Cosaalt acude a la justicia para evitar multa de casi Bs 3 MM

La Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija (Cosaalt) ha decidido no acatar la orden judicial que la obliga a pagar una multa de casi tres millones de bolivianos impuesta por la Gobernación. En su lugar, ha optado por reactivar su defensa legal para evitar lo que considera un cobro indebido, que podría afectar sus finanzas y comprometer los servicios que presta a la población.

La disputa se origina por una sanción administrativa impuesta por la Gobernación, debido al supuesto incumplimiento en la presentación de informes de monitoreo ambiental entre los años 2012 y 2018. El pasado 6 de mayo, Cosaalt fue notificada oficialmente con un proceso coactivo para hacer efectiva la multa, lo que activó una reacción de sus representantes.

“El monto que pretenden cobrarnos es de 2.783.000 bolivianos, una cifra que compromete la estabilidad de la Cooperativa y los servicios que brinda”, advirtió el presidente del Consejo de Administración, Cristian Flores Altamirano, al anunciar la presentación de excepciones ante el Juez Agroambiental. La medida busca frenar la ejecución de la sanción mientras se revisa la legalidad del proceso.

Flores sostiene que Cosaalt sí ha cumplido con las obligaciones que ahora la Gobernación alega como incumplidas. Enfatizó que se está ejerciendo el derecho que tiene toda institución a defenderse ante una sanción considerada injusta, además pidió tranquilidad a los socios de la Cooperativa.

La situación se complica aún más con los pronunciamientos internos dentro de la propia institución. Fabiola Ríos, quien también se identifica como presidenta del Consejo de Administración —en medio de una disputa de legitimidad—, acusó al secretario departamental de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, Efraín Rivera, de intentar inducir a error al Tribunal Agroambiental.

Aseguró que el Tribunal Agroambiental no tiene competencia para ejecutar un cobro coactivo como pretende la Gobernación. Agregó que el proceso aún se encuentra en instancia de revisión en Sucre, lo que, en su criterio, impide cualquier intento de cobro inmediato.

Otro punto de discordia está relacionado con los periodos en los que supuestamente se cometieron las faltas. Ríos enfatizó que las irregularidades por las que se intenta sancionar a la cooperativa corresponden a gestiones anteriores, entre 2012 y 2018, cuando ella aún no formaba parte del directorio. Con ello, busca deslindar responsabilidades personales en el conflicto actual.

Mientras tanto, el Comité Cívico de Tarija ha expresado preocupación por el manejo administrativo dentro de Cosaalt. El presidente cívico, Jesús Gira, confirmó que se ha solicitado un informe detallado a los consejos de Administración y Vigilancia sobre este caso. Además, criticó la negligencia de la gerencia de la Cooperativa, al permitir que se acumulen sanciones por faltas administrativas sin una defensa oportuna.