El Sedes pide potestad para ordenar a los ítems del TGN

Tarija enfrenta un desafío en el sector salud. Un reciente diagnóstico técnico elaborado por el Servicio Departamental de Salud (Sedes) revela una distribución desbalanceada del personal médico en los distintos municipios del departamento, lo que compromete la calidad de las atenciones en los primeros niveles del sistema público.

El informe preliminar fue presentado por el director del Sedes, Nils Casson, quien advirtió que antes de debatir sobre quién debe financiar los ítems o contratos en salud, es necesario realizar un reordenamiento técnico del recurso humano, una medida que debe contar con la autorización del Gobierno Central.

“Siete de cada diez médicos que trabajan en los primeros niveles de atención en el departamento están bajo directrices que vienen directamente desde La Paz”, afirmó Casson, refiriéndose a los ítems otorgados por programas ministeriales como SAFCI, Mi Salud y Juana Azurduy.

Según explicó, el Sedes no tiene actualmente la rectoría sobre estos ítems, lo que limita su capacidad de planificación, supervisión y respuesta. De hecho, denunció que parte de los recursos humanos asignados por el nivel central fueron distribuidos con criterios políticos, lo que ha derivado en desequilibrios entre municipios, algunos con personal excedente y otros con serias carencias.

El diagnóstico realizado por el Sedes incluye un mapeo de la cantidad de personal de salud que falta por municipio, así como una propuesta para redistribuir a médicos, enfermeras y odontólogos, según la demanda real de pacientes.

Casson adelantó que este análisis será socializado con la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), a fin de lograr consensos para encarar una reestructuración técnica que permita garantizar un mínimo equilibrio en los servicios de salud.

No obstante, advirtió que esta reingeniería dependerá también de que los gobiernos municipales y el Ministerio de Salud asuman una postura institucional antes que política.

La visión municipal

Desde el nivel municipal, el alcalde de Yunchará, Agustín Casasola, respaldó parcialmente la iniciativa, aunque interpretó que esta “reestructuración” en salud responde más a una consecuencia financiera que a una decisión técnica.

“La Gobernación ya no puede seguir pagando ítems como lo hacía en la última década. Con la caída del IDH se volvió insostenible”, explicó.

En el caso específico de Yunchará, el municipio cuenta con apenas 15 funcionarios en salud financiados por la Gobernación, incluyendo personal médico, administrativo, odontólogos y enfermeras. Aunque considera que ese número es proporcional a su población, admite que hay regiones más pobladas con serias deficiencias.

Para el alcalde, es el Ministerio de Salud y los propios municipios los que deben asumir gradualmente esta responsabilidad, tomando en cuenta las nuevas realidades económicas del departamento.