese delegada al Gobierno), acciones que tienen un derecho propietario parcial, y el Estado no recibe ningún pago como en el caso de una privatización tradicional y además, en algunos casos podría hasta hacerse cargo de las deudas de las empresas, con lo que limitaría seriamente las posibilidades del Tesoro de invertir en los campos sociales y de infraestructura.

Al punto 4).- Para ilustrar este punto tomaremos el ejemplo del sector eléctrico en el que existe larga experiencia de manejo del sector privado (COBEE-BPC en la Paz y Oruro por más de 60 años) y del sector estatal (ENDE en el resto del país desde 1962). Se puede ver que la calidad del servicio (pocas interrupciones, voltaje y frecuencia estables, etc.) es la misma en la Paz y Oruro (atendidas por la Empresa Privada

COBEE-BPC) que en Cochabamba y Santa Cruz (atendidas por la empresa estatal ENDE). En cuanto a los precios, se está modificando la legislación para que las tarifas eléctricas sean calculadas por el método del costo marginal a corto plazo, lo que podría resultar en elevaciones de tarifas en algunas categorías, con lo que se piensa que el sector eléctrico pueda atraer nuevos capitales privados.

En lo referente a atender a mayor número de usuarios, históricamente se ha demostrado que la empresa privada es renuente a efectuar proyectos de electrificación rural o de poblaciones menores por su baja tasa de rentabilidad, por lo que casi la totalidad de éstos han sido efectuados por el sector público en Bolivia, o por cooperativas eléctricas bolivianas donde los usuarios son los cooperativistas y la consideración principal no es lograr el reparto de importantes dividendos.

Las perspectivas son pues de que, después de la capitalización, se tengan menos proyectos nuevos de electrificación rural, tarifas más caras, y el futuro de los sistemas aislados, como Cobija, Trinidad, Tarija y otros, en cuya expansión por su baja rentabilidad posiblemente no tengan interés los inversionistas y ya no sean atendidos por una empresa estatal como ENDE, el panorama será realmente sombrío, salvo que se decida preservar una ENDE residual.

Adicionalmente, la capitalización de las empresas estatales tendrá un costo que será cubierto por el Tesoro General de la Nación, estimado en 369,7 millones de dólares, de acuerdo al siguiente detalle en que todas las sumas están expresadas en millones de dólares: Indemnizaciones 192,1; Intereses 16,0; Amortización deudas 82,8; Estudios 26,1; Costos de transacción 17,7; Obligaciones de medio ambiente 35,0.(15)

Para la capitalización, el Tesoro General de la Nación tomará a su cargo el pago de las indemnizaciones, los costos de los estudios, transacciones y costos ecológicos, y el servicio de la deuda de COMIBOL, ENFE Y AASANA.(15)

En resumen, las capitalizaciones pueden resultar en servicios más caros y menos difundidos, pérdida de control por parte de los bolivianos de sus empresas (con lo cual cabe preguntarse sobre qué cosas tendrán control los bolivianos y cuál será el resto de soberanía que nos quedará), menores recursos para el país por la pérdida de las transferencias de las utilidades de empresas como YPFB y ENTEL (en el caso de ENTEL, las transferencias corrientes al TGN fueron de 24,4 millones de dólares en 1993 y están estimadas en 34 millones de dólares para 1994 (4), en el caso de YPFB, se detallan en el capítulo correspondiente, aunque pueden ser sustituidas en parte por el Impuesto Especial a los hidrocarburos, de reciente creación), mayores obligaciones por la subrogación por parte del Tesoro General de la Nación de las deudas de COMIBOL, ENFE y AASANA, y por los costos de la capitalización que serán asumidos por el Tesoro, y probablemente mayores impuestos para pagar por el costo de las reformas, con lo que la industria realmente boliviana y legalmente establecida será cada vez menos competitiva.

En lugar de enajenar las empresas nacionales que son productivas, lo que realmente debía reducirse drásticamente, es la burocracia del Gobierno central, que es improductiva y una carga desproporcionada para un país con pequeños ingresos como Bolivia.

CAPITULO VII

La Capitalización y los Hidrocarburos

La pérdida del manejo de la economía por parte de los bolivianos es particularmente grave en algunos sectores, como el de los hidrocarburos, al que con razón se ha asociado el ejercicio de la soberanía, por mucho tiempo, en la mayoría de los países latinoamericanos.

Esto es especialmente cierto para Bolivia, por ser un país enclavado en el corazón de Sudamérica, en el que el principal obstáculo para su desarrollo es lo elevado de sus costos de transporte.

Mucho se ha teorizado sobre las causas para el menor desarrollo económico relativo de Bolivia en comparación con los otros países sudamericanos (nuestro ingreso per cápita es el menor de Sudamérica.)

Si se analiza objetivamente el tema, se comprueba que la principal desventaja relativa de nuestro país está en las condiciones de ubicación de nuestro territorio y en sus grandes obstáculos geográficos a una comunicación fácil, y comprobamos sin lugar a dudas, que el mayor problema boliviano son los costos elevados de transporte.

En efecto, Bolivia puede, por ejemplo, tener el ingenio azucarero más eficiente del mundo en Santa Cruz o en Bermejo, contar en él, y en el sector de producción de caña de azúcar, con una dirección y una fuerza de trabajo eficiente y dedicada, pero sin embargo el costo de sacar el azúcar a puerto para comercializarla en el mercado internacional es más elevado que el costo total de producción.

El costo de transporte es un problema al que no se le ha dado la importancia capital que tiene. Quizás sea útil considerar, por ejemplo, que el costo del transporte marítimo, desde los puertos que atienden a la mina de hierro de Carajás, en el nordeste brasileño, hasta puerto japonés, son de aproximadamente 14 dólares la tonelada, mientras que el costo de transporte ferroviario entre Villamontes y Puerto Suárez, ambas localidades bolivianas, está en el orden de los 75 dólares por tonelada y el costo de transporte por camiones es aún mayor, con lo que se inviabilizan exportaciones bolivianas al mercado brasileño que podrían ser muy rentables, como por ejemplo la exportación de sal para ganado, de las minas de las proximidades de Entre Ríos, en el departamento de Tarija, al mercado brasileño del Estado de Río Grande do Sul, que tiene más de diez millones de cabezas de ganado.

Los ejemplos se pueden multiplicar, pero lo cierto es que si en Bolivia existiesen costos menores de transporte para llevar los productos a mercados importantes y si se tuviese accesos fáciles al mercado mundial, se hubieran podido crear muchísimas más industrias y actividades rentables que hubiesen permitido mayores exportaciones y mayores ingresos para el grueso de la población, con lo que se hubiese podido contar con recursos más importantes para la educación y se habría podido romper más fácilmente el círculo vicioso del subdesarrollo.

Esta es una verdad universal que se aplica no solo a Bolivia, basta dar una mirada a un mapamundi para comprobar que los centros más desarrollados se encuentran a orillas o a poca distancia del mar, o cerca de ríos o canales navegables.

Bolivia debe pues realizar un gran esfuerzo para mejorar sus vías camineras y ferroviarias, y sus medios de transporte fluvial, para de esta manera abaratar sus costos actuales de transporte, aun siendo conscientes que de ninguna manera se alcanzarán los niveles de precios del transporte marítimo, pero teniendo en cuenta que al lograr una importante reducción en comparación a los costos actuales se lograría una significativa mejora para las actividades económicas del país en general.

Para toda esta estrategia de abaratamiento del transporte, se debe tener en cuenta que el medio de propulsión fundamental en la actualidad son los hidrocarburos y que este continuará siendo el caso en el futuro por varia razones, entre las que se pude mencionar que ellos son el medio de propulsión para todo el parque automotor, como camiones, buses, automóviles y otros, lo mismo que para la totalidad del transporte aéreo; el transporte ferroviario está movido casi exclusivamente por locomotoras a diesel; podría pensarse en que en el futuro este uso se podría sustituir con la electrificación de los ferrocarriles, pero esto requiere grandes inversiones y solo se justifica económicamente en tramos de gran movimiento o densidad de tráfico, que no existen en Bolivia, además de que casi el 50% por ciento de la energía eléctrica se genera en Bolivia en base a hidrocarburos, fundamentalmente gas natural, y para aumentar la participación de la energía hidroeléctrica también se requiere de grandes inversiones.

Las razones expuestas llevan a considerar con detenimiento que si en la actualidad el desarrollo económico de Bolivia es dificultoso por los costos elevados del transporte, se dificultaría mucho más si por políticas que no respondan al interés nacional, en el mediano plazo tuviésemos que importar hidrocarburos, y estos fuesen en un futuro más caros, además de significar un drenaje de divisas.

Que el costo de los hidrocarburos sería mayor en caso de su importación surge del hecho de que habría que pagar el precio internacional de los mismos además del costo de su transporte hasta Bolivia, suponiendo que los impuestos se mantienen invariables.

Adicionalmente debe mencionarse que gran parte del desarrollo agrícola se deberá efectuar en base a hidrocarburos, desde el movimiento de los tractores, hasta la futura fabricación de fertilizantes en gran escala.

Es Importante también la consideración de que Bolivia no cuenta con otros combustibles fósiles importantes, como el carbón mineral, por lo que en una futura siderurgia habría que encarar la reducción del hierro en base al gas natural.

Todo lo anterior lleva a la conclusión de que, para Bolivia, los hidrocarburos tienen una importancia mayor que para la generalidad de los países, por lo que el que ceder su manejo a extranjeros significa no solo una pérdida importante de la soberanía nacional, sino que se haría más inciertas las perspectivas de desarrollo del país.

Es cierto que Bolivia es un país fundamentalmente gasífero y que, para evitar importación de hidrocarburos líquidos, se debe buscar la manera de dar un valor al gas y que una de estas maneras es su exportación. Sin embargo debe tenerse en cuenta que tampoco es compatible con el interés nacional el enajenar partes importantes de estas reservas por precios que difícilmente cubran los costos y que las ganancias queden en los grupos ligados a la construcción, financiamiento y operación de los sistemas de transporte sin un beneficio importante para el pueblo boliviano en su conjunto.

Por lo anterior se debe tener extremado cuidado en que cualquier exportación sea en volúmenes compatibles con las reservas, que se asegure la cobertura de las necesidades internas en un plazo razonable y que se obtengan precios favorables para el país.

Si el manejo de los hidrocarburos pasa casi en su totalidad a manos extranjeras, las decisiones que afecten la explotación y exportación de los mismos podrían tomarse teniendo en cuenta principalmente las políticas de maximizar beneficios para los accionistas de las compañías transnacionales, sin que se tenga debidamente en cuenta la necesidad de asegurar reservas suficientes para el futuro desarrollo del país y otras consideraciones de interés nacional. Aunque esto se podría controlar en teoría mediante las entidades reguladoras, en la práctica este control resulta difícil teniendo en cuenta la complejidad de las operaciones y los enormes intereses en juego.

Debe también tenerse en cuenta que YPFB, es una empresa manejada por bolivianos, a través de la cual el país ha adquirido una importante experiencia en la exploración, producción, transporte y comercialización de hidrocarburos, que ha formado importantes cuadros de profesionales bolivianos que sirven para dar una visión más clara y un manejo más sólido a la política de hidrocarburos y a su orientación en concordancia con el interés nacional. En efecto no solo es importante tener técnicos individuales capaces, sino que lo que se ha logrado a través de YPFB, es tener un gran equipo que está orientado en materia de hidrocarburos a favorecer el interés nacional, y este cuerpo conjunto es de incalculable valor y no puede ser sustituido por la suma de capacidades individuales de técnicos al servicio de transnacionales.

Además YPFB a lo largo de su existencia ha tenido importantes logros prácticos para el país, pues ha permitido el autoabastecimiento de las necesidades internas de hidrocarburos y ha generado importantes excedentes exportables, primero en líquidos y en la actualidad en gas.

YPFB no sólo no genera déficits, que es uno de las argumentos generales para enajenar las empresas del Estado, sino que es el contribuyente al Tesoro General de la Nación (TGN), tal como se muestra en el siguiente cuadro.

CONTRIBUCIONES DE YPFB AL TGN

(millones de US$)

(16) y (17)

Para tener una idea de la importancia de la contribución NETA de YPFB al TGN, se puede tener en cuenta que, según el Presupuesto General de la Nación para 1994, los Ingresos Tributarios totales (excluidos los impuestos y regalías de YPFB), alcanzarían a aproximadamente 549 millones de dólares.(17)

No se puede tratar de minimizar estas contribuciones de YPFB, con el argumento muchas veces repetido sin un análisis riguroso, de que los excedentes se deben a que en Bolivia pagamos precios por los hidrocarburos muy superiores a los de otros países.

Este argumento no es exacto, como se ve en el siguiente cuadro, que se refiere a Bolivia y a los países que limitan con ella, en el que se observa que el único combustible que en Bolivia tiene el precio mayor en el grupo considerado es el diesel oíl, porque nuestro petróleo es en general liviano y al destilarse produce menos diesel oíl que la generalidad de los petróleos.

(22)

Es cierto que las utilidades de YPFB están en gran medida determinadas por el establecimiento de precios para el barril compuesto en el mercado interno bastante superiores a los del mercado internacional, y que las transferencias de YPFB al Tesoro General de la Nación (TGN) posiblemente serán sustituidas en parte por el Impuesto Especial a los Hidrocarburos vigente a partir del 22 de diciembre de 1994.

Sin embargo permanece el hecho de que los hidrocarburos son un sector de especial importancia para Bolivia y que YPFB no significa una carga para el Estado.

Se ha mencionado, como uno de los argumentos que harían necesaria la capitalización de YPFB, que no tendría recursos suficientes para realizar las inversiones necesarias en exploración y explotación como para asegurar el abastecimiento nacional a medida que este vaya creciendo y generar saldos exportables que aumenten los ingresos del Tesoro y dinamicen la economía del país, pero se ha olvidado que esto se debe en gran parte a la voracidad del propio Gobierno Central, que ha hecho transferir importantes recursos al TGN y que parte de la solución podría consistir en disminuir los gastos improductivos del Gobierno Central, disminuyendo las transferencias que se le exigen a YPFB, con lo que este podría dedicar más recursos a la exploración y explotación de hidrocarburos.

Además no debe olvidarse que en la actualidad en Bolivia, en el sector hidrocarburos opera no solo YPFB, sino también las empresas extranjeras llamadas contratistas, como Occidental, Tesoro, Maxus y otras que realizan importantes inversiones en exploración y explotación, y que si se desea aumentar aún más los recursos a invertirse en el sector hidrocarburos, podrían negociarse nuevos contratos de operación, sin perder el control de YPFB.

Otro de los problemas es que para la capitalización de YPFB posiblemente se considere como base su valor en libros, que en la actualidad el Gobierno calcula en alrededor de 1.000 millones de dólares. (Según los estados financieros auditados de YPFB, su patrimonio al 31 de diciembre de 1993 es de 4.498 millones de bolivianos, equivalente aproximadamente a 1.006 millones de dólares).(16)

Aun suponiendo que se lograra obtener del socio capitalizador una oferta que duplique el valor en libros (teniendo en cuenta las perspectivas de exportación de gas a Brasil y Chile), esto sería grave, pues tan solo el valor de las reservas de gas es mucho mayor al valor en libros. Si se considera que las reservas de gas están en el orden de 6 x 10 a la 12 pies cúbicos y se calcula su valor con el precio de venta de gas al Brasil a la entrada de gasoducto que inicialmente se fijó en 0,90 dólares los mil pies cúbicos, el valor de estas reservas sería de 5.580 millones de dólares, es decir casi seis veces el valor en libros. Es obvio que una valorización no se la puede hacer con esa simplicidad, pues habría que considerar los precios actuales, las inversiones necesarias para llevar el gas hasta la entrada del gasoducto de exportación y también el flujo financiero y considerar su valor presente con una tasa de descuento apropiada, pero sin embargo subsiste el hecho de que el valor en libros es una cifra muy baja teniendo en cuenta no sólo las reservas probadas de gas sino también las probables, las reservas de hidrocarburos líquidos, los estudios efectuados por YPFB y toda otra serie de valores tangibles e intangibles.

En resumen, en el caso de los hidrocarburos, con la capitalización se estarían produciendo los siguientes efectos:

 i) Se entregaría el manejo del sector hidrocarburos, que tiene particular importancia para el país, a extranjeros.

 ii) Se desmantelaría una importante estructura institucional, con equipos profesionales que ha tomado mucho tiempo y dinero en formar y entrenar y que significa un factor importante para el manejo de los hidrocarburos de acuerdo al interés nacional.

iii) Se introducirían incertidumbres en la preservación de reservas adecuadas, que aseguren el autoabastecimiento del mercado nacional en un plazo razonable.

REFERENCIAS

-15.         “Nueva Economía” edición del jueves 8 de diciembre de 1994, página 13.-

-16.         Estados Financieros de YPFB, al 31 de diciembre de 1993, auditados por Coopers & Lybrand, (datos para 1991, 1992 y 1993).