Arce: La actitud del Gobernador de Tarija dificulta la coordinación

Héctor Arce Zaconeta formó parte del embrión del Movimiento Al Socialismo y hoy por hoy, del núcleo duro más cercano al Presidente. Diestro abogado, ha ocupado diferentes cargos clave en los 14 años de gestión de gobierno, tanto desde la Asamblea Legislativa, desde donde ha impulsado las leyes clave del nuevo Estado Plurinacional, como desde el Ejecutivo, donde también ha sido Procurador. Hoy es Ministro de Justicia y si pudiera, tal vez se dedicaría solo a eso, pero es también el Ministro coordinador con Tarija, un cargo fundamentalmente dedicado a cohesionar el partido y verificar las estrategias políticas. En plena campaña electoral y en medio de la reciente escalada de tensión con el Gobierno Departamental, el ministro conversó con El País tanto de la actualidad política como de las medidas más importantes tomadas en el Ministerio.

El País (EP): Además de ministro de Justicia es el ministro de Coordinación de Política en el departamento de Tarija. El MAS Tarija siempre ha sido complicado, con mucha pelea… ¿Qué tal está de salud el partido en este momento?

Héctor Arce (HAZ): Yo creo que bien. Una agrupación política de la magnitud que tiene el Movimiento Al Socialismo siempre he de tener ideas diferentes, pugnas internas. Una suerte de situaciones que son inherentes a la naturaleza política de cualquier organización, pero siempre bajo el liderazgo del presidente Evo Morales y bajo una visión de servicio para resolver los problemas. Yo creo que ahora, la salud interna esta en muy buen estado y preparándose para una elección muy importante.

EP: Hemos visto la semana pasada algunas peleas entre algunos primeros espadas como Álvaro Ruiz y Walter Ferrufino. ¿Está clara la estrategia de campaña?

HAZ: Yo creo que son puntos de vista, todos respetables en democracia, pero no significa bajo ningún punto de vista que hay divisiones. Yo creo que el Movimiento Al Socialismo está más unido que nunca. Los cuadros importantes, las personas importantes como alcaldes, subgobernadores, asambleístas y los candidatos que tiene ahora el instrumento político, así como los cuadros dirigenciales es una representación muy polifacética de todo lo que es el tejido urbano, rural y social en cada uno de los departamentos, yo creo que en el caso de Tarija es parte de ese tejido. Es una situación que no amerita, he visto que ha habido una intencionalidad en algunos medios de comunicación y algunos sectores políticos en mostrar siempre este tipo de situaciones que son inherentes en cualquier tipo de organización política y no representan una situación complicada ni difícil. Pero, bueno, es parte del quehacer político. El MAS está con muy buena salud y con muy buenas condiciones de preparación para enfrentar este proceso electoral que se viene adelante.

EP: Las encuestas no les son favorables en el departamento de Tarija. No sé si cree mucho en ellas pero ¿en qué se está trabajando para revertir esa situación?

HAZ: Bueno, mi opinión personal es que las encuestas siempre han tenido una capacidad de acertar que no es de las que quisiéramos que sea en democracia. Hay una fiebre de encuestas ahora ¿No? La verdadera encuesta, la que vale, es la encuesta de las urnas. Es el acto político, democrático, válido donde finalmente se evidencia la elección que le dice el pueblo, la elección del Gobierno que quiere el pueblo y ahí es donde vamos a ver la realidad definitiva de lo que pasa. Yo no quisiera descalificar, ni ponderar, ni desmerecer ninguna encuesta. Son consultas. Habrá que ver con qué profesionalismo se las hace. Pero la verdadera palabra del pueblo se expresa finalmente en las urnas.

EP: Sobre la confrontación con el gobernador, Adrián Oliva. El Gobernador hablaba la semana pasada de una estrategia de asfixia. ¿Cómo toman este tipo de planteamientos?

HAZ: No, yo no. Yo lamento muchísimo que no se haya podido llegar a un grado de coordinación con el Gobernador. Don Adrián Oliva es una persona que yo respeto. Yo lo conocí cuando era diputado en el año 2010.

Lamento muchísimo que no se haya podido llegar a un grado de coordinación con el Gobernador, por su actitud, es algo que no corresponde

El era diputado. De hecho, puede dar fe del trato y la consideración que yo le he tenido a él y a todos los diputados en posición. Creo que en algún momento logramos hasta un grado de amistad si se puede llamar así. Situación que existe siempre en los parlamentarios. Estas conviviendo cinco años y de alguna manera tienes que tener una relación, tienes que tener una empatía. Yo logré empatía con mucha gente de la oposición que hasta el día de hoy son grandes amigos y los respeto muchísimo y yo me imaginé que, en función a eso, podíamos tener una relación, pero el Gobernador es especial en ese sentido. Es una posición un poco más ruda, más cerrada.

Yo lo acompañé al ministro (de Economía y Finanzas) Arce, Luis Arce Catacora hace un par de meses sobre varios temas económicos con los alcaldes, los subgobernadores y lo noté distante. Con mucha dificultad para construir puentes y eso no debe haber, no debe haber nunca entre el Gobierno nacional y el Gobierno regional. Todos quienes servimos al pueblo en diferentes cargos, ya seamos electos, seamos designados, o ya seamos administrativos o seamos de confianza debemos siempre articularnos y debemos trabajar en beneficio de la sociedad.

Hay una suerte constante, permanente de responsabilizar al Gobierno nacional sobre determinados temas que son, a veces, de responsabilidad del Gobierno departamental. Tiene esa exacerbación de utilizar ciertos temas para generar una lógica de victimización y una lógica de manipulación de la sociedad tarijeña, principalmente lo que es la ciudad capital, contra el Gobierno central. Eso no debería ocurrir. No debería darse. No debería ser así. Estuvimos con el monseñor Javier del Río, hicimos un reconocimiento con el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, y después comentó una situación que me preocupó muchísimo en particular ¿no? Me dolió, no me preocupó. Me dolió.

Él mencionó que, con este tema de los débitos automáticos y demás, en esa lógica de victimizarse el Gobernador suprime varios gastos y había suprimido, en algún momento el aporte que la Gobernación que da 12 o 14 bolivianos, creo, para la alimentación de los niños de los hogares. No creo que esa sea una situación justificada. Los débitos no le han dejado sin ese poco dinero que es para la comida de los niños, la alimentación de los niños que no tienen padres, no tiene una madre, no tienen una familia. Yo creo que hay que hacer política y estas formas de hacer política ¿sabes? Son rescatables y no son razonables. No por un débito automático va a querer una situación de esa naturaleza ¿no?

O cuando hicimos el 6 de agosto aquí en Tarija. El presidente Evo instaló una forma de relacionarse con las regiones. El presidente yo creo que es el presidente que más ha visitado a las regiones, el hombre que más conoce Bolivia. El Presidente así ha querido llevar el festejo del 6 de agosto que creo que es un festejo nacional a diferentes departamentos. El año 2016 lo trajimos aquí, él dijo “yo quiero llevarlo a Tarija.” Y el 6 de agosto era un momento muy decisivo y lo trajimos aquí, hicimos la sesión aquí. El gobernador, Adrián Oliva, con el mismo respeto y consideración que yo le tengo y que jamás va a cambiar, prefirió irse a Bermejo. El hermano presidente, el presidente de la Asamblea (Legislativa Plurinacional), los dejó a los 130 diputados, a los 36 senadores. Es una actitud que no corresponde. Yo creo que hay cosas más importantes que la política. La política tiene que ser lo segundo. Ahí yo tengo algunas observaciones respetuosas, pero bastante firmes en cuanto a la labor personal. Él ha sido una persona que ha trabajado conmigo.

REFORMAS JUDICIALES

EP: Entrando ya a temas más propiamente de su competencia. El Código Penal, ¿se está volviendo a hablar del tema?

HAZ: Bueno… lo que pasó con el Código Penal, que fue una situación totalmente injustificada. Diferentes sectores fueron movilizados, fueron engañados bajo situaciones que no necesariamente eran correctas y se produjo que se venga abajo la aprobación del Código Penal. Una situación que en realidad no se justificaba, no se justificaba porque no había razones, pero eso es otra historia. Ante esta situación, el Ministerio de Justicia recibió una instrucción del presidente Evo, nos pusimos a trabajar en una norma de emergencia. en un consenso, en un gran consenso.  Quizá el problema fue que, en su momento, todo el sistema penal, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no lo socializó lo suficiente. Las estrategias tienen que se conocidas, nosotros hemos hecho muchos códigos, muchas leyes en el periodo constitucional, cuando yo era diputado y el Gobernador también era diputado, hemos aprobado al menos cinco códigos para la justicia: el Código Procesal Constitucional, el Código Procesal Civil, Código de las Familias, Código Niño, Niña y Adolescente y una nueva ley que ha revolucionado totalmente la función notarial en Bolivia. Hoy es otra la función que tenemos. Seguimos socializando haciendo conocer estas normas.

EP.- Ahí surge la 1173

HAZ.- Después de lo que pasó, hicimos una ley de emergencia en un vasto consenso. Hemos estado en todo el país, hemos trabajado muchísimo con el Poder Judicial, el órgano Judicial como se llama ahora, el Supremo, el Consejo de la Magistratura, los tribunales departamentales, el Ministerio Público, la Procuraduría, la Universidad nacional en su conjunto y hemos logrado construir una norma de la unidad de la abreviación procesal penal (Ley 1173) que es una norma que tiene determinados elementos concretos y objetivos para evitar que la gente sufra.

Hoy en la administración de justicia en Bolivia sufre la víctima, sufre el procesado. Todos sufren y nadie encuentra justicia. La justicia que tarda no es justicia. No hay nada más parecido a una injusticia que una justicia lenta, una justicia tardía. Y esta ley de abreviación procesal penal lo que hace es abreviar los procedimientos, simplificar los elementos bajo ejes determinados para que la justicia sea pronta, sea objetiva, sea nítida y transparente para que no se juegue con la libertad de otra persona, para que se deba sancionar y en definitiva se haga justicia.

EP: ¿Cuáles son las claves que se manejan? Precisamente para ese objetivo

HAZ: Vivimos en nuestro diario vivir con celulares ¿No es cierto? No podemos concebir nuestra vida sin estos equipos. Recibimos correos, compartimos información y nos movemos en base a la informática. Si usted entra a un juzgado, retrocede 30 o 40 años en el tiempo. Usted va a ver máquinas de escribir, computadoras sin acceso a internet y para llevar una notificación a una persona tiene que hablar con un funcionario, pedirle una cita, pagarle dinero para que finalmente en días o semanas cumpla esa formalidad cuando eso puede estar en un click de estos equipos (apunta a su celular).

Hemos desembarcado y vamos a desembarcar con esta ley, con fuerza, con mucha fuerza en cuanto a la informática y la tecnología. Vamos a tener una oficina gestora de procesos donde vamos a tener estos temas informáticos y manejar esta situación que los procedimientos y los mecanismos para lograr que la informática simplifique la vida de estas personas.

Un segundo eje fundamental es que debemos regular de manera correcta lo que es la detención preventiva. El poner una persona inocente, una persona que esté procesada que no ha confesado un delito o que ha sido encontrado infraganti es considerada una persona inocente, porque eso dice la presunción de inocencia, ponerla en detención preventiva tiene que ser la excepción y no la regla. Hoy en día el juicio, el proceso en sí se resume y termina con la audiencia de medidas cautelares. Es en esa audiencia donde se define todo. Se define por la detención preventiva o por la defensa en libertad. Si se da la detención preventiva se ha puesto a una persona en la cárcel y esa persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.

Se han dado muchos casos donde los jueces llegan finalmente a identificar que hay personas inocentes que están siendo detenidas y sometidas a procesos de culpabilidad. Luego tienen miedo de dictar una sentencia absolutoria porque se trata de una persona que ha estado detenida tres años preventivamente. ¿Cómo le dices cuando era inocente? ¿Qué le dices? Le dices, mira has perdido tres años de tu vida. Puedes irte. Vas a disculpar. Es grave, es gravísimo.

Entonces, esta norma busca que la detención preventiva se convierta en la excepción y no la regla como es en la actualidad. Por supuesto que hay casos, violencia contra la mujer, violencia contra los niños, narcotráfico, corrupción, delitos contra la integridad del Estado, que siguen teniendo un régimen duro, un régimen severo, pero para el resto hay un sistema más calificado. Si se pide la detención preventiva se la pide bajo un determinado tiempo, bajo un determinado programa del Ministerio Publico tiene que hacer, porque si no, no puedes obviamente agarrar y poner a personas en la cárcel.

Esta ley tiene elementos que benefician a las mujeres. Que fortalece a la Ley 348 y se fortalecen los mecanismos que existen de protección para la niñez y la adolescencia que están contenidas en el Código de Niño, Niña y Adolescente y en otras normas. Esta norma, a la vez, considera una redistribución de los juzgados para que las causas se despachen rápidamente. Para que las audiencias no se suspendan. Que empiece un juicio y termine con las sentencias, que se tengan que evitar días y horas extraordinarias, que no se abuse de los procedimientos dilatorios  que nosotros los conocemos con el nombre de chicanas y finalmente tengamos un procedimiento objetivo, sencillo, corto que termine dando justicia y dando la solución a la causa penal sin generar sufrimiento, estancamiento y siempre tener una atención social y tanto el proceso como la victima tenga finalmente puedan tener la justicia.

EP: ¿Cómo se va a lograr evitar precisamente esas chicanas?

HAZ: Hay mecanismos jurisdiccionales muy concretos. Por ejemplo, uno de los mecanismos que se utiliza para evitar los procesos son las excusas. Un abogado, que tiene un cliente que sabe que es culpable, para evitar la audiencia, para evitar que avance el proceso empieza a excusar a todos los jueces. Yo conocí en la ciudad de La Paz, debe haber casos aquí en Tarija, donde se excusan a toditos los jueces y acaban en el distrito mas cercano, en el caso de La Paz acababan en El Alto, aquí acaban en San Lorenzo algunos procesos. Eso no se permite más. Usted puede excusar dos veces. Por este juez y por este otro juez y después debe someterse al proceso. Las apelaciones que antes demoraban muchísimo se despachan en cinco días. Las audiencias, que es el gran mecanismo de extorsión que se suspende, se suspende, se suspende, no se van a suspender. Ha de haber una oficina gestora de procesos que va a hacer un barrido y un registro permanente, de coordinar, además, cruzando e intercambiando los sistemas. Un interconectado del Ministerio Público y del Poder Judicial para que los procesos se den. Vayan los jueces, vayan los fiscales, vayan los abogados, vayan los peritos, vayan los técnicos, vayan las partes, entre muchas otras partes.

EP: ¿Qué medidas concretas se incluyen?

HAZ: Le pongo un ejemplo más concreto. En la actualidad hay audiencias de doce horas, y a veces terminan a las cuatro de la mañana y esa audiencia tiene que ser transcrita. Imagínese lo que es transcribir en una computadora, escuchando una vetusta de grabadora que además funciona con casete, esa pieza casi de reliquia, y transcribir, y transcribir horas y horas. ¿Por qué no usar un registro magnetofónico? En esta ley se establece que el registro magnetofónico se entrega a las partes concluida la audiencia y tiene el mismo valor que el acta que se tardaba en transcribir una semana, dos semanas. Acaba el acta y se queman dos CDs o se saca por dispositivo electrónico y se entrega a cada una de las partes y las partes están notificadas. Las partes conocen, ya han visto. No pueden aludir que no conocen y esperar que se haga el testimonio, a que se haga el acta. Como muchos otros elementos. Hay instituciones que se plantean ahora en audiencia, hay soluciones que tienen que darse dentro de la audiencia, no se puede postergar, omitir ese espacio entre el juicio ni la emisión de la sentencia, que muchas veces incluso se prestaba para hacer actos de corrupción. Se acabó.  Hay varios mecanismos objetivos para buscar rapidez, para buscar la transparencia y para buscar la modernización, la informatización.

Recibimos correos, compartimos información y nos movemos en base a la informática. Si usted entra a un juzgado, retrocede 30 o 40 años en el tiempo

EP: Se mantienen las salidas alternativas

HAZ: Si. El juez tiene la obligación igual que el fiscal que impulsar la conciliación en los casos que proceda, los casos jurídicos que no puedan ser renunciados y por supuesto vamos a tratar de crear una lógica para que esto mejore. La transformación más importante quizá es que se está trabajando mucho en el conocimiento de esta norma. Actualmente, en Bolivia, en todo Bolivia, hay cursos de diplomado que están cursando todos los jueces, todos los abogados, todos los fiscales. Para jueces y fiscales es obligatorio. Cuando entre la ley en los próximos meses, en octubre o en noviembre, el haber pasado esos cursos es un requisito ineludible y se necesita conversión. Tiene que haber una buena actitud de los jueces. La mejor ley en las manos de un mal juez no sirve para nada. Una ley mala en las manos de un buen juez es una buena norma.

EP: ¿Existe para casos de corrupción pública? 

HAZ: Se mantienen los elementos de severidad de la persona en la persecución de los delitos de persecución. Usted sabe muy bien que en los últimos tiempos hemos procesado y encarcelado una gran cantidad de alcaldes. Uyuni, el alcalde de Ravelo recientemente, Quillacollo, en el municipio de Riberalta, Achacachi. Son algunas, solamente alcaldías, hay muchas otras instituciones donde siendo alcaldes del Movimiento Al Socialismo hemos intervenido, hemos procesado y encarcelado a la gente corrupta. Nuestro mandato es cero tolerancia a la corrupción y así lo vamos a mantener siempre. Es un mandato del presidente Evo y lo cumplimos con acciones específicas. Yo le pondo a cualquiera de estos municipios, lo vuelvo a decir. Uyuni, Achacachi, Riberalta, Quillacollo, Ravelo, por citar solamente algunos. Han sido intervenidos por acciones conjuntas que han entrado al Ministerio de Justicia y Transparencia.

EP: Por datos del Ministerio, se hablaba de 64 por ciento de trámites judiciales que tienen que ver con casos penales. ¿En Tarija se mantiene este porcentaje? No se si tiene, porque en Tarija ha habido mucho dinero, muchos caos de corrupción. ¿Qué porcentaje de corrupción corresponde aquí?

HAZ: El porcentaje de casos de corrupción no es tan grande, felizmente. Claro, los casos penales son todo en general ¿No? El derecho está penalizado, si vale el término. Cualquier tema civil o de otra naturaleza siempre acaba siendo penalizado. Siempre la gente quiere llegar al proceso penal porque cree que encuentra una solución más rápida, más objetiva, pero ese es otro tema. En cuanto a corrupción, nosotros actuamos de la misma manera. No hay tantos casos aquí en Tarija. Si hay procesos a diferentes autoridades, todos se llevan con la misma objetividad. Yo le pongo el ejemplo de lo que hemos venido haciendo. La mayor cantidad de alcaldes que han sido procesados y denunciados y encarcelados pertenecen al Movimiento Al Socialismo, pero si hay autoridades como el alcalde de Cochabamba, por ejemplo, u otro tipo de autoridades que tienen procesos que deben responder a la justicia. Porque esa es la base del Estado de derecho. La institucionalización de la ley pública es la base de la democracia y es la base del principio fundamental de que todos estamos sometidos a la Constitución (Política del Estado)

EP: La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz hablaba precisamente de corrupción pública han pasado ya varios años. ¿Cuál sería la evaluación? También hay quienes consideran que esta Ley ha ralentizado de alguna forma la gestión pública

HAZ: Ha habido una lógica de generar un mayor temor en los funcionarios públicos. Yo creo que es un temor injustificado, porque como dice el presidente “quien actúa bien, quien actúa correctamente no tiene porque tener el mínimo temor de sus actos”, pero obviamente hay gente que le genera cierta susceptibilidad. Yo creo que para el tamaño de la enfermedad que era la corrupción en Bolivia, que lamentablemente todavía existe como lo existe en cualquier otro país del mundo, siempre se lo reduce, pero no se logra eliminar. Ni las grandes naciones han logrado. Por eso nosotros no decimos cero corrupción, sino decimos cero tolerancia a la corrupción. Hay que perseguirla hasta el último, pero es un mal endémico en la humanidad. No ha habido una nación que se haya podido liberar totalmente de la corrupción. Ojalá hubiera un método para hacerlo, lo haríamos. En esa lógica, yo creo que era una ley necesaria. Que (es) dura complicada, pero una ley necesaria para la magnitud de la obra que teníamos que plantear en ese momento. Estamos hablando de casi diez años, es una de las primeras leyes que hemos aprobado. Es la cuarta ley que se aprobó después de que entre en vigencia la nueva Constitución y es una ley que de verdad era necesaria porque había que dar un golpe fuertísimo para buscar el desarrollo. Hay una ecuación muy simple, a mayor corrupción menor desarrollo. A menos corrupción, mayor desarrollo.

EP: Para terminar. de tres plazos de la puesta de vigencia y plazos para la implementación total.

HAZ: Está muy razonada, muy responsable. Hay muchos elementos que van a entrar en vigencia ya el siguiente mes y hay otros elementos que van a entrar en vigencia en el mes de enero hasta el mes de febrero. No queremos cometer ningún error. Esta es una ley que se ha hecho muy razonablemente, muy responsablemente. Se ha trabajado con todos los sectores, pero a principio del próximo año vamos a tener totalmente vigencia en la ley. Es una ley de emergencia de proceso penal, que tarde o temprano tenemos que hablar de un nuevo sistema penal, pero entre tanto el surgimiento de la ley. Ese es el objetivo de la norma., Yo creo que el objetivo supremo es la acción tutelar de la justicia y la razón de ser de un sistema de administración pública.