Justicia encierra a Lidia Patty y reabre la herida del Fondo Indígena

La exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, enfrentará cuatro meses de detención preventiva mientras la Fiscalía avanza en una investigación que la vincula con presuntas irregularidades en proyectos del Fondo Indígena, específicamente en iniciativas destinadas a la producción de papa y tomate que requerían una inversión cercana al millón de bolivianos.

La decisión judicial marca un nuevo capítulo en uno de los casos emblemáticos de presunto mal manejo de recursos estatales en áreas rurales, y abre un escenario politizado por la reacción de actores del oficialismo y la oposición.

No pudo recuperar su libertad

Horas antes de su audiencia cautelar, Patty se presentó ante un tribunal para solicitar una acción de libertad, alegando que su aprehensión había sido ilegal. Sin embargo, la Justicia rechazó el recurso en dos oportunidades, ratificando los argumentos del Ministerio Público, que sostiene que la exlegisladora recibió 700.000 bolivianos en una cuenta personal para la ejecución de uno de los proyectos investigados.

La Fiscalía considera este elemento como un indicio clave para sustentar los riesgos procesales y la necesidad de una detención preventiva, mientras continúa la revisión de documentos, auditorías y descargos.

Los casos: miel, carpas y ocho comunidades

Tras la aprehensión inicial, el fiscal Miguel Cardozo reveló que Lidia Patty no solo es investigada por el proyecto agrícola, sino que también enfrenta un nuevo proceso por la producción de miel, originado en una auditoría a un proyecto aprobado en 2010. Según la versión fiscal, Patty y otros responsables habrían suscrito un convenio para impulsar esta iniciativa, recibiendo un desembolso de 650.000 bolivianos, equivalente al 92% del total.

Pero el proyecto —según Cardozo— no se ejecutó en su totalidad, lo que derivó en una investigación por incumplimiento de contratos. El fiscal agregó que Patty forma parte de un conjunto de presuntos casos irregulares asociados a ocho proyectos en ocho comunidades, que habrían generado un daño económico al Estado y cuyas transferencias, en varios casos, fueron realizadas directamente a sus cuentas personales.

Aunque la exdiputada presentó documentación que acreditaría la devolución de parte de esos fondos, la Fiscalía sostiene que persisten montos sin explicación y que el proyecto de papa y tomate, por sí solo, manejó una inyección superior al millón de bolivianos.

El Fondo Indígena —creado en 2005 durante el gobierno del MAS y envuelto en numerosos escándalos por proyectos no concluidos— vuelve así al centro de la polémica.

La defensa: “Los proyectos se entregaron”

Desde el inicio del caso, la defensa de Lidia Patty sostiene que la exdiputada no cometió delitos y que los recursos gestionados en 2010 fueron destinados a la construcción de carpas solares para la producción de tomate, cuando ella ejercía como representante de la Federación Bartolina Sisa.

El abogado Richard Cerda reconoce que Patty recibió recursos estatales —alrededor de 650.000 bolivianos, en una primera fase—, pero asegura que las carpas “fueron entregadas” a las ocho comunidades beneficiarias de Bautista Saavedra, y que existen informes de 2011 a 2013 que reportan una ejecución presupuestaria del 93%.

Asegura también que el incumplimiento no es atribuible a su defendida, sino a la empresa constructora, a la que Patty incluso denunció en 2012, aunque —según el abogado— la Fiscalía archivó el caso sin mayor explicación.

Cerda cuestiona que el Fondo Indígena haya emitido un nuevo informe de auditoría recién el 5 de noviembre de 2025, más de una década después de la ejecución del proyecto. Considera que el proceso tiene un trasfondo político y que es “extraño” que se reactiven denuncias tantos años después, a pesar de que las comunidades firmaron actas de conformidad en 2013.

Evo entra en escena

La aprehensión de Patty desató una ola de reacciones políticas. Entre ellas, la del expresidente Evo Morales, quien afirmó que se trata de un acto de “abuso de poder” y un ejemplo de “revancha del gobierno” contra una mujer indígena que —recordó— tuvo un papel protagónico en el impulso de los procesos judiciales contra Jeanine Áñez y los responsables de los hechos de 2019.

Para Morales, la intervención de la Fiscalía y de la Policía constituye una vulneración de derechos humanos y refleja una actitud de persecución política, con tintes de racismo, contra quienes denunciaron presuntos atentados contra la democracia en los años posteriores a la crisis política.

Sus declaraciones reavivaron tensiones internas en el MAS, donde la narrativa de persecución política se ha convertido en una bandera de quienes precedieron al actual gobierno.

Reabrir viejas heridas

La detención preventiva de Lidia Patty no solo reactiva un caso emblemático sobre la gestión del Fondo Indígena, sino que también expone fracturas dentro del oficialismo y una disputa narrativa que se mueve entre la presunta corrupción y la supuesta venganza política.

El proceso recién comienza y, como en anteriores episodios del Fondo Indígena, promete prolongarse y polarizar nuevamente al país en torno a denuncias históricas, responsabilidades compartidas, omisiones institucionales y lecturas profundamente divididas de la justicia boliviana.