¿Por qué la Gobernación apuesta por usar San Jacinto para riego y no para electricidad?

La Gobernación de Tarija busca poner fin, de mutuo acuerdo, al contrato que permite a ENDE Guaracachi operar la central hidroeléctrica de San Jacinto. La gobernadora María René Soruco cuestiona las condiciones económicas del convenio firmado en 2015 por un plazo de 30 años – cuando por cierto la licencia de funcionamiento de Servicios Eléctricos de Tarija pendía de un hilo - y sostiene que la distribución de los ingresos —92% para la empresa estatal y 8% para Tarija— es desfavorable para el departamento.

La administración departamental solicitó información sobre el contrato y plantea una reunión bilateral para discutir su terminación. Por ahora, la iniciativa se encuentra en fase de gestión y negociación: no se ha informado de una rescisión formal ni de un acuerdo definitivo con ENDE, pero se trata de un tema enquistado por años que Soruco quiere resolver.

San Jacinto combina dos funciones estratégicas para el valle central: generar electricidad y almacenar agua para el riego agrícola. La discusión sobre quién recibe los ingresos de la energía está vinculada, por tanto, a otra pregunta fundamental: cómo se administra el embalse para compatibilizar la producción eléctrica con las necesidades de los agricultores.

Una central pequeña para el país, estratégica para Tarija

San Jacinto inyectó 22,6 gigavatios hora (GWh) al Sistema Interconectado Nacional durante 2025, frente a 23,5 GWh en 2024, según la memoria anual del Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC).

La cifra permite dimensionar su papel. En 2025, todos los generadores del sistema nacional inyectaron 11.413,3 GWh. San Jacinto representó aproximadamente el 0,2% de ese total. No es una central capaz de cambiar por sí sola el abastecimiento eléctrico nacional, pero su importancia regional va más allá de su volumen de producción: forma parte de un proyecto múltiple que también sostiene actividades agrícolas mediante el almacenamiento y la distribución de agua.

La generación hidroeléctrica depende del caudal disponible, de las condiciones de operación y del agua que puede utilizarse sin comprometer otros usos del embalse. Por eso, el valor de San Jacinto no puede medirse exclusivamente por la energía vendida o por las utilidades que genera.

Cómo funciona el mercado eléctrico boliviano

Para entender la controversia, conviene distinguir tres actividades: generación, transmisión y distribución.

La generación consiste en producir electricidad en centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, solares, eólicas o de biomasa. Esa energía se inyecta al sistema eléctrico y se utiliza para abastecer la demanda. La transmisión la transporta mediante líneas de alta tensión, mientras que la distribución la lleva hasta los hogares, comercios e industrias.

El Comité Nacional de Despacho de Carga coordina la operación del Sistema Interconectado Nacional para equilibrar la oferta y la demanda. La Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) regula el sector y aprueba o controla los precios y tarifas máximos establecidos por la normativa.

Esto significa que la electricidad generada en San Jacinto no se traduce automáticamente en ingresos directos para la Gobernación, ni, en ningún caso, esa electricidad producida podría ser distribuida por Setar, que solo puede comprar al SIN. La energía se incorpora al sistema y las transacciones se rigen por las reglas del mercado eléctrico; la participación económica de Tarija depende, entre otros factores, del contrato que regula la operación de la central y que de acuerdo a la Gobernación, solo representa el 8%.

El contrato de 2015 es, precisamente, el punto que la Gobernación quiere revisar. La pregunta es si el reparto acordado resulta conveniente para el departamento y si las condiciones operativas garantizan una gestión adecuada del agua.

El riego, la otra parte de la discusión

San Jacinto fue concebido como un proyecto de aprovechamiento múltiple. La generación eléctrica debe convivir con las necesidades de agua de los productores del valle central, especialmente durante la época seca.

En 2023, la Gobernación informó de un acuerdo con ENDE Guaracachi para elevar el nivel mínimo de operación del embalse y garantizar la dotación para los regantes. El antecedente muestra que las tensiones entre generación y riego ya habían requerido negociaciones entre ambas partes.

La revisión que ahora plantea Soruco debería aclarar cómo se toman las decisiones sobre el nivel del embalse, qué obligaciones tiene el operador y qué mecanismos existen para resolver conflictos entre la producción de electricidad y la disponibilidad de agua para los cultivos.

Una negociación con implicaciones futuras

La terminación anticipada de un contrato de 30 años exige revisar sus cláusulas, las obligaciones pendientes y las condiciones para una eventual transición operativa. También será necesario determinar cómo se mantendrían la central, los equipos y las instalaciones vinculadas al sistema.

Para Tarija, la discusión ofrece la oportunidad de revisar un acuerdo que considera desfavorable y de buscar una participación económica más conveniente, reconocen fuentes de la Gobernación, pero el resultado no debería evaluarse únicamente por el porcentaje de ingresos que reciba el departamento: también debe medirse por la seguridad del riego, la transparencia de las cuentas y la sostenibilidad de la operación.