Valeriano, Mita, Cortez o Donoso: Viejos conocidos copan listas de señalados para las judiciales

Viejos conocidos, hermanísimos y algún que otro militante radical aparecen en las listas no oficiales que ya circulan entre los diferentes partidos tarijeños de cara a unas elecciones judiciales que aún se mantienen en el aire más allá de la Ley que blinda los plazos y su realización en este 2023 que tiene pendiente su trámite en el Senado.

Lo más evidente es que la carrera judicial gusta, y no poco. La mayoría de los presuntos postulantes en listas ya han ocupado cargos en otras instituciones o bien en el nivel departamental. Mientras que otros han pasado por instancias políticas de mayor o menor nivel.

La mayoría de los postulantes han sido vocales del Tribunal Departamental de Justicia en diferentes épocas mientras que muy pocos llegan desde el ejercicio libre de la profesión. Además, la mayoría ya han sido candidatos a otros procesos similares.

Candidatos al Tribunal Supremo

La candidata de más alta graduación en ejercicio es Julia Elizabeth Cornejo, actual magistrada del Tribunal Constitucional por Tarija y que aspira a mantener despacho en Sucre, esta vez en el Tribunal Supremo.

De entre los antiguos vocales del TDJ que aspiran a subir al siguiente nivel se cuentan a Marco Ramiro Miranda, el más antiguo de los postulantes (2002 – 2010), además de José Luis Lenz Mamani, Yenny Cortez Baldivieso y Hermes Flores Eguez.

Continuidad La mayor parte de los presumibles candidatos a desempeñado cargos como Vocal del Tribunal Departamental

Al Tribunal Supremo vuelve a postular también uno de los abogados libres más exitosos de Tarija, el doctor Grover Mita, quien también ha sido asesor del Tribunal Electoral. También se menciona en las listas de precandidatos el juez Agroambiental de Bermejo, Ángel María Reyes y el responsable distrital del Consejo de la Magistratura en Tarija, Víctor Fabián Gareca, exjuez de sentencia de Yacuiba, y que reemplazó primero a Miguel Dávila en suplencia hasta que llegó Sandra Gutiérrez, que finalmente sería nombrada Fiscal Departamental devolviendo el puesto al mismo Gareca.

Los últimos nombres que suenan para ser candidatos al Tribunal Supremo son los más políticos. De un lado Arturo Laime, que fue director de Transparencia de Lino Condori y con quien no ha acabado bien, pero se le cerraron puertas en muchos espacios; y Pablo Valeriano, hijo de Zacarías, que tenía estrecha relación con Evo Morales y que, de hecho, fue uno de los jefes de despacho que acompañó a Lino Condori en su interinato hasta el final. Desde entonces se refugia en la Federación de Asociaciones Municipales.

Los nombres del TCP

El asunto no es muy diferente para el Tribunal Constitucional, pues los nombres barajados y sugeridos también tienen vinculaciones con los altos cargos departamentales y con la política.

La mayoría de los nombres tiene pasado en el Tribunal Departamental de Justicia. Es el caso de Richard Ayza Salas y Adolfo Nilo Velasco o de Erik Donoso Zabrana, hermano del exconcejal Valmoré Donoso.

También por el Tribunal Departamental de Justicia pasó Heidy Calderón, que ocupó cargos en la gobernación con Mario Cossío y tras pasar por el TDJ se hizo cargo de una de las vocalías departamentales del Tribunal Constitucional.

Con pasado en el Constitucional también candidatea José Luis López Ortega, reciente coordinador y que también fue distrital del Consejo de la Magistratura y exasesor de la Asamblea Legislativa Departamental.

Entre los magistrados que suenan para candidatear al siguiente nivel está Maritza Sánchez Gil, del Tribunal Agroambiental en Tarija, y Ariel Serafín Gutiérrez, juez de sentencia que ya ha buscado otras postulaciones nacionales, como Luis Fernando Cavero Amador.

Entre los más políticos está Hugo Cruz Mendoza, que fue secretario de Justicia de Lino Condori, y Shirley Gamboa, docente universitaria y reciente candidata al Rectorado de la UAJMS y madre de Nataly Vargas, designada presidenta del Tribunal Electoral por Jeanine Áñez en 2019.

Un proceso trabado

A finales de este 2023 vencen los mandatos de los jueces electos en 2017, por lo que corresponde su renovación en plazo y forma. El pasado miércoles se aprobó en Diputados la Ley Corta que reduce de 80 hasta 70 días el plazo para la postulación y preselección y de 150 hasta 120 días la organización y ejecución de las elecciones y está pendiente de su homologación en el Senado, aunque su presidente ha confirmado que la respaldará.

Existen diferentes dudas y se analizan alternativas en el caso de que finalmente se bloquee la elección y no se puedan renovar los cargos judiciales.

La pugna que nadie se quiere perder

Si finalmente se producen, las de 2023 serán las terceras elecciones judiciales de Bolivia. En las dos anteriores los resultados no fueron satisfactorios y no se puede determinar que la Justicia haya mejorado, pues al contrario, se han evidenciado mayores niveles de sumisión al poder ejecutivo.

La causa principal es que el MAS operaba entonces como un bloque sólido que depuraba las listas de candidatos, por lo que no había pluralidad alguna, a lo que se unió que la oposición promovió campañas de voto nulo que no aportaron nada.

Con la división del MAS en la Asamblea se prevé que se deban “negociar” más abiertamente las listas de candidato y por ende, que se pueda entrar en competencia en los diferentes departamentos. Otros, sin embargo, aseguran que ante la incertidumbre el MAS optará por inviabilizar la elección y blindar los puestos afines por decreto, aunque suene poco democrático.