La Aduana de Tarija se hunde entre denuncias de corrupción

De las más de 340 denuncias presentadas contra al menos 60 entidades estatales ante el Viceministerio de Transparencia, una de las instituciones que ha vuelto a quedar en el centro de la polémica es la Aduana Nacional en Tarija. La entidad será investigada por presuntas irregularidades en el proyecto de construcción de sus oficinas, un caso que se suma a una serie de denuncias acumuladas por supuestos hechos de corrupción y abusos contra la ciudadanía.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, confirmó que la denuncia recibida está vinculada al proyecto de infraestructura de la Aduana en la capital tarijeña. Según explicó, en el proceso se cuestiona la adquisición del terreno, posibles irregularidades administrativas, presuntos favorecimientos e incluso eventuales vínculos entre particulares y altas autoridades de la institución.

No obstante, García aclaró que mientras la denuncia no sea formalizada ante las instancias judiciales correspondientes, no es posible brindar mayores detalles sobre los hechos observados ni sobre los posibles responsables, aunque aseguró que el caso será objeto de seguimiento.

Un historial de denuncias y atropellos

Más allá de esta investigación, en las últimas semanas la Aduana en Tarija ha ingresado al ojo de la tormenta por una serie de denuncias relacionadas con presuntos atropellos, extorsiones y procedimientos irregulares contra ciudadanos, situaciones que habrían derivado incluso en la conformación de la Asociación de Víctimas de la Aduana y Diprove en Tarija.

Hugo León, representante de este sector, explicó que el modus operandi que denuncian consiste en la interceptación de vehículos para la verificación del número de chasis, procedimiento que en varios casos termina con la incautación de motorizados bajo observaciones cuestionadas por los afectados.

Como ejemplo, León relató el caso de un camión de la década de los 90, cuyo número de chasis presentaba opacidad y corrosión debido al paso del tiempo. Según el denunciante, los funcionarios exigieron al propietario realizar un revenido químico, procedimiento por el cual inicialmente pagó 7.000 bolivianos y posteriormente 1.500 dólares, sumando cerca de 2.500 dólares, cuando el costo real de este trámite no supera los 900 bolivianos. Finalmente, tras el pago, se le informó que el vehículo no presentaba observaciones.

León aseguró que este no es un hecho aislado y que existen numerosos casos similares en los que ciudadanos habrían sido extorsionados por funcionarios de Diprove y la Aduana, motivo por el cual convocó a la población afectada a sumarse a la asociación para visibilizar estas denuncias.

Casos emblemáticos

Entre los casos que generaron mayor repercusión en semanas pasadas figura el de un ciudadano argentino cuya camioneta fue robada en su país y posteriormente localizada en Bolivia mediante GPS. Tras realizar el seguimiento correspondiente, logró recuperar el vehículo en el municipio de Entre Ríos; sin embargo, cuando se disponía a retornar a Argentina, fue interceptado por funcionarios de la Aduana, que procedieron a incautar la camioneta y posteriormente desmantelarla bajo el argumento de que se trataba de un vehículo indocumentado.

Un hecho similar ocurrió con un bus que también fue incautado y desmantelado por la Aduana, pese a que existía un proceso judicial en curso que aún no había sido resuelto, lo que generó cuestionamientos sobre el accionar de la institución.

Cabe señalar que una de las promesas de campaña del presidente Rodrigo Paz, era desaparecer la Aduana Nacional, justamente por los constantes hechos de corrupción que se denuncian en la institución, sin embargo, sigue siendo una reforma pendiente.