COB exige 20% de incremento y los empresarios piden diálogo tripartito al Gobierno

A un mes de la conmemoración del Día del Trabajador, el debate salarial vuelve a instalarse en la agenda coyuntural con la propuesta de la Central Obrera Boliviana (COB) de un incremento del 20%, lo que ha reactivado tensiones entre el sector laboral y el empresariado, en un contexto económico marcado por la inflación, la desaceleración y la fragilidad del aparato productivo formal.

Mientras la dirigencia obrera defiende su planteamiento como una medida necesaria para recuperar el poder adquisitivo, los empresarios advierten que un ajuste de esa magnitud sería “desproporcionado” y podría generar efectos adversos en el empleo y la sostenibilidad de las empresas. En el centro de la discusión aparece, una vez más, la necesidad de un diálogo tripartito con el Gobierno.

La COB y la presión por el salario

La COB ha puesto sobre la mesa un incremento del 20% como parte de su pliego petitorio nacional, entregado al Gobierno en medio de movilizaciones en la ciudad de La Paz. La dirigencia sostiene que la cifra responde a un análisis técnico basado en datos oficiales y al impacto de la inflación acumulada.

“Estamos pidiendo un 20% de incremento salarial, el cual ha sido elaborado con los mismos datos del gobierno central que ha proporcionado. Es algo consensuado, es algo que se ha elaborado por profesionales también que colaboran a nuestro ente matriz”, afirmó el ejecutivo del ente matriz, Mario Argollo, al remarcar que la propuesta no es arbitraria.

El planteamiento no solo se limita al ámbito salarial. El pliego incluye demandas económicas, sociales y laborales, además de cuestionamientos políticos como la aprobación de normas sin consulta y advertencias sobre posibles designaciones “a dedo” en el sistema judicial. La COB ha solicitado la instalación de mesas de trabajo para abordar estos temas de manera integral.

Sin embargo, también ha dejado en claro que, de no haber una respuesta oportuna del Ejecutivo, las bases podrían asumir medidas de presión, reeditando un escenario de conflictividad social en puertas de una fecha simbólica para el movimiento obrero.

Empresarios demandan de diálogo

Desde la vereda empresarial, la reacción ha sido inmediata. El vicepresidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT), Fernando Galarza, calificó la propuesta de la COB como “desproporcional y absurda”, considerando la situación económica del país.

El dirigente enfatizó que una decisión de esta naturaleza no puede adoptarse sin la participación del sector productivo.

Galarza señaló que, hasta el momento, el planteamiento de la COB es solo una propuesta, pero confirmó que el tema ya ha sido analizado por la FEPT, que en asamblea definió buscar un acercamiento con el Gobierno para exigir un diálogo tripartito.

A diferencia de gestiones anteriores, el sector privado percibe señales de mayor apertura por parte del Ejecutivo, lo que alimenta la expectativa de que esta vez se instale una mesa de negociación que incluya a trabajadores, empresarios y autoridades.

En esa línea, anunció la realización del Encuentro Nacional por la Productividad, previsto para el 14 de abril en Tarija, con la participación del presidente del Estado, Rodrigo Paz y actores vinculados al agro y la industria. El evento apunta a debatir, entre otros temas, el impacto de un eventual incremento salarial en la economía nacional.

El factor económico: inflación, decreto y límites

El debate no puede entenderse sin el contexto económico. El analista Fernando Romero advierte que las demandas salariales suelen intensificarse en los primeros meses del año, aunque en esta ocasión el escenario presenta particularidades.

Por un lado, la inflación acumulada en 2025 alcanzó el 20,4%, un dato que respalda técnicamente el pedido de la COB. Sin embargo, Romero recuerda que el Gobierno ya promulgó el Decreto Supremo 5503, que establece un incremento salarial del 20%, con carácter retroactivo desde enero, elevando el salario mínimo a 3.300 bolivianos.

Este elemento introduce una interrogante, si la COB está solicitando un ajuste adicional o si existe una superposición de demandas.

Más allá de ello, el analista advierte que un incremento de esa magnitud implica una fuerte presión fiscal para el Estado, debido al efecto en cadena sobre bonos y beneficios indexados al salario mínimo. En el caso del sector privado, el impacto podría traducirse en reajustes presupuestarios, reducción de personal, cierre de operaciones o mayor informalidad.

“Cuando no hay una negociación técnica, se generan desequilibrios tanto en el sector público como en el privado”, sostiene Romero, al subrayar que la economía boliviana tiene un alto grado de informalidad, lo que limita el alcance real de las políticas salariales.

Pedido
La COB asegura que el pedido es "consensuado con profesionales" y advierte que las bases no aceptarán una respuesta negativa

Un equilibrio complejo entre la COB y empresarios

El pulso entre la COB y el empresariado refleja un dilema histórico que pone en el centro del debate: cómo mejorar los ingresos de los trabajadores sin comprometer la estabilidad de las empresas ni profundizar las distorsiones de la economía.

El analista económico, Fernando Romero, señala que el desafío para el Gobierno será encontrar un punto de equilibrio en un escenario donde las presiones sociales aumentan y los márgenes económicos se reducen.