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La falta de datos impide medir la crisis de salud mental en Tarija

Aunque existe una Ley Departamental de Salud Mental, especialistas consideran urgente la creación de un Observatorio de Salud Mental que permita medir y monitorear la situación en el departamento.

Ecos de Tarija
  • Patricia Contreras Rubin de Celis
  • 08/06/2026 00:00
La falta de datos impide medir  la crisis de salud mental en Tarija
La salud mental sigue siendo un tema pendiente en Tarija

¿Cuántas personas padecen depresión en Tarija? ¿Cuántos intentos de suicidio se registran cada año? ¿Qué grupos son los más vulnerables? ¿Qué municipios concentran mayores factores de riesgo? Aunque la salud mental se ha convertido en una preocupación creciente para instituciones, especialistas y familias, muchas de estas preguntas aún no tienen respuestas precisas.

Para Carla Paredes, responsable del Comité Departamental de Salud Mental, uno de los principales desafíos que enfrenta el departamento es la falta de información sistematizada que permita comprender la verdadera magnitud de una problemática cada vez más compleja.

“La salud mental se ha vuelto un tema del que todos hablamos, pero muchas veces no contamos con datos que nos permitan saber exactamente qué está ocurriendo y cómo debemos intervenir”, afirmó.

La preocupación no se limita a la depresión o al suicidio. Según explicó, la salud mental involucra una amplia gama de problemáticas que afectan a distintos grupos poblacionales y que requieren respuestas diferenciadas.

Entre ellas figuran la ansiedad, la violencia intrafamiliar, la violencia en relaciones de pareja, el consumo de alcohol, el acoso escolar, la soledad, el aislamiento social, las dificultades económicas y los problemas de adaptación que enfrentan niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

“Cada población presenta realidades distintas. Hay unidades educativas donde el principal problema es el bullying; en otras preocupa la violencia en las relaciones afectivas o el consumo de alcohol. Por eso necesitamos identificar qué está ocurriendo en cada contexto”, señaló.

La especialista considera que durante muchos años las acciones relacionadas con salud mental se desarrollaron de manera fragmentada, sin mecanismos permanentes que permitan medir resultados o identificar tendencias.

Actualmente existen estudios impulsados por universidades, reportes generados por centros de salud y datos recopilados por diversas instituciones públicas. Sin embargo, gran parte de esa información permanece dispersa.

“Tenemos investigaciones, tenemos esfuerzos institucionales, pero todavía no contamos con una instancia que reúna toda esa información y nos permita tomar decisiones basadas en evidencia”, explicó.

Precisamente por esa razón, la Ley Departamental de Salud Mental contempla la creación de un Observatorio Departamental de Salud Mental.

La iniciativa busca consolidar información proveniente de hospitales, centros de salud, municipios, universidades, organizaciones sociales y otras entidades vinculadas al área.

El objetivo es construir una base de datos permanente que permita identificar tendencias, evaluar riesgos y monitorear el impacto de las políticas públicas.

“Necesitamos saber cuántos casos existen, cuáles son los grupos más afectados y si las medidas que estamos implementando están funcionando. Sin datos es imposible evaluar resultados”, sostuvo.

Para Paredes, el observatorio permitiría superar uno de los principales obstáculos que actualmente enfrenta el departamento: la imposibilidad de comparar indicadores a lo largo del tiempo.

Con información consolidada sería posible determinar si determinados problemas aumentan o disminuyen, cuáles son las zonas que requieren mayor atención y qué intervenciones están generando mejores resultados.

Más allá de las estadísticas

Sin embargo, la especialista advierte que el desafío no se limita a recopilar información.

La Ley Departamental de Salud Mental también plantea la necesidad de construir una ruta de atención que permita orientar a las personas cuando atraviesan situaciones de crisis emocional.

Actualmente, muchas familias desconocen dónde acudir cuando un niño, adolescente o adulto presenta síntomas de depresión, ansiedad o conductas autolesivas.

“Necesitamos que la población conozca cuáles son los servicios disponibles y cómo acceder a ellos. La prevención también pasa por tener un sistema claro y coordinado”, indicó.

La propuesta contempla fortalecer la articulación entre centros de salud, hospitales, municipios, universidades, unidades educativas, organizaciones sociales y servicios especializados como el INTRAID.

La prevención comienza antes de la crisis

Otro de los aspectos que preocupa al Comité Departamental de Salud Mental es la necesidad de trabajar en prevención.

Paredes considera que muchas veces las intervenciones llegan cuando los problemas ya se han agravado.

Por ello, se impulsa la elaboración de protocolos de prevención del suicidio y estrategias de detección temprana destinadas a unidades educativas, universidades y otras instituciones.

“Tenemos que aprender a identificar señales de alerta antes de que las situaciones se conviertan en emergencias”, afirmó.

La participación de las familias también aparece como un elemento fundamental.

Según explicó, uno de los desafíos recurrentes es la escasa asistencia de padres y madres a actividades de orientación y prevención.

A ello se suman cambios sociales que están modificando las dinámicas familiares, como el uso intensivo de tecnologías y la reducción de espacios de convivencia.

“Cada vez tenemos menos tiempo para conversar y compartir. Son aspectos que también influyen en el bienestar emocional de las personas”, indicó.

Un trabajo de todos

Para Paredes, la salud mental no puede ser abordada únicamente desde el sistema sanitario.

Considera indispensable una acción conjunta entre instituciones públicas, universidades, municipios, establecimientos educativos, organizaciones sociales y familias.

La dirigente sostiene que Tarija cuenta hoy con una oportunidad importante gracias a la existencia de una ley específica, investigaciones académicas y una creciente sensibilización social sobre la problemática.

Sin embargo, advierte que el siguiente paso debe ser la consolidación de una estrategia integral basada en información confiable, coordinación institucional y prevención.

“Tenemos que dejar de reaccionar únicamente ante las crisis y comenzar a construir políticas sostenidas que nos permitan prevenirlas. Para eso necesitamos datos, planificación y compromiso de todos los sectores”, concluyó.

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