Disposición del PGE tensiona al Gobierno y sectores productivos

La disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza el decomiso de productos en caso de agio y especulación, ha generado un clima de creciente tensión entre el Gobierno y los sectores productivos del país. Empresarios, gremiales y exportadores han manifestado su rechazo a la norma, anunciando movilizaciones.

Es por ello que han convocado a un paro nacional de 24 horas para el 10 de febrero, exigiendo la derogación de la disposición. Además, han presentado un proyecto de ley para anular la facultad del Gobierno de decomisar productos. En Tarija aún no definen si se sumarán a la protesta.

Presentan una ley

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) ha argumentado que la norma atenta contra los derechos constitucionales y afecta la seguridad jurídica del sector productivo.

El presidente de la CNI, Pablo Camacho, afirmó en conferencia de prensa que la disposición séptima representa un riesgo para la economía formal y el abastecimiento de productos.

“Nuestra posición de derogar no puede ser interpretada como una postura política. Hemos expuesto que la norma es atentatoria a derechos fundamentales y perjudica al sector productivo y el abastecimiento”, declaró.

Camacho mencionó que la aplicación de esta disposición del PGE generaría incertidumbre y afectaría las inversiones que se realizan en materia productiva, por lo que no pueden permitir que se habiliten mecanismos discrecionales de control que puedan traducirse en abusos o extorsiones contra el sector productivo formal.

Molestia en los gremiales

El dirigente de la Federación de Gremiales de Tarija, Juan Carlos Vargas, recordó que este sector ha hecho público su descontento sobre esta disposición del PGE desde finales del 2024 y que el tema ha sido abordado en dos ampliados nacionales, uno en Santa Cruz otro en Potosí, en donde han expresado su rechazo, pero que a la fecha no han sido escuchados por el Gobierno.

Vargas manifestó que en el transcurso de las siguientes horas emitirán un pronunciamiento sobre las acciones que van a asumir en los siguientes días, pero adelantó que las movilizaciones podrían ejecutarse en el eje central del país y escalonadamente darse en el resto de los departamentos.

“El Gobierno está detrás de todos y por eso nuestro sector está viendo a nivel nacional de tomar medidas de presión, de manera virtual nos vamos a reunir con los dirigentes para definir cómo serán nuestras movilizaciones”, señaló Vargas, sin confirmar ni descartar si se sumarán al paro de 24 horas anunciado para el 10 de febrero.

Posición del Gobierno

Por su parte, el Gobierno ha defendido la disposición argumentando que busca frenar el contrabando de productos de primera necesidad, como azúcar, harina y aceite, que están siendo sacados del país en grandes cantidades, generando desabastecimiento e incremento en los precios.

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, en declaraciones brindadas el pasado fin de semana, acusó a los empresarios de defender a “delincuentes contrabandistas” y de actuar con motivaciones políticas.

“No sabemos si lo hacen intencionalmente para proteger y fomentar a la delincuencia, a las organizaciones criminales que se dedican al contrabando a la inversa, sacando productos de la canasta familiar y afectando la oferta en el mercado interno”, afirmó.

El funcionario aseguró que la disposición no alcanza al sector productivo legalmente establecido ni al comercio minorista. Indicó que la normativa está diseñada para combatir actividades ilícitas que cometen algunas personas que almacenan grandes cantidades de productos, no para abastecer el mercado interno, sino para sacarlos vía contrabando hacia Brasil, Argentina y Perú, lo que genera un incremento de precios en los mercados locales.

Analista: Lío del PGE deberesolverlo la Asamblea

El analista económico, Omar Velasco, señala que el conflicto generado en torno a la disposición séptima del PGE no es tuición del Gobierno Nacional, sino que ahora debe ser resuelto por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Sin embargo, advierte que intereses políticos podrían acarrear dificultades.

“Es importante evaluar la pertinencia o no de este artículo. Por un lado, tiene razón el Gobierno cuando trata de buscar mecanismos contra el agio y la especulación, porque no puede ser que el país que es autosuficiente, sus productos estén incrementando de forma desmedida en los mercados como consecuencia de la especulación, entonces es importante aplacar este fenómeno”, señala.

Sin embargo, refiere que desde el otro lado se tiene al sector privado que no se encuentra en su mejor momento, ya que está sintiendo el deterioro de la economía, lo que se traduce en menores volúmenes de ventas, dificultades para acceder a dólares y abastecerse de carburantes.

“Yo veo que esta disposición no era necesaria incluirla en el PGE, porque el país ya cuenta con normativa, ya tiene una ley para atender estos temas del agio y la especulación, porque desde los años 50, en la presidencia de Mamerto Urriolagoitia había una ley que castigaba a quienes se dedicaban a la especulación, entonces hay un paraguas normativo en el país que ya existe”, afirmó.

Velasco señala que actualmente el conflicto radica en hacer cumplir la ley. Enfatizó que la responsabilidad no es exclusiva del Gobierno Nacional, sino que la responsabilidad es compartida con los niveles subnacionales.

“Hay otros métodos que no son coercitivos para solucionar el agio y la especulación, lo que se tiene que hacer es inundar los mercados con productos de primera necesidad para que este contexto de especulación pueda ceder, porque nadie puede estocar alimentos de forma indefinida”, apuntó.