El Gobierno niega exclusión en los proyectos de viviendas

Tras la polémica por la supuesta marginación de los defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía en proyectos estatales, en donde se advirtió que familias afines a la defensa del área protegida están siendo excluidas del programa de mejoramiento y ampliación de vivienda que ejecuta la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), desde esa institución rechazaron las acusaciones y aseguran que todo el proceso se ha realizado conforme a normativa.

Juan Mendoza, conocido por su liderazgo en la defensa de Tariquía frente al avance de las petroleras, manifestó en días pasados que existe un “castigo” institucional contra quienes se oponen al ingreso de las empresas extractivas. El comunario aseguró que las viviendas estatales están siendo priorizadas para personas afines al Gobierno nacional y, en particular, a miembros de la organización Bartolina Sisa, a pesar de que algunas ni siquiera residirían de forma permanente en la zona.

Además, señaló que hay familias en situación de vulnerabilidad real que han sido ignoradas. Según el dirigente, esta práctica no solo es discriminatoria, sino que representa una represalia política por las posturas asumidas por la comunidad frente al avance petrolero en la zona protegida.

La respuesta oficial

En respuesta a estas acusaciones, el director departamental de la AEVivienda en Tarija, Miguel Navajas, negó categóricamente que exista discriminación o direccionamiento político en la selección de beneficiarios. Calificó la denuncia como infundada y aseguró que obedece a motivaciones personales.

Navajas argumentó que Mendoza postuló para acceder a una vivienda, pero no cumplía con los requisitos exigidos. Y que ahora su denuncia lo hace por “despecho”, ya que no tiene sustento.

Explicó que el proceso de selección está regido por normativas internas y externas que garantizan transparencia y priorización de los sectores más vulnerables.

Recordó que este caso ya fue expuesto en abril ante la Defensoría del Pueblo, consecuentemente la AEVivienda demostró con documentación los criterios de selección.

Agregó que el requisito que Mendoza no cumple, es tener una carga familiar, sino que es una persona sola.

“Tiene un domicilio particular en la zona pero no está en malas condiciones, y en contraparte tenemos 58 solicitudes para ese proyecto de personas que sí necesitan, que tienen carga familiar y están en condiciones de vulnerabilidad y que viven en hacinamiento y necesitan este beneficio”, indicó.

De acuerdo con el funcionario, existen 58 solicitudes en evaluación, muchas de ellas de familias que viven en hacinamiento o carecen de servicios básicos, por lo que el caso de Mendoza no cumplía con el perfil requerido para acceder al beneficio.