La Gobernación plantea devolver al menos 15 competencias al Gobierno

Frente a la difícil situación económica, la Gobernación ha anunciado que va a plantear al Gobierno Nacional la transferencia de al menos 15 competencias para que sean asumidas desde el nivel central. Paralelamente se trabaja un proyecto de ley que busca viabilizar este planteamiento, mismo que ya fue presentado por la diputada Karina Liebers a todos los gobernadores del país y aguarda un pronunciamiento.

La postura de la Gobernación

El secretario de Economía de la Gobernación de Tarija, Fernando Romero, informó que en el próximo encuentro con el Gobierno, van a solicitar varios temas, entre ellos la reprogramación de deuda, cooperación financiera, pacto fiscal, además de la devolución de entre 15 a 20 competencias al nivel central.

Romero manifestó que el punto coincidente entre todas las gobernaciones del país, es que atraviesan una situación crítica financiera por lo que es necesaria una reestructuración que la vienen trabajando y será presentada el próximo miércoles cuando se cumpla el primer mes de la nueva gobernadora de Tarija, María René Soruco.

La autoridad señaló que entre las competencias que buscan que sean asumidas por el Gobierno, está el pago de prediarios a privados de libertad, ítems de salud, entre otras responsabilidades que son del nivel central, pero que demandan recursos al nivel departamental, pero en caso que el Gobierno decida hacerse cargo, esto representará un ahorro a los niveles subnacionales.

Romero argumentó que actualmente la Gobernación ya se ve imposibilitada de poder pagar estas responsabilidades, ya que mensualmente están recibiendo en promedio 20 millones de bolivianos por renta petrolera (IDH, Regalías) de manera mensual, pero las mismas, tiene la tendencia a caer por la disminución de la producción de gas natural.

Sin embargo, en el caso de Tarija, tiene esos recursos comprometidos, ya que existe una deuda de alrededor 800 millones de bolivianos, además de procesos contenciosos en los que se prevén el pago de alrededor de 200 millones de bolivianos, esto sin tomar en cuenta las deudas flotantes y otros compromisos devengados.

¿Qué hacer para devolver competencias?

¿Es posible la devolución de competencias? ¿Cuál es el procedimiento? El presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Gabriel Corvera, explica que existe una norma preconstitucional aprobada en 2006 y da lugar a que los niveles departamentales tengan que pagar con presupuesto del IDH competencias del nivel central.

En ese sentido, señala que para este año en el presupuesto, se contemplaba que no solamente se eche mano al IDH, sino a cualquier fuente de financiamiento para cubrir estas responsabilidades, lo que ha sido rechazado desde el legislativo, es por ello que ha surgido un proyecto de ley que busca revertir esta situación. 

Ley para revertir obligaciones financieras

La diputada tarijeña Karina Patricia Liebers Cáceres presentó un proyecto de ley nacional que propone derogar el artículo 10 de la Ley Nº 3302 (Presupuesto General del Estado 2006), norma que desde hace dos décadas obliga a las gobernaciones —antes prefecturas— a financiar con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) una serie de gastos que, según la legislación vigente, corresponderían al nivel central del Estado.

La iniciativa legislativa, identificada como PL Nº 436/2025-2026, se encuentra actualmente en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.

¿Qué busca cambiar la propuesta? El proyecto plantea derogar el artículo 10 de la Ley Nº 3302, que lista decenas de obligaciones a cargo de las prefecturas (hoy gobiernos autónomos departamentales) financiadas con recursos del IDH.

Entre ellas destacan: Actividades culturales como festivales, premios nacionales y museos (Casa Dorada de Tarija, Museo Paleontológico, Festival de Música de Chiquitos, etc.); Entidades descentralizadas como la Autoridad Binacional del Lago Titicaca y la Oficina Técnica de los Ríos Pilcomayo y Bermejo; Costos regionales como el servicio penitenciario, bonos de vacunación, becas universitarias, mantenimiento de infraestructura deportiva, y contrapartes para riego y electrificación; Costos municipales como el Seguro Gratuito de Vejez y las defensorías de la niñez; Costos universitarios para equipamiento de infraestructura.

“Esta carga no solo presupuestaria sino también financiera fue impuesta en cada ley del Presupuesto General del Estado en los últimos 18 años”, sostiene Liebers en la exposición de motivos del proyecto.

El argumento constitucional

La diputada Liebers fundamenta su propuesta en que la Ley Nº 3302 (2005) es preconstitucional, ya que fue promulgada antes de la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009, que instauró un nuevo régimen de autonomías.

Según el proyecto, la CPE (artículos 272, 300 y 341) y la Ley Marco de Autonomías (Nº 031) establecen que: Los gobiernos departamentales tienen autonomía económica, financiera y administrativa; Las competencias deben ser ejercidas según la jerarquía normativa actual, donde la CPE prima sobre cualquier norma anterior; El artículo 410 de la CPE señala que toda norma anterior que contradiga la Constitución queda tácitamente derogada.

“Las leyes Nº 2042 y Nº 3302 corresponden a un régimen de descentralización administrativa y quedaron desfasadas tras la CPE”, enfatiza la diputada.

El contexto de crisis

El proyecto también expone la crisis fiscal y energética que afecta a los departamentos bolivianos.

Datos mencionados en el documento hacen énfasis en: La producción de hidrocarburos líquidos cayó 62% en los últimos diez años; La producción de gas natural se redujo 54%, afectando exportaciones, regalías e IDH; y que Bolivia importa actualmente 90% del diésel y 60% de la gasolina que consume, con un costo superior a lo que recibe por exportación de gas.

Esta caída del IDH —principal fuente de ingresos para los gobiernos departamentales— ha generado una disminución sistemática de recursos para educación, salud, caminos y proyectos productivos.

“La aplicación de la Ley Nº 3302 ha generado la confiscación de recursos de los gobiernos autónomos departamentales”, denuncia la diputada.

Socialización con gobernadores

Mediante un oficio remitido el 14 de mayo de 2026 a la gobernadora de Tarija, Liebers solicitó una reunión para consensuar criterios, observaciones y sugerencias al proyecto de ley. El encuentro está propuesto para el viernes 29 de mayo.

Asimismo, reveló que este mismo proyecto de ley fue remitido a todos los demás gobernadores del país, por lo que aguarda una respuesta para poder ahondar en la socialización de esta iniciativa legislativa, además de recabar mayor información y nutrir dicha norma.

¿Qué implica la derogación?

Si la ley es aprobada, el nivel central del Estado deberá asumir el financiamiento de todas las actividades actualmente cubiertas por las gobernaciones con recursos del IDH (festivales, museos, becas, mantenimiento penitenciario, etc.).

Los gobiernos departamentales podrán redirigir esos recursos a competencias exclusivas definidas en la CPE (salud, educación, infraestructura productiva, etc.).

Se pondría fin a más de 20 años de “hereda de obligaciones” del gobierno central a las regiones.