Comité de Defensa de Tariquía acusa al Procurador de favorecer ampliación de consulta petrolera

El Comité de Defensa de Tariquía denunció que las comunidades de la Reserva Natural han ratificado su rechazo definitivo al ingreso de proyectos petroleros y cuestionó la actuación del Procurador General por ampliar el proceso de audiencia pública, pese a que existe documentación y resoluciones que respaldan la negativa comunitaria.

Juan Mendoza, miembro del Comité de Defensa de Tariquía y representante legitimado por las bases comunitarias, afirmó que algunos dirigentes han cambiado de postura por intereses particulares, mientras que las comunidades exigen participar con voz propia en la audiencia pública prevista dentro del proceso.

“Somos representantes elegidos por las bases. Hay secretarios que se han dado la vuelta por intereses. Queremos estar presentes y tener voz en esa audiencia”, sostuvo Mendoza.

El dirigente también criticó la decisión del Procurador General de ampliar el proceso, señalando que no existe justificación legal para prolongar la consulta. “No sabemos por qué el Procurador ha dado espacio para que se amplíe este proceso. Lamentamos su actuación”, afirmó.

Mendoza reiteró que las comunidades han rechazado en reiteradas ocasiones el ingreso de proyectos petroleros, por lo que consideran que no corresponde una nueva consulta. “Para nosotros no hay nueva consulta. Han actuado de manera mañosa y tramposa. Exigimos respeto a las comunidades, no solo a Chiquiaca”, manifestó.

El Comité de Defensa de Tariquía advirtió que la defensa del territorio involucra a toda la reserva, incluyendo el campo de Churuma, donde ya existe actividad petrolera. “Toda la reserva está en riesgo. Es una reserva a nivel departamental”, enfatizó.

Asimismo, denunció que empresas petroleras como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras cuentan con recursos para continuar sus operaciones, lo que —según Mendoza— ha generado divisiones en las comunidades mediante presuntas prácticas de compra de conciencia.

“Yacimientos y Petrobras tienen medios para seguir trabajando, dividiendo a las comunidades. Lamentamos esta actuación”, expresó.

La audiencia pública estaba prevista para el 9 de febrero; sin embargo, fue ampliada sin una nueva fecha definida, a pesar de que el plazo de 30 días estaría por cumplirse. Según el Comité de Defensa de Tariquía, en esa audiencia debía presentarse la documentación que determine la legalidad del proceso, mientras que las comunidades aseguran contar con resoluciones y votos de rechazo.

“Tenemos el último voto resolutivo y más de cuatro rechazos anteriores. Esta audiencia es clave para defender la decisión de las comunidades”, concluyó Mendoza.