La APDH pide garantías para los defensores de Tariquía

En los últimos días, los comunarios del Cantón de Chiquiacá, ubicado en el municipio de Entre Ríos, han sido objetos de lo que calificaron como un asedio por parte de trabajadores de empresas petroleras, quienes, acompañados de efectivos policiales, intentaron ingresar por la fuerza a la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) ha advertido la vulneración de derechos y ha solicitado garantías para las personas movilizadas en defensa del área protegida.

Yolanda Herrera, representante de la APDH en Tarija, denunció que los comunarios que lideran la defensa de Tariquía están siendo víctimas de persecución judicial. Refirió que inicialmente 18 personas fueron procesadas, pero en los últimos días se han sumado tres dirigentes más a esta lista, lo que constituye un claro acto de acoso e intimidación para debilitar la lucha en defensa de la reserva.

Herrera advirtió que existe una estrategia para aislar a los comunitarios del apoyo de las organizaciones sociales y ambientales. Según Herrera, el gobierno y las empresas petroleras buscan, mediante la judicialización de la protesta, silenciar a las familias que resisten a la incursión de las petroleras.

A pesar de que varias comunidades del área han expresado su oposición a la actividad extractiva en la reserva, en las últimas semanas no han sido notificadas formalmente sobre la intención de las petroleras para ingresar a la región. Cuestionan que estén intentando ingresar de manera arbitraria y sin el consentimiento de los habitantes locales, lo que ha generado una creciente tensión en el lugar.

La activista defensora de Tariquía, Paola Gareca, informó que las comunidades y los defensores ambientales se encuentran en estado de emergencia. Denunció que los comunarios movilizados en Chiquiacá están siendo víctimas de atropellos por parte de las empresas petroleras, que actúan con el respaldo de las fuerzas de seguridad del Estado.

La activista advirtió que, de concretarse el ingreso de las petroleras a la reserva, los efectos podrían ser devastadores. Explicó que según los contratos administrativos firmados por el Estado, se prevé que la actividad petrolera en Tariquía se prolongue durante 40 años, lo que, afectaría los ecosistemas y el modo de vida de las comunidades que dependen de la biodiversidad de la reserva.

Gareca también cuestionó el silencio de las autoridades locales y regionales, señalando que instituciones como la Gobernación de Tarija, el Gobierno Municipal de Entre Ríos, el Comité Cívico y otras entidades no han mostrado apoyo. En esa línea, hizo un llamado a la ciudadanía para trasladarse a Chiquiacá y reforzar la resistencia contra las petroleras.