Silencio en casos de violación convierte a niñas en madres

En la última semana las noticias relacionadas al área de seguridad tuvieron como lo más alarmante los casos de violación en los que los agresores embarazaron a menores de edad, en menos de 72 horas en el Chaco se conoció la sentencia a un sujeto que obligó a una adolescente a abortar y otros dos en los que tuvieron que dar a luz.

A pesar de que Cercado tiene una mayor población, las denuncias que se reportan del Chaco o zonas fronterizas en ocasiones igualan o superan a la capital tarijeña. Otro dato alarmante se refiere a que en los dos últimos casos se desconocía del embarazo y de la agresión sexual hasta el momento del parto, lo que impide que las adolescentes puedan acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

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A esos casos se suma una sentencia en contra de un sujeto que violó y embarazó a una menor, a la que luego obligó a abortar sin garantizarle condiciones de salubridad.

Sobre este tema, los colectivos de defensa de los derechos de la mujer, como la Red Departamental de Lucha Contra la Violencia, en numerosas ocasiones emitieron pronunciamientos cuestionando la revictimización y retardación de justicia, por tratarse de hechos que desmotivan la cultura de la denuncia.

También habló sobre este tema el delegado regional de la Defensoría del Pueblo, Walter Portillo, quien manifestó que aparte del desempeño de las instituciones a cargo de la persecución de estos delitos, también existe una falencia por parte del personal de salud, especialmente los de primer nivel porque en muchas ocasiones no reportan la atención de embarazos que podrían ser producto de violaciones a menores.

“Lo que está fallando es cuando las adolescentes van a centros de primer nivel para revisiones y controles, los médicos tienen que denunciar que hay una menor embarazada. Es por eso que se debe activar los mecanismos y trabajar con la Red de Salud para que se instruya a las postas alertar si llega una paciente”, aseveró.

Recordó que la normativa legal establece que es obligación del personal médico dar parte a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de cada municipio cada embarazo adolescente con la finalidad de que se verifique si el mismo es producto de una agresión sexual.

En caso de haber una violación, el reporte se debe derivar a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y el Ministerio Público para la persecución del agresor. Por otra parte, se debe garantizar el acceso a un aborto legal oportuno para no poner en riesgo la salud de la víctima y la DNA debe hacerse cargo de la contención emocional, además del acompañamiento al proceso penal.

Embarazo adolescente y violencia

Con los datos del 2022, el Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM) reportó que la mayoría de los embarazos en menores de 15 son resultado de una agresión sexual. En promedio al día se registran 10 embarazos adolescentes a nivel nacional, lo que debería ser una alerta para que las autoridades ejerzan políticas públicas más efectivas.

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Prevención

En cuanto al trabajo realizado durante la pasada gestión, Portillo señaló que se coordinó con la DNA de Yacuiba un ciclo de campañas de prevención de embarazos no planificados y ferias de concientización.

Sin embargo, también llamó a los padres y madres de familia a prestar mayor atención a los cambios que presenten las niñas y adolescentes para detectar si fueron víctimas de una agresión sexual lo antes posible para evitar que tengan que dar a luz a corta edad y la impunidad de quienes cometen los delitos.

Normativa legal

Un informe emitido por la Defensoría del Pueblo en octubre del 2021 apunta al Estado por el incumplimiento de su condición de garante de derechos en cuanto a la educación y a la salud sexual, por ejemplo, lo que repercute en un alto índice de embarazo adolescente, que a la vez se convierte en un factor que impide el desarrollo pleno especialmente de las mujeres que son madres a corta edad.

Según el mismo reporte, las cifras demuestran que en los países de América Latina las adolescentes que se ven obligadas a enfrentar la maternidad antes de los 19 años tienen menor acceso a oportunidades educativas o laborales.