Justicia: Lima ve avances, prevé reformas hasta el Bicentenario

Bolivia llega a su 198 aniversario con un sistema judicial cuestionado, con sus instituciones de justicia en los primeros lugares de vulneración de derechos y con la elección de magistrados en incertidumbre. Pese a ello, el ministro de Justicia, Iván Lima Magne, asegura que existe optimismo y prevé concretar la reforma judicial hasta al Bicentenario de la Patria el 2025.

Cuestionamientos

Además de las críticas en el escenario político, donde hacen referencia a una crisis de la justicia, los datos del Observatorio de la Defensoría del Pueblo señalan que de las 17.023 denuncias registradas en 2022, la institución más cuestionada fue la Policía Boliviana con 1.539, seguida de Ministerio Público con 1.394 y el Órgano Judicial con 1.163.

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En el 2021 fue el Órgano Judicial el que ocupó el primer lugar, también de la mano de la Fiscalía y Policía. En 2020 el escenario fue similar, con la denuncia más recurrente: la vulneración al debido proceso.

En entrevista con El País, el Ministro de Justicia se refirió a la reforma judicial, manifestando que existen avances significativos. También habló de la elección de autoridades que ocuparán los mayores cargos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Reforma de la justicia

Lima Magne aseguró que existen avances concretos, aunque no sean visibles. Se refirió a la institucionalización de jueces, mejoras tecnológicas, lucha contra la corrupción y redacción de normas. El Ministro responsabilizó a los medios de comunicación por no informar esos logros.

“Lamentablemente lo único que sale en los medios de comunicación son malas noticias y pareciera que es la única realidad que existe. El trabajo que vienen desarrollando diferentes instancias de la Justicia no tiene ninguna cobertura ni tiene ninguna posibilidad de salir en los titulares o contenido de los medios de comunicación”, aseguró.

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Elecciones

Por la Sentencia Constitucional 60/2023, que establece la inconstitucionalidad del Reglamento de Preselección de Candidatos, se paralizó el proceso en abril, cuando estaba en etapa de postulación, al mismo tiempo ordena que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe un reglamento de convocatoria por dos tercios. Queda aún pendiente que el TCP responda a un amparo que observaba los requisitos para los postulantes.

“Soy bastante optimista. En este momento, el Tribunal Constitucional Plurinacional le ha pedido a la Asamblea que regule este tema tan importante por dos tercios de votos, es algo que no tiene ninguna de las fuerzas políticas, ni el MAS unido, ni Comunidad Ciudadana, ni Creemos puede lograr los dos tercios. Necesitamos un diálogo constructivo por el bien del país y que permita emitir una norma transparente para la elección”.

Cuestionamientos En los últimos años, la Policía, Fiscalía y Órgano Judicial ha estado entre las instituciones que más vulneran los derechos

El Ministro recordó que a inicios de 2023 debería haberse puesto en marcha el proceso eleccionario, atribuyó el retraso a la Comisión Mixta de Constitución, dirigida por la senadora Patricia Arce (Movimiento al Socialismo), que es la que lideró la redacción del reglamento declarado inconstitucional.

“Si el reglamento es inconstitucional, el TCP tiene la obligación de declarar su inconstitucionalidad (…) El escenario de identificar responsabilidades, si se quiere, es de quien ha elaborado la norma inconstitucional, no de quien la reconoce como tal (…) Que el TCP declare inconstitucionalidad genera responsabilidad de quien ha liderado el proceso de construcción de la norma, tiene nombre y apellido, es Patricia Arce”, aseguró.

La parlamentaria, identificada como “evista”, anunció un proceso en vía ordinaria y juicio de responsabilidades a los magistrados del TCP por “retrasar” la elección.

La Sala Plena del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), a través de su presidente Óscar Hassenteufel, se pronunció dando hasta el 4 de septiembre para que la Asamblea remita la lista de postulantes y que el 3 de diciembre, como se tenía previsto, puedan realizarse las elecciones.

“¿Qué ocurre si la Asamblea no llega a ese plazo? No es un tema menor (…) Hassenteufel dijo: tienen que hacerme llegar la lista, sino no puedo organizar este año, pero no dijo en ningún momento que no puede organizar elecciones (…) Es una situación que debe resolver la Asamblea y debe hacerle llegar en algún momento, sea en septiembre, en diciembre, en enero, en algún momento tiene que llegar a un acuerdo y hacer llegar la lista (de precandidatos. El Órgano Ejecutivo muy poco puede hacer en un escenario en que es la Asamblea que tiene que hacer su trabajo”, recalcó la autoridad nacional.

Más de un año del informe de la ONU

El relator especial de las Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, en mayo de 2022 emitió un informe. Entre las conclusiones, apuntaba la necesidad de luchar contra la corrupción para garantizar el acceso a la justicia, reconstruir la imagen de sus instituciones, mejorar la redacción de la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, trabajar en una reforma estructural que garantice la independencia de poderes, promover una ley de acceso a la información y mencionaba que la elección de magistrados por voto ciudadano no garantizaba la idoneidad de esas autoridades.

Para el ministro de Justicia, Iván Lima Magne, existen avances en todas esas recomendaciones.