Tarija: Justicia frena el pago de garantías del puente 4 de Julio

Pasaron dos semanas desde que el Gobierno municipal de Tarija anunció la decisión de rescindir contrato con la empresa Construcciones Viales e Hidráulicas S.A. (Convisa) por incumplimiento en la construcción del puente 4 de Julio. Sin embargo, la situación pareciera complicarse aún más, pues una decisión judicial no permite ejecutar las boletas de garantía por millones de bolivianos.

El director de Asuntos Jurídicos del Municipio, Roberto Ugarte, entrevistado por Plus TLT, explicó que la Sala Social y Contenciosa del Distrito de Tarija ha determinado poner en suspenso la ejecución de las garantías y el registro del contrato en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

“Como nos gustaría que la justicia actúe así siempre, porque en el término de dos días ha dado lugar a una complementación, ha llamado a una vocal porque la Sala estaba acéfala y encima ha dictado Resolución en menos de un día, algo que consideramos totalmente infundado”, denunció.

Ugarte señaló que existen varias observaciones a ese proceso. Detalló que esta Resolución ha sido sujeta a un recurso de reposición, además que el Gobierno Municipal ha sido notificado el pasado viernes fuera de horario laboral. Agregó que, frente a esta situación, se han realizado acciones ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), por el proceder del banco Bisa.

“El Reglamento de Garantías a primer requerimiento le otorga un día hábil a las entidades bancarias para hacer efectivo el pago de las garantías, pero el Banco se ha tomado más de seis días en adoptar alguna decisión y maliciosamente ha retardado la misma, hasta que ha salido la orden de no innovar”, expuso.

El funcionario municipal señaló que ahora está a la espera de la decisión de la justicia para ver la posibilidad que puedan revocar su decisión. De lo contrario asumir acciones constitucionales, esto al considerar los precedentes que tornan ilegal la determinación de la justicia.

Ugarte señaló que se ha podido evidenciar un uso indebido de influencias que involucra a la empresa Convisa y a la entidad bancaria. Enfatizó que el banco tenía obligación con la entidad estatal y no con la empresa obedeciendo una medida precautoria.

Confirmó que el pasado martes se presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del representante legal del banco y de la empresa, por el “malicioso” retardo en el cobro de la garantía y por el uso indebido de influencias.

 En este contexto, El País intentó contactar al presidente del Concejo Municipal de Tarija, Cesar Mentasti, para conocer su postura al respecto del tema y las acciones que prevén asumir, pero no se pudo establecer comunicación. Al respecto, el vicepresidente, Alberto Valdez, evitó entrar en detalles, refirió que no recibieron información formal sobre lo sucedido.

Previo a conocerse la determinación de la justicia, que impide la ejecución de la garantía por el puente 4 de Julio, el expresidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) regional Tarija, Pascual Velásquez, instaba al Gobierno Municipal contar con la documentación respaldatoria al día, para encarar el proceso judicial y no perder la ejecución de las boletas.

Buscan evitar el deterioro de las obras

El fiscal de obra del puente 4 de Julio, Raúl Díaz, anunció que hasta la siguiente semana se tendrá un informe preliminar sobre las obras inconclusas de este proyecto, y en base a ello fijar las medidas que se van a adoptar para evitar el deterioro de la infraestructura ya ejecutada.

“La supervisión (del proyecto) ha presentado un plan de protección del puente, vamos a hacer el análisis técnico correspondiente para resguardar los predios y todo lo que se ha venido ejecutando”, mencionó.

Díaz, al ser consultado sobre qué falta para concluir con el puente 4 de Julio, argumentó que inicialmente se tiene que terminar de vaciar el arco, el asfaltado de los accesos, el colocado de los barandales vehicular y peatonal, el retiro de las pilas provisionales, además del tesado de los tensores.

Cabe recordar que el proyecto representa una inversión de 73,2 millones de bolivianos. Sin embargo, por incumplimiento de contrato de la empresa, a la fecha se han pagado 63 millones de bolivianos, mientras que la ejecución física alcanza el 96%.

La obra en cuestión, desde un inicio ha sido polémica, pues tanto organizaciones sociales, como profesionales entendidos en el tema, habían realizado varias observaciones, inicialmente por el elevado costo del proyecto, por su “mala” ubicación, además porque no representa una solución al problema del tráfico vehicular. Sin embargo, la administración del exalcalde, Rodrigo Paz, hizo caso omiso a las observaciones y decidió proceder con la ejecución de la obra, apoyado por la mayoría de los concejales municipales de la anterior gestión.