Nación, Independencia y Poder de Decisión

En este libro se utiliza el término nación para referirse al conjunto de los habitantes permanentes de un país determinado, sin distinción de edad o sexo y sin tener en cuenta la procedencia étnica de los mismos, que comparten una aspiración común sobre su futuro.

Consideramos como un atributo esencial para la nación su independencia, o el poder de decisión de sus miembros sobre asuntos de trascendencia para su porvenir.

En este contexto, al proceso de pérdida gradual de la independencia o del poder de decisión lo consideramos equivalente a un proceso de anulación de uno de los atributos esenciales de cualquier Estado.

No se trata aquí de que todos los Estados tengan una independencia absoluta, pues vivimos en un planeta cada vez más interdependiente, por la misma circunstancia de que todos compartimos el mismo globo terráqueo y hay ciertas cuestiones, como el control del medio ambiente y otras, en los que la actuación de cualquiera de los Estados puede afectar a los demás. En este caso se trataría de una cesión de parte de la independencia nacional, que afecta por igual a todos los países y que es necesaria para el bien común y es similar a las limitaciones de la libertad individual en todo aquello que afecte negativamente a los demás.

De lo que se trata es de una pérdida de la soberanía que no es recíproca y que va en desmedro de la capacidad de decisión de los Estados menos desarrollados.

Este es un fenómeno que va afectando a la mayoría de los países y entre ellos a Bolivia, cuyo caso tiene rasgos generales que son de aplicación universal.

En el caso de Bolivia, como en la mayoría de los países latinoamericanos, el proceso de pérdida de la independencia, se va acentuando especialmente en el presente siglo.

Cuando Bolivia nace a la vida independiente y en la mayor parte del siglo pasado, la influencia externa es significativamente menor que en el presente. Es el período de preponderancia del Imperio Británico, pero esta preponderancia dista mucho de ser la hegemonía que permea todos los aspectos de la vida y que tiene carácter mundial como la presente.

Se vive en una relativa independencia donde hasta decisiones de trascendencia continental como la creación de la Confederación Perú Boliviana, son tomadas sustancialmente por voluntad de actores bolivianos y peruanos.

La influencia del Imperio Británico es relativamente pequeña en Bolivia, pues este es un imperio que no tiene la hegemonía mundial y que ejerce su poder principalmente a través de su flota de guerra y que no ve intereses vitales como para intentar ejercer su poder en el territorio boliviano, que en su mayor parte se encuentra alejado de las costas.

Esta situación de relativa independencia está limitada por la falta de autosuficiencia sobre todo en la parte manufacturera. Bolivia en el siglo pasado, debe importar numerosos artículos que no fabrica. La manufactura nacional es muy rudimentaria y se trata casi de artesanías entre las que se destacan la fabricación de tejidos, artículos de cueros y el procesamiento de algunos productos agrícolas.

Sin embargo los grandes ausentes eran la metalurgia y la siderurgia y todas sus industrias derivadas. Esto hacía que debían importarse implementos para la agricultura y la minería, desde hachas, cuchillos, arados y otros y, lo que era muy importante para el sostenimiento de la independencia nacional, armas.

En lo que se refiere a la metalurgia y siderurgia, la situación casi no ha mejorado, pues aparte de las fundiciones de estaño, estamos casi como en la época colonial en la que hay que importar desde un alfiler, un arado, los fertilizantes, automóviles, aviones y ni que decir de las computadoras y demás implementos.

Sin embargo, como los proveedores de artículos manufacturados eran diversos y no sustentaban la misma política de hegemonía mundial, sino que en muchos casos se combatían, abiertamente o no, como en los casos de Inglaterra, Francia y Alemania, la dependencia no era tan aguda.

En algunos aspectos, el retroceso fue claro y patético. Bolivia es un país con un gran territorio con relación a su población y, en la época de la independencia y en los años posteriores, fue un país autosuficiente en materia alimentaria. Sin embargo, prácticas como las de las donaciones de harina de trigo y la falta de protección a la industria nacional, nos han llevado a que no seamos autosuficientes en muchos rubros alimentarios en los que antes lo éramos.

La independencia se va perdiendo paulatinamente al aumentar la distancia relativa entre los países desarrollados y subdesarrollados.

Uno de los importantes limitantes de la soberanía nacional es el endeudamiento externo. Un Estado que es deudor de otro u otros Estados poderosos, que en su momento pueden imponer hasta el cobro coactivo, es un Estado que tiene su independencia seriamente cuestionada.

Desgraciadamente para Bolivia, el endeudamiento del Estado empieza muy temprano.

En efecto, corresponde a la Asamblea Nacional de 1825, año de la fundación de la República, la iniciación del primer empréstito boliviano, mediante autorización que confirió al Libertador Presidente don Simón Bolívar para negociarlo por la suma de un millón de pesos, afianzando su pago con los fondos generales de la República.

Esta suma estaba destinada a premiar los servicios del Ejército Libertador que concurrió a las batallas de Junín y Ayacucho, y no llegó a realizarse sino más tarde, junto con otras sumas destinadas a indemnizaciones de guerra.

Para tener un orden de magnitud de estas cifras, es interesante notar que el primer presupuesto de gastos de la República que fue formulado por el Ministro de Hacienda D. Juan de Bernabé y Madero, y rigió durante los años 1826, 1827 y 1828, alcanza a un total de 2.349.763 pesos, de acuerdo al siguiente detalle:

Servicio del Congreso                                           $.   50.000

Servicio del Supremo Gobierno                            $.   72.000

Servicio de la Corte Suprema                               $.   34.000

Servicio de la Dirección de Rentas                       $.     8.000

Servicio de Relaciones Exteriores                        $.    52.000

Servicio de Guerra, comprendiendo E.M.G.,

Escuela Militar, Artillería, 9 escuadrones

de caballería y cinco batallones                            $.    1.314.000

Servicio departamental                                         $.       323.805

Crédito público, intereses y

amortizaciones de los billetes                              $.        210.000

Servicio de instrucción y beneficencia                 $.     185.958

Servicio de Culto                                                  $.     100.000

                                                                    TOTAL$. 2.349.763

(2)

En lo que se refiere al endeudamiento externo, este fue en constante aumento, convirtiéndose en una práctica usual, no ya reservada para cuestiones excepcionales, sino a la que se hecha mano irreflexivamente en casi todos los aspectos de la vida nacional.

El saldo de la deuda externa total de Bolivia al 30 de junio de 1992 alcanzaba a 4.370,2 millones de dólares (3), que representa el 83 % del Producto Interno Bruto.

Esta práctica del endeudamiento ha creado una manera de encarar el desarrollo nacional que es intrínsecamente dependiente y que conduce a que la estrategia de desarrollo del país se diseña, en gran medida, en base a financiamiento externo, y por lo tanto tiene que negociarse con los proveedores de este financiamiento, que son agentes externos al país.

En el año 1992, la inversión total en el país fue de 951,58 millones de dólares, de los que 531,58 millones correspondieron a la inversión pública y 420 millones a la inversión privada (4), de la inversión pública, 406,4 millones de dólares, es decir el 76% corresponde a financiamiento externo (1).

Si se tiene en cuenta la totalidad de los desembolsos por financiamiento externo en 1992 (US$ 718,6 millones), que incluye cooperación técnica independiente (127,9), cooperación técnica relacionada con la inversión (39,9), proyectos de inversión (406,4), apoyo a la balanza de pagos (112,7), ayuda alimentaria (30,1) y Asistencia de emergencia y de socorro (1,6), todo en millones de dólares, se ve que las principales fuentes de financiamiento fueron el Banco Interamericano de Desarrollo BID (23,0 %), USAID (12,1%), la Corporación Andina de Fomento CAF (10,3%), Alemania (8,2%), Banco Mundial (7,8 %), Fondo Monetario Internacional (6,9 %), Japón (5,1%), Italia (4,9%), Naciones Unidas (3,9 %) y los Países Bajos (3,2 %).(1).

No es necesario abundar sobre la enorme dependencia de un país en el que bastante más de la mitad de las inversiones públicas destinadas al desarrollo están financiadas con recursos externos.

Esta elevada proporción de financiamiento externo para las obras de desarrollo tiene múltiples causas, siendo una de las más importantes una especie de psicología del endeudamiento que nos lleva a que, hasta para construir caminos vecinales, se endeude al país en cantidades apreciables, sin considerar la posibilidad de empedrar algunos caminos recurriendo a materiales, ingeniería y mano de obra nacionales y de esta manera disminuir el endeudamiento y la desocupación.

La psicología del endeudamiento hace que a menudo se construyan obras que están muy por encima de los medios o las necesidades reales del país, simplemente porque se tiene financiamiento para pagar por sofisticaciones innecesarias, y a menudo porque los gobernantes ven el endeudamiento como algo que no pagarán ellos, pues cuando se cumplan los períodos de gracia ya estará otro gobierno en el poder. Este endeudamiento excesivo está fomentado también por los vendedores de bienes y servicios que forman importantes grupos de presión sobre el gobierno y los organismos financiadores.

Al nivel de endeudamiento contribuye también la dinámica propia de muchos de los organismos financieros internacionales, que tienen como una de sus metas importantes el prestar cada año montos mayores que el año anterior.

Por el accionar de estos organismos financieros, aunque no sea este el objetivo, el resultado es aumentar constantemente el endeudamiento, es decir la dependencia de los países en desarrollo.

Como los préstamos de los organismos financieros internacionales son los más convenientes por ser blandos y tener restricciones de proveedores pequeñas por el gran número de países miembros de los mismos, el resultado natural comprobado por las cifras es que la mayoría del financiamiento externo, y con tendencia a aumentar, provenga de ellos.

Esta manera de financiar las inversiones mediante préstamos, unida al hecho de que la mayoría de los préstamos provienen de organismos financieros internacionales, hace que gran parte del desarrollo nacional se oriente por las políticas de estos.

En la época actual la tónica está dada por la privatización de la parte productiva de la economía, con un énfasis cada vez mayor para las inversiones del gobierno en las llamadas áreas sociales y algunas de infraestructura como caminos, las que se estima difícil que puedan ser suficientemente atractivas para el sector privado.

Es decir se induce a que los bolivianos pierdan el control y los dividendos de los sectores productivos como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), entreguen una parte importante del control de sus recursos naturales y por lo tanto de la planificación de su futuro y que el gobierno se dedique a proveer la infraestructura y los servicios como educación y salud, necesarios para proveer de medios de transporte y de personal especializado para el desarrollo del Estado boliviano, pero también para las empresas transnacionales que actuarán en Bolivia.

Como se considera que no sólo es necesario que se internacionalice el control de la economía, sino que haya un ambiente adecuado que garantice la estabilidad necesaria para el desarrollo de Bolivia y para los inversionistas extranjeros, los organismos financieros intervienen en gran cantidad de aspectos intrínsecamente ligados con la soberanía del país.

En la actualidad organismos financieros internacionales y agencias de algunos países desarrollados, financian programas relacionados con la modernización del Estado, el proceso electoral, el funcionamiento del Congreso, el Poder Judicial, la modernización y capacitación de la aduana, etc., y contribuyen al pago de los salarios de los funcionarios superiores del gobierno central.

De qué independencia se puede hablar, cuando hasta parte de los sueldos de los altos funcionarios del Estado son pagados por organismos financieros internacionales.

Aunque es cierto que muchas veces la intervención de las agencias financieras no ha sido impuesta por ellas, sino solicitada por el propio Estado boliviano, sin una evaluación clara de sus consecuencias sobre nuestra soberanía, sin embargo el resultado ha sido el conducirnos a una situación de enorme dependencia, a la que el actual Presidente de la República se refirió como “terrible”.

A lo anterior se quiere añadir la enajenación del manejo de uno de los últimos baluartes en los que al pueblo boliviano le queda un resto de poder de decisión, que es en las empresas del Estado como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), en las que este poder de decisión se transferiría a las transnacionales a través del llamado proceso de capitalización del que nos ocuparemos más en detalle.

Como veremos, la pérdida de independencia nacional o pérdida del poder de decisión de los miembros de la nación sobre cuestiones claves para su futuro, está influenciada por factores externos y por factores internos entre los que se destaca la aceptación de una psicología de la dependencia, y la falta de solidaridad entre los componentes de la nación, que hace que algunos de sus sectores actúen, no considerando lo que es mejor para el conjunto de la nación, sino lo que es mejor para ellos.

Lo expuesto en este capítulo no quiere decir que los países en desarrollo deban aislarse de la comunidad financiera mundial, o que no deban contratar préstamos de fuentes externas en general ni de los organismos financieros internacionales en particular que, como hemos dicho, son frecuentemente los más convenientes.

De lo que se trata, es de que los países receptores deben evitar el endeudamiento excesivo, y en los casos en que sea necesario contratar financiamiento externo, hacerlo con plena consideración a los intereses permanentes del conjunto de la nación y sin aceptar interferencias con su poder de decisión.

CAPITULO II

La Cuestión de la Hegemonía Mundial

La cuestión del dominio de un Estado o un grupo de Estados, o inclusive de una élite dentro de un Estado sobre los demás, no es una cosa nueva, y más bien se puede decir que es una constante a lo largo de la historia, que se observa desde los Estados vasallos de Egipto, pasando por las civilizaciones de la Mesopotamia, Grecia y Roma en la antigüedad, hasta el dominio que ejercieron recientemente los países de Europa.

Lo diferente es que ahora nos encaminamos a un dominio a nivel mundial, en el que ya casi no existen poderes rivales como lo fueron Persia y Grecia en su momento, o Francia e Inglaterra en otra época, o la Unión Soviética y Estados Unidos en tiempos más recientes, que hacían que los países más pequeños no estuvieran sometidos a un solo dictado y pudieran tener una alternativa, aunque a veces fuera remota, para el caso de que uno de los poderes les quisiese imponer condiciones intolerables de sometimiento.

El asunto de la hegemonía mundial se ha discutido desde distintos puntos de vista, sobre todo desde el derrumbe de la ex Unión Soviética.

Se ha sostenido que, con el derrumbe de los países socialistas se hubiese llegado al fin de la Historia, si se entendía esta como una lucha constante entre dos concepciones diversas del mundo, o por lo menos entre dos o más poderes más o menos equilibrados.

Algunos han interpretado esta ausencia de dos poderes antagónicos como el inicio de una etapa en la que el mundo se encamina hacia un orden mundial entre Estados iguales, por lo menos en lo que se refiere a Estados con los mismos derechos y obligaciones, y a un proceso en el que si bien va desapareciendo la independencia nacional en un sentido absoluto, esto se debe a que es necesario ir cediendo esta independencia en aras de una interdependencia progresiva entre Estados iguales.

Sin embargo, si se analiza el proceso que sigue el mundo en los últimos tiempos, se ve que este se encamina a una sociedad no de Estados iguales, sino a una sociedad en que los más fuertes son los privilegiados y los demás, Estados de segunda o tercera categoría.

Este fenómeno se puede observar en la organización mundial por excelencia, las Naciones Unidas, en la que existe una Asamblea General en la que todos los países miembros tienen derecho a un voto por país, pero en la que existen cinco países privilegiados, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China) que tienen además derecho de veto, es decir sin cuyo acuerdo las Naciones Unidas no pueden emprender ninguna acción significativa.

Esto es particularmente importante cuando se tiene en cuenta que Naciones Unidas viene actuando cada vez más como un Gobierno Mundial, especialmente en lo que concierne a autorizar y ejecutar operaciones de fuerza contra Estados que se considera que violan de manera importante los principios de la comunidad internacional, como en los casos de Irak, Ruanda, Haití y otros.

Si bien los casos en los que este poder se ha ejercido hasta el presente gozan del apoyo de gran parte de la opinión pública mundial, no debe perderse de vista que se trata de casos en los cuales los países dominantes tienen que estar de acuerdo, y que nadie considera posible una intervención de Naciones Unidas contra estos países, aún en casos de evidente violación de los principios internacionales.

Algo similar ocurre en lo que concierne al uso de la energía atómica. Se considera que los países que actualmente cuentan con armas atómicas pueden conservarlas y aun perfeccionarlas, pero que los demás países no pueden tener acceso a las mismas. Detrás de todo esto está un concepto no de igualdad entre los Estados, sino de que existen unos pocos países que son más responsables y tienen por lo tanto más derechos que los demás.

Actualmente entre las políticas de los países desarrollados está la promoción de la actividad del capital privado y del libre flujo de capitales y la internacionalización de la economía.

Si bien estos postulados pueden en muchos casos ser saludables, la raíz del problema está en que en la práctica no se promueve una internacionalización y liberalización de la economía en condiciones de relativa igualdad.

No se trata de que dada la enorme diferencia en la magnitud de las economías y desarrollo tecnológico entre los países superindustrializados del norte y las débiles economías de los países del sur, una internacionalización y liberalización de la economía a nivel mundial pudiese garantizar un desarrollo sostenible y relativamente independiente de los países más pobres, pues posiblemente para esto se requeriría de medidas de protección para estas economías más débiles, sino que, paradójicamente, lo que se observa es una situación inversa, donde se induce a los países más débiles de América Latina, y a los países sub-desarrollados en general, a abrirse completamente al comercio internacional y a enajenar sus empresas públicas al capital internacional en condiciones de casi regalo, con el pretexto de que hay que crear condiciones atractivas al capital internacional.

Contrariamente a lo que promueven y predican, los países desarrollados no liberalizan ni abren sus economías, sino que las protegen con toda clase de medidas encubiertas o no, es decir estamos en un escenario internacional donde se protege a los fuertes y se obliga a los débiles a que renuncien a sus protecciones.

En el caso de los Estados Unidos, podemos citar como ejemplos, la imposición de cuotas de importación para diferentes productos, tal es el caso de las cuotas de importación de azúcar, mientras se predica que países débiles como Bolivia tienen que abrir su comercio y exponer su sector agrícola, por ejemplo, a una competencia ruinosa no solo por las importaciones masivas de productos de países que tienen mejores condiciones naturales y economías de escala mayores como Argentina y Chile por ejemplo, sino incluso de donaciones como las de harina de trigo (que se hacen principalmente para evitar que baje el precio en el país de origen) que han llevado casi a la extinción de la producción de trigo nacional.

En los Estados Unidos también, no se permite que intereses extranjeros controlen la mayoría de las acciones de las empresas que ellos consideran estratégicas, aunque este concepto se ridiculice cuando se trata de países subdesarrollados. Una lista exhaustiva sería demasiado larga y requeriría de mucho tiempo para su recopilación, pero podemos citar el caso de las aerolíneas. En efecto cuando la aerolínea holandesa KLM quiso comprar la aerolínea norteamericana North West Air Lines, por intermedio de Wings Holding, no se le permitió que compre más del 49 % de las acciones, y que tenga más del 25 % de los votos en el directorio (“25% of voting stock”), porque se considera que este sector es uno de los estratégicos y vitales para la nación.

Algo parecido ocurre en el sector hidrocarburos en el que mantienen importantísimas reservas estratégicas, o incluso en minerales como el estaño para el que mantienen el famoso “stock pile” de aproximadamente 50 mil toneladas métricas.

En cambio en Bolivia los que predican el neoliberalismo y la internacionalización de la economía sostienen que no debe haber sectores considerados estratégicos, que el país debe vender todas las empresas y todas las materias primas, incluso como en el caso del gas, a precios que difícilmente permitirán la recuperación de los costos de producción, y en los que Bolivia se desprenderá de una parte importante de sus reservas para que algunas empresas constructoras obtengan grandes utilidades.

En el caso de la comunidad económica europea, las prácticas de política económica aplicadas tampoco están de acuerdo con lo que se predica, pues no solo han construido un mercado protegido hacia el exterior, sino que en general se han opuesto al control extranjero de los sectores más importantes de la economía.

Adicionalmente la comunidad europea tiene una política de fuertes subsidios a los productos agrícolas, con lo que pone fuera del mercado internacional a la mayoría de estos productos de los países menos desarrollados y les priva de importantes ingresos con esta práctica proteccionista y contraria a la prédica neoliberal.

En el caso del Japón y de los países recientemente industrializados del Asia conocidos como los “Tigres Asiáticos” (Taiwan, Corea del Sur, Singapur y otros en proceso de idustrialización) su desarrollo industrial tardío se logró, no en base a la apertura de la economía ni a que el Estado se abstenga de intervenir en asuntos económicos, pues aún una de las grandes preocupaciones de los Estados Unidos es el lograr la apertura del mercado japonés y el conseguir por medio de numerosas presiones, y no confiando en las fuerzas del mercado como quieren que hagamos nosotros, el disminuir el superávit para el Japón en el intercambio comercial de ambos países.

Detrás de la teoría de la conveniencia de que el Estado venda sus empresas, sin duda en muchos casos hay razones que pueden ser valederas. Sin embargo uno de los obstáculos a la penetración de las transnacionales son estas grandes empresas públicas, como la estatal brasileña del petróleo PETROBRAS y otras grandes empresas estatales en las que un residuo del poder de decisión está, no en la mesa de los accionistas internacionales, sino en gobiernos diferentes a los de los poderes dominantes y que representa uno de los últimos escollos a este poder total.

En los temas de la liberalización de la economía, y la enajenación y extranjerización de las empresas del Estado estamos pues en una situación en que estas políticas promovidas por los países desarrollados y por los organismos financieros internacionales por inspiración de estos, no son seguidas por los mismos.

La enajenación del control de las empresas del Estado, requiere de una orientación en ese sentido por parte del Gobierno del país afectado y, en el caso de Bolivia, se ve facilitada por la acción de un Parlamento que, en general, cumple los deseos del Poder Ejecutivo, pues en Bolivia se vota por listas únicas que comprenden a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República y a las diputaciones y senadurías, es decir quién vota por un determinado candidato a la Presidencia, automática y obligatoriamente vota por la lista de candidatos a diputados y senadores que lo acompañan, con lo que se entra a un proceso de selección inversa, pues en vez de que el electorado reelija a los representantes nacionales que hubiesen desempeñado un papel digno y eficaz, la selección la hacen los jefes de los partidos, que en casi todos los casos son los candidatos a la presidencia, por lo que se elimina, con honrosas excepciones, a los representantes con actitudes independientes y se selecciona, en general, a los más solidarios con las propuestas del ejecutivo.

Debe reconocerse que en el tema de la elección de los miembros del Congreso y en el de la participación popular el actual Gobierno está adoptando importantes medidas acordes con la justicia y el interés nacional.

Aúnque existen corrientes genuinas en los países más ricos para ayudar a los más pobres, una preocupación a nivel mundial para disminuir la pobreza extrema, y el avance cada vez más rápido de la ciencia y la tecnología hace que la cantidad de bienes disponible se incremente continuamente, con lo que se puede esperar un mejoramiento de la situación económica del mundo en general, sin embargo vemos que la dirección en que se encamina el mundo, no es a una asociación entre Estados con iguales derechos y obligaciones, que podría derivar casi en una especie de confederación mundial en la que todos los Estados tengan básicamente los mismos derechos y obligaciones y en la que por lo tanto, todos los habitantes del mundo tengan obligaciones, derechos y oportunidades similares, sino que la evolución es hacia la consolidación de privilegios, mejores condiciones de vida y concentración del poder de decisión en los países más ricos y no solamente en estos, sino que a su interior se da un fenómeno de concentración especialmente en lo que se refiere a los ingresos económicos y al poder de decisión, en elites y grupos económicos privilegiados, que financian parte de las campañas políticas, controlan los órganos de comunicación y ejercen un poder desproporcionado y no siempre visible.

En este sentido creemos que un análisis como el que se presenta en este libro podría interesar no sólo a los preocupados por el destino de los países de menor desarrollo, sino también a los hombres y mujeres de buena voluntad de los países desarrollados, que por razones de justicia y equidad tienen que ver con preocupación no solo el proceso de pérdida de independencia de los países más débiles, sino que tienen un interés inmediato en la pérdida del poder de decisión de la mayoría de la población de los países desarrollados en favor de elites que concentran este fantástico poder y lo ejercen de manera sutil y casi desapercibida por la mayoría, pero no por eso menos efectiva e inquietante.

REFERENCIAS

1.                  PNUD - “COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO - BOLIVIA - INFORME 1.992”

2.                  - Casto Rojas, “HISTORIA FINANCIERA DE BOLIVIA”, editorial e Imprenta de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, 31 de agosto de 1977.

3.                  -BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, Subgerencia Deuda Externa, “ESTADO DE LA DEUDA EXTERNA DE BOLIVIA” - 30 de junio de 1992.

4.                  -Müller & Asociados, Informe No. 86, marzo 94 e información adicional sobre inversiones.

5.                  -Como apoyo a diversas partes del libro, se ha utilizado la publicación “ENDE, 30 años al Servicio de Bolivia, 1962 - 1992”