Ortuño: La autonomía es decidir, y con el 50-50 no decides

Dos décadas después de que las autonomías se convirtieran en una de las principales banderas políticas del país, Bolivia vuelve a discutir la relación entre el poder central y las regiones. El detonante más reciente ha sido la propuesta del denominado "50-50", presentada por el Gobierno como un nuevo pacto de distribución de recursos, pero también han reaparecido planteamientos de federalismo, demandas de reforma institucional e incluso llamados a una nueva Asamblea Constituyente en medio de la crisis de grandes dimensiones que vive el país.

Para el Doctor en Autonomías Esteban Ortuño, sin embargo, gran parte del debate público está concentrado en el dinero cuando la verdadera discusión debería centrarse en el poder de decisión.

"La autonomía es decidir", resume.

La afirmación parece simple, pero encierra una diferencia fundamental entre autonomía y descentralización. Según explica, muchas veces se confunden ambos conceptos. La descentralización permite que gobiernos subnacionales ejecuten funciones o administren recursos; la autonomía, en cambio, implica capacidad efectiva para definir políticas, legislar y planificar dentro de sus competencias.

Esa diferencia es la que lleva a Ortuño a cuestionar la propuesta del denominado 50-50. Aunque el planteamiento ha sido presentado como una forma de fortalecer a las regiones, sostiene que, tal como ha sido explicado hasta ahora, mantiene intacta la capacidad de decisión del nivel central del Estado.

La razón es que los ámbitos mencionados por el Gobierno —principalmente salud y educación— continúan siendo competencias donde las decisiones estratégicas, la legislación y las políticas públicas permanecen bajo control nacional. Los gobiernos departamentales o municipales podrían asumir mayores responsabilidades de gestión o financiamiento, pero no necesariamente mayor capacidad para definir el rumbo de esas políticas.

Desde esa perspectiva, el debate deja de ser exclusivamente financiero para convertirse en una discusión sobre distribución del poder.

La pregunta no es solamente quién administra los recursos, sino quién decide cómo se utilizan.

La discusión también alcanza al federalismo, una propuesta que reaparece periódicamente en distintas regiones del país. Ortuño considera que, en Bolivia, el federalismo suele utilizarse más como una bandera política que como una propuesta institucional desarrollada.

A su juicio, los principales impulsores del modelo federal pocas veces han explicado con claridad cómo funcionaría, qué competencias asumirían los estados federados o qué modificaciones serían necesarias para implementarlo.

La diferencia con el sistema autonómico actual no es menor. Mientras las autonomías operan dentro de una soberanía única del Estado boliviano, los sistemas federales reconocen espacios de soberanía diferenciados entre el Estado federal y las entidades federadas, además de otorgar mayores competencias judiciales y legislativas a los territorios.

En medio de la crisis política actual también han surgido voces que plantean una nueva Asamblea Constituyente como mecanismo para redefinir el modelo de Estado. Sobre este punto, Ortuño advierte que una reforma constitucional de esa magnitud requiere condiciones políticas que hoy parecen ausentes.

A diferencia de quienes ven en la Constituyente una salida inmediata a la crisis, considera que un proceso de reforma total de la Constitución exige consensos mínimos y estabilidad institucional para evitar que el escenario constituyente reproduzca las mismas tensiones que pretende resolver.

La observación abre un debate de fondo. La Constitución de 2009 nació en un contexto de alta polarización política y todavía existen sectores que consideran que varios de sus contenidos fueron definidos desde una lógica de mayoría antes que de consenso.

La pregunta sigue vigente: ¿es posible construir un nuevo pacto territorial sin repetir los errores del pasado?

En Tarija la discusión adquiere una dimensión particular. La autonomía departamental nació precisamente como una demanda política destinada a equilibrar la relación con el poder central y administrar de manera más directa los recursos generados por la región. Sin embargo, la reducción progresiva de ingresos hidrocarburíferos y las limitadas capacidades tributarias de las gobernaciones han dejado en evidencia las restricciones del modelo.

Para Ortuño existe una realidad difícil de ignorar: sin recursos suficientes la autonomía pierde eficacia.

Las gobernaciones poseen pocas fuentes propias de financiamiento y continúan dependiendo en gran medida de transferencias o ingresos definidos desde el nivel central. La consecuencia es una autonomía formalmente reconocida, pero limitada en su capacidad de acción.

Esa situación explica por qué, veinte años después de las primeras luchas autonómicas, el debate sigue abierto.

La discusión ya no gira únicamente alrededor de cuánto dinero reciben las regiones, sino sobre cuánto poder real tienen para definir su propio destino. Y mientras esa pregunta permanezca sin respuesta, la relación entre centralismo, autonomía y desarrollo regional continuará siendo uno de los temas pendientes de la política boliviana.