Vitivinícolas en emergencia hasta que se descarte el “impuestazo”

La reciente aprobación en la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley PL-528/2024-2025, que crea el Fondo Productivo Lácteo “Leche para Crecer”, desató una ola de preocupación en el sector vitivinícola de Tarija, esto porque la norma establece un nuevo gravamen a la comercialización e importación de bebidas alcohólicas, incluyendo vinos y singanis, frente a esta situación sostuvieron una reunión con el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, que ha abierto la puerta para “paralizar” esta ley.

El proyecto, que pretende fortalecer la producción de leche en el país, plantea financiarse con una “Retención por Comercialización e Importación de Bebidas Alcohólicas” (RCIBA), equivalente a 0,40 bolivianos por litro para vinos y singanis, y 1,30 bolivianos por litro para otras bebidas espirituosas.

Sin embargo, el sector vitivinícola —uno de los pilares económicos y culturales de Tarija— considera que esta medida pone en riesgo su sostenibilidad y podría agravar la crisis que atraviesan los pequeños productores.

Ante esa amenaza, representantes de la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV), la Asociación Nacional de Productores Vitivinícolas (Anavit) y la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT) se reunieron con el presidente del Senado, quien asumió el compromiso de frenar el tratamiento del proyecto hasta revisar sus implicaciones.

Un compromiso político con vitivinícolas

Tras el encuentro, Andrónico Rodríguez reconoció que la ley, aunque beneficia a un sector productivo, “asfixia” a otro igual de importante, y aseguró que el Senado actuará con responsabilidad antes de someterla a votación.

“Escuchamos la posición del sector vitivinícola y entendemos su preocupación. Vamos a analizar los mecanismos para paralizar esta normativa y cuidar la industria nacional”, expresó.

El titular del Senado señaló que el proyecto recién ingresó oficialmente a la Cámara Alta esta semana y que no existe premura para su tratamiento. Además, confirmó que podría enviarse a la comisión correspondiente para una revisión de constitucionalidad y viabilidad económica, abriendo la posibilidad de introducir modificaciones o incluso archivar la norma.

“Hay hermanos que están promoviendo el tratamiento directo, veremos la posibilidad de cómo cuidar la producción de la industria nacional”, indicó.

La FEPT en estado de emergencia

Desde la FEPT , su presidente Franz Molina celebró el compromiso asumido por Rodríguez, aunque advirtió que el sector se mantiene en alerta.

“Nos vamos mucho más tranquilos porque vimos que ellos tienen una preocupación de esta ley que tiene muchos vicios de ilegalidad, y su compromiso más que todo su predisposición, de frenar esta ley que tanto nos afectaría como sector”, indicó.

Molina sostuvo que la norma, además de discriminatoria, viola principios de equidad tributaria, pues impone un impuesto a una industria regional para financiar otra actividad ajena a su cadena productiva.

“No vamos a permitir que un sector que es orgullo nacional, que aporta tanto socialmente, económicamente, que es el motor del desarrollo de Tarija, se vea afectado, nuestro compromiso sigue en pie y tengo mucha fe que esto se va a lograr”, apuntó.

ANIV: alerta por la presión del Ejecutivo

El gerente de ANIV, Fernando Galarza, confirmó que las asociaciones vitivinícolas continúan en estado de alerta. Según dijo, el compromiso de paralización es un paso importante, pero la preocupación persiste debido a la presión del Órgano Ejecutivo para que la ley avance.

Galarza manifestó que frente a este escenario, también se han contactado con los senadores Soya Zamora y Guillermo Seoane, para que ayuden a frenar esta norma.

“Nosotros estamos con la expectativa de que realmente esto pueda ser suspendido y quede sin efecto”, expuso.

Consultado si es que se han establecido plazos para dar certidumbre en que la ley no va a prosperar, Galarza manifestó que esto se manejará acorde a los tiempos de la Cámara de Senadores, empero se esperanzó que el compromiso del presidente del senado pueda rechazar y frenar este proyecto atentatorio para vitivinícolas y otros sectores productivos.

Galarza remarcó que la vitivinicultura no solo genera empleo directo e indirecto en Tarija, sino que también exporta y proyecta la imagen del país a nivel internacional y que gravarla con un impuesto injustificado es atentar contra el desarrollo regional.

Emergencia
Tanto ANIV como la FEPT han señalado que se van a mantener en estado de alerta, pese al compromiso de Rodríguez de frenar la ley

¿Quiénes son los sectores afectados?

La ley crea un conflicto entre sectores productivos. Mientras el sector lácteo se vería beneficiado con un nuevo fondo de financiamiento, este se construye a costa de gravar específicamente a las industrias de bebidas alcohólicas, con un impacto socioeconómico particularmente severo

El sector vitivinícola y del singani emerge como el más afectado por la polémica retención que financiaría el fondo lácteo. Concentrado principalmente en Tarija, este sector deberá pagar 0.40 bolivianos por litro de vino y 1.30 bolivianos por litro de singani, gravando así productos bandera de denominación de origen. Esta medida encarece la producción, reduce la competitividad frente a bebidas importadas y comprime los márgenes de ganancia de pequeños y medianos productores que no pueden trasladar completamente el costo al consumidor final.

La medida impositiva se extiende también a cervecerías nacionales y productores de bebidas espirituosas. Las cervecerías, tanto artesanales como industriales, enfrentarán un pago de 0.40 bolivianos por litro, incrementando sustancialmente su carga tributaria. Mientras tanto, productores e importadores de whisky, ron, vodka y otras bebidas espirituosas deberán absorber la cuota más alta de 1.30 bolivianos por litro, afectando especialmente la competitividad de los licores importados en el mercado nacional.

Sin embargo, los vitivinícolas han explicado que el impacto final recaerá en los consumidores y en la economía regional tarijeña. Los bolivianos verán incrementados los precios de cervezas, vinos, singanis y demás licores, ya que las empresas trasladarán parcialmente el impuesto al precio final.