La Gobernación acumula obligaciones, tiene más pasivos que ingresos

La Gobernación de Tarija atraviesa uno de sus momentos más críticos en la última década. La abrupta reducción de los ingresos por renta petrolera ha generado un cúmulo de obligaciones que supera ampliamente la capacidad financiera institucional. El propio gobernador, Oscar Montes, ha reconocido que “los pasivos son más altos que los ingresos” y que el margen de maniobra es cada vez menor.

En octubre, la Gobernación reveló tener ingresos mensuales de 20,8 millones de bolivianos, de los cuales la mayor parte se destina al pago de deudas heredadas (6,2 millones), salarios (6 millones) y programas sociales. Tras cubrir gastos de salud, mantenimiento de caminos y transferencias municipales, la entidad departamental apenas logra conservar 114.000 bolivianos, un monto insuficiente incluso para emergencias menores.

Un mar de obligaciones sin respaldo financiero

Las demandas hacia la Gobernación se han multiplicado en los últimos meses. Entre estos sectores se encuentra la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), que solicita mayor asignación presupuestaria para garantizar su funcionamiento regular, piden medio millón de bolivianos.

A esto se suma la presión del sector salud, que exige el pago del Bono Vacunación, una deuda que asciende a 11 millones de bolivianos y que ha motivado movilizaciones constantes en los últimos meses.

Otro conflicto estalló recientemente en la Casa de la Cultura, donde trabajadores ingresaron en huelga de hambre tras haber trabajado todo el año sin recibir su salario. La falta de liquidez ha impedido los obligó a parar.

Pero el mayor frente de presión proviene del sector campesino, que demanda el cumplimiento del Programa Solidario Comunal (Prosol). Este beneficio requiere 32 millones de bolivianos para atender a 340 comunidades habilitadas, pero hasta ahora solo se desembolsaron 7 millones, quedando un saldo pendiente de 25 millones.

Montes admite la crisis

El gobernador Óscar Montes reconoce que la Gobernación se encuentra en una situación límite.

“No hay el recurso necesario”, sostuvo al referirse a la deuda del Prosol, que asciende a 32 millones. “Solo desembolsamos 7 millones y esperamos entregar otros 7 antes de fin de año”.

Montes también reveló que enfrentan procesos judiciales que agravan la situación. “Me llegó un proceso por 18 millones que debo pagar en tres días. ¿De dónde?”, cuestionó.

Según la autoridad, la Gobernación recibe actualmente 20 millones de bolivianos al mes, de los cuales cerca de la mitad se destina al pago de fideicomisos contraídos en gestiones anteriores, dejando un margen muy limitado para atender nuevas obligaciones.

El presupuesto departamental para esta gestión asciende a 140 millones de bolivianos, una cifra que, según Montes, es tres veces menor al presupuesto de la Alcaldía de Tarija.

“¿Por qué piensan que la Gobernación tiene que seguir financiando algo? Si ya no es como cuando la Gobernación tenía 160 millones por mes, hoy solamente recibimos 10 millones”, expuso.

Leyes sin financiamiento

Montes cuestionó que exista un paquete de 90 leyes departamentales que demandan más de 460 millones de bolivianos, recursos que simplemente no existen, y que pese a pedir a la ALDT revisar estas normas, hasta ahora no hubo respuesta.

En cuanto al Prosol, el gobernador recordó que la norma establece que el programa debe contar con financiamiento del Gobierno Nacional y aportes municipales, algo que no se cumple. “La única institución que ha financiado el Prosol al 100% ha sido la Gobernación. Hoy ya no lo podemos hacer”, afirmó.

También criticó que algunos legisladores que rechazaron el proyecto de ley de ajuste presupuestario ahora incentiven al sector campesino a presionar por recursos que no están disponibles.

Presupuesto
Programas como Prosol, el Bono Vacunación y sueldos atrasados en instituciones culturales aumentan la presión sobre el presupuesto departamental.

Campesinos se niegan a renunciar al Prosol

A pesar de las dificultades económicas que ha expuesto la Gobernación, desde la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT) se niega a renunciar al beneficio del Programa Solidario Comunal (Prosol).

El ejecutivo de la FSUCCT, Herber Quispe, mencionó que ante la falta de desembolsos de recursos por parte de la Gobernación, están enviando una invitación a que pueda participar en el ampliado campesino para el 21 de noviembre para informar sobre cuál va a ser el monto que desembolsará hasta fin de año.

Quispe manifestó que son 32 millones de bolivianos que se requieren, hasta la fecha se desembolsaron 7 millones y queda el saldo de 25 millones.

“Él tiene que ver la manera más prudente para poder cumplir con la ley correspondiente”, dijo Quispe a tiempo de señalar que en la reunión que han sostenido este jueves ya se lo dejó la invitación formal para que pueda asistir al ampliado.

El dirigente indicó que también van a esperar una respuesta formal por parte de la Gobernación y a partir de ello analizar qué postura asumir.

Quispe manifestó que como sector campesino mantienen el estado de emergencia, pero siempre con la predisponibilidad de coordinar con las autoridades de todos los diferentes niveles de gobierno para que se cumpla con lo establecido de acuerdo con las necesidades que tienen las comunidades.

“Se debe desembolsar el 100% de los recursos, eso lo hemos dicho al Gobernador, esa es la postura del sector campesino”, indicó.

El dirigente señaló que en caso de no haber una respuesta favorable para el sector, en el ampliado campesino no descartan definir si asumen medidas de presión en demanda del pago del Prosol.