Defensores de Chiquiacá: “Entraron pasando por encima de nosotros”
Rodrigo Paz Pereira firmó en 2018, como alcalde, un acta comprometiéndose a defender la reserva. Como presidente en 2026, ordenó el ingreso de una escolta de 40 policías para que Petrobras Bolivia y YPFB Chaco accedieran al Domo Oso X3 en Chiquiacá.
En las primeras horas del lunes, un convoy de 13 vehículos escoltado por aproximadamente 40 efectivos policiales ingresó a la zona del pozo Domo Oso X3 en el cantón Chiquiacá, dentro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, sobrepasando la resistencia comunitaria en uno de los conflictos socioambientales más prolongados de Bolivia.
El pozo forma parte del área San Telmo Norte, cuyo Contrato de Servicios Petroleros firmado en 2018 está en manos de Petrobras Bolivia S.A. (60%, operadora) y YPFB Chaco S.A. (40%), subsidiaria de la estatal YPFB Corporación. El proyecto ha estado paralizado desde junio de 2019 por conflictos sociales.
El operativo sorprendió a los defensores de la reserva que desde 2019 mantienen un punto de vigilia en el acceso al área. El comandante F. Enríquez P. se negó a mostrar a los comunarios la “instructiva directa” que dijo haber recibido del ministro de gobierno, el ministerio de hidrocarburos, el presidente y vicepresidente. “La tengo en la oficina”, respondió. “Es el respaldo de ellos. Tienen que hacer la exploración, tienen que llegar a ese pozo”.
La voz de los defensores
En entrevista con El País, los defensores describieron el ingreso: “Vinieron en contingente los policías y las petroleras, y entraron pasando por encima de nosotros. Nos agarraron”. Desde el punto de vigilia, los comunarios observaron cómo Petrobras Bolivia y YPFB Chaco accedían al área que han defendido durante años.
“Nosotros estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo el agua”, afirman. La preocupación se centra en el río Chiquiacá, la única fuente hídrica de la comunidad. El pozo Domo Oso X3 se ubica en las cabeceras del Saicán, zona de recarga hídrica de la región.
Los defensores denuncian que “nunca hemos tenido una consulta previa, una consulta que ellos vengan y nos expliquen las cosas”. Según su testimonio, las empresas solo buscaron a “dos, tres personas, las autoridades de turno” que “les han comprado en esa época cuando podían ser comprados”. Los comunarios presentaron votos resolutivos, libros de actas y manifiestos rechazando la actividad petrolera.
Antecedentes del conflicto
El conflicto comenzó en abril de 2018 cuando el gobierno de Evo Morales aprobó tres contratos de exploración y extracción de hidrocarburos en las áreas de San Telmo Norte y Astillero. La tensión escaló en febrero de 2019 cuando trabajadores de Petrobras intentaron ingresar a San Telmo Norte y comuneros de Chiquiacá bloquearon el acceso durante tres días.
Desde entonces, la resistencia ha sido continua. Según Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), las comunidades lograron expulsar a Petrobras en dos ocasiones anteriores, en los casos de los pozos Domo Oso X1 y Domo Oso X2.
Campanini también indica que YPFB Chaco presentó una demanda penal contra 29 comunarios y dirigentes por impedir el ingreso de trabajadores.
Tariquía: un ecosistema único
La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía fue creada por Decreto Supremo 22277 el 1 de agosto de 1989, elevado a rango de Ley N° 1328 en abril de 1992. Con una superficie de 246,870 hectáreas, abarca las provincias Arce, Gran Chaco, O'Connor y Avilés.
Esta área protegida alberga biodiversidad que incluye al oso jucumari, y es el nacimiento de agua para las cuencas de los ríos Bermejo y Tarija. Fue creada bajo tres objetivos: proteger la última muestra mejor conservada y extensa de bosque tucumano boliviano del país, proteger el régimen natural de los ríos Tarija y Bermejo, y conservar uno de los ecosistemas mejor preservados de Bolivia.
El camino hacia la explotación de sus recursos se abrió con el Decreto Supremo 2366 de mayo de 2015, promulgado por el presidente Evo Morales, que autorizó el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas. La medida respondió a la caída de precios del petróleo y la disminución de la producción nacional ante el declive de campos como San Alberto.
Ausencia de consulta previa
Bolivia ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mediante la Ley N° 1257 del 11 de julio de 1991, obligándose a establecer medidas de protección de los derechos indígenas mediante procedimientos apropiados cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectar sus territorios.
La Ley de Hidrocarburos 3058 de 2005 reconoce este derecho, estableciendo que las comunidades y pueblos campesinos indígenas deben ser consultados de manera previa, obligatoria y oportuna cuando se pretenda desarrollar cualquier actividad hidrocarburífera.
Sin embargo, los comunarios de Chiquiacá denuncian que este derecho ha sido ignorado. Campanini sostiene que, aunque las petroleras intentaron realizar consultas, lo hicieron de manera manipulada, tratando de “dividir y generar tensiones al interior de las comunidades de Chiquiacá en Tariquía para salir favorecida en este proceso de consulta”.
Cuando se sometió la decisión a voto en las comunidades, estas rechazaron el proyecto petrolero. El proyecto avanza de todos modos.
Riesgos ambientales y de salud
Bolivia tiene un historial de desastres ambientales por actividad extractiva, como el derrame de petróleo en el río Desaguadero en 2000, donde se vertieron 29,000 barriles de petróleo que afectaron a 127 comunidades de La Paz y Oruro.
Los defensores de Chiquiacá describen la amenaza: “Ni bien ellos pongan los pies y pongan la maquinaria aquí ya va a haber contaminación porque ellos se van agua arriba a trabajar [...] Ellos van orillando las quebradas, todo eso se va a perder”.
Los impactos de la actividad petrolera en comunidades similares han sido documentados en la región amazónica. Entre 2016 y 2022, Mongabay Latam publicó 160 historias sobre conflictos ocasionados por actividades petroleras en comunidades indígenas de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Los problemas de salud son recurrentes en las denuncias de quienes viven en lugares impactados por derrames.
El núcleo de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía se ha convertido en un campo petrolero, según Campanini, quien advierte que además de la explotación en el pozo Churumas X2, se planifica la perforación de Churumas X3 para 2026 y Churumas X4 para 2027.
Los defensores hablan de las consecuencias: “Ellos, al perforar un pozo, van a perforar cientos de pozos, no va a ser solamente uno, porque tienen que hacer bastantes estudios. El bloque completo va a salir hasta el río Tarija. Son las fuentes de agua las que van a ser dañadas en primer lugar. ¿Qué desarrollo es posible en un territorio envenenado?”.
Manipulación del plan de manejo
Los comunarios denuncian que existe una manipulación del plan de manejo de la reserva para justificar la exploración, pues las autoridades afirman que “ese pozo Domo X3 está fuera de la reserva y eso es falso, porque ellos han hecho un manoseo del plan de manejo donde lo han dejado el pozo afuera”.
Campanini confirma que el bloque Churumas, en el corazón de la zona núcleo de la reserva, ya fue declarado de carácter comercial, lo cual indica “la transformación del carácter de protección intangible de la zona, como área protegida, a un área de vocación extractiva”.
Rodrigo Paz: de defensor de Tariquía a presidente que autoriza su explotación
El ingreso del lunes ocurre bajo la administración de Rodrigo Paz Pereira, quien como alcalde de Tarija (2015-2020) se comprometió públicamente a defender la reserva.
En abril de 2019, cuando firmó una alianza política con el PDC de su padre Jaime Paz Zamora, Paz Pereira declaró que era necesario “defender casos como el de Tariquía, profundizar el poder regional para tener un derecho a defendernos ante un exceso de centralismo en el país”.
Los defensores de Chiquiacá conservan un acta firmada por Paz cuando era alcalde donde “él se compromete defender la reserva, defender Tariquía”, según cuentan. “Pensábamos que vamos a tener un apoyo de él para defender, como cuando era alcalde, pues ahora con más razón siendo presidente va a defender, y nos hemos equivocado”.
Los defensores expresan: “Estamos realmente decepcionados con el gobierno porque no tenemos apoyo, no tenemos ayuda de nada”. El ingreso con escolta policial ordenado por Paz como presidente contrasta con sus promesas como candidato local.
DS 5503 y el gobierno “a punta de decretazos”
El ingreso a Tariquía ocurre en medio de una crisis política para la administración de Paz Pereira. El 18 de diciembre de 2025, el presidente promulgó el Decreto Supremo 5503, titulado “Declaratoria de Emergencia Económica Nacional”, que eliminó subsidios a los combustibles después de más de 20 años y estableció un régimen de excepción económica.
La Central Obrera Boliviana (COB) lidera desde el 4 de enero una marcha denominada “Bolivia no se vende” en rechazo al DS 5503. El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, describe el estilo de gobierno de Paz como de “gobernar a punta de decretazos”.
El decreto facilita la aprobación de contratos relacionados con recursos naturales mediante decreto supremo, eliminando requisitos burocráticos, pero también controles ambientales y sociales. Para proyectos considerados estratégicos —minería, hidrocarburos, energía, agroindustria, infraestructura— se establece un procedimiento con plazos máximos de 30 días.
Este lunes, mientras Petrobras Bolivia y YPFB Chaco ingresaban a Tariquía con escolta policial, el gobierno convocó al diálogo a sectores movilizados. Sin embargo, el viceministro de Coordinación, Julio Linares, descartó la derogación del decreto, ofreciendo solo “escuchar propuestas” porque las medidas “son perfectibles”.
Paz Pereira declaró “no pienso dar ni un paso atrás, ni para tomar impulso” en relación al DS 5503.
Mientras el Estado invoca la necesidad de incorporar reservas de hidrocarburos para sostener la economía nacional, las comunidades de Chiquiacá se aferran a una certeza: sin agua limpia, no hay vida posible.
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