Afines al Gobierno evitan pronunciarse
Dinero retenido a Gobernación de Tarija repercute en la economía local
La Gobernación cuestiona la retención de recursos económicos por parte de la justicia, pese a que se cumplió con todos los procesos administrativos y procedimientos legales



Tarija siente en su economía los efectos de las trabas impuestas a la Gobernación, las cuales no permiten generar liquidez en la región. Hace casi un mes que el Gobierno Departamental canceló la deuda con la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), pero a la fecha la justicia aún no restituye los 122 millones de bolivianos que fueron retenidos como parte del proceso iniciado por la empresa estatal, recursos que no pueden ser inyectados en programas, proyectos y el pago de compromisos de la entidad departamental.
Tarija tiene un reducido número de empresas privadas, y la economía de muchas de ellas depende de los recursos que mueven las instituciones públicas. En este caso, es la Gobernación de Tarija la que juega un rol trascendental, pues si desde esta entidad no se mueven recursos económicos, los efectos se multiplican, afectando a un abanico de empresas que prestan servicios al Gobierno Departamental y consecuentemente esto replica en toda una cadena.
Son más de tres meses desde que la economía tarijeña ha entrado en una especie de recesión, por la falta de circulante, a lo que se suman los efectos de la pandemia y la falta de iniciativas estatales que coadyuven en la reactivación económica de la región.
La situación para la Gobernación de Tarija se ha tornado difícil, pues las entidades prestadoras de bienes y servicios empezaron a presionar, también se suman los compromisos por honrar en beneficio de sectores sociales del departamento. Esto ha orillado a que sea el mismo Gobierno Departamental el que empiece a exigir la restitución de sus recursos económicos confiscados meses atrás.
Este lunes, en conferencia de prensa, el vocero de la Gobernación, César Ramos, detalló que el pasado 21 de septiembre el Gobierno Departamental pagó la deuda de 122 millones de bolivianos por el proyecto del Sistema Interconectado Nacional (SIN), pese a que, argumentan, es una competencia del Gobierno Nacional, pero por un convenio del gobernador interino, Lino Condori, es que Tarija asume esta responsabilidad.
“Pese a la cancelación de recursos, (…) hasta el día de hoy, a casi un mes de haber cumplido con la obligación y haber solicitado a la justicia que libere los recursos que tiene retenidos del Gobierno Departamental, no se lo ha hecho, no nos han devuelto los recursos hasta el día de hoy, seguimos postergando el funcionamiento del Gobierno Departamental, seguimos postergando varios proyectos, varios programas que teníamos planificados con esos recursos”, apuntó.
Sobre este tema, El País buscó conocer tanto con legisladores departamentales e incluso parlamentarios de Tarija afines a la línea del Gobierno Nacional, del Movimiento al Socialismo (MAS), sobre las medidas que se pueden asumir en este caso o si pueden ayudar a dar una solución, sin embargo, evitaron pronunciarse al respecto.