Imputan y anotan bienes de los acusados por el Puente 4 de Julio

El Ministerio Público de Tarija formalizó la imputación contra el exalcalde de Cercado, Rodrigo Paz Pereira, y seis exconcejales municipales, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la construcción del Puente 4 de Julio. Como medida precautoria, la justicia determinó la anotación preventiva de los bienes de los acusados, mientras avanza el proceso.

La imputación contra Paz Pereira incluye los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. De acuerdo con la Fiscalía, estos cargos están relacionados con presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución del proyecto, cuya inversión alcanzó los 73,2 millones de bolivianos.

En la misma causa, los exconcejales Alfonso Paul Lema Grosz, Cira Flores Villarroel, Esther García Andrade de Mondocorre, Valmore Eduardo Donosso Zambrana y Alan Echar Sosa enfrentan imputaciones por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. Según la acusación, habrían aprobado los contratos del proyecto sin garantizar un adecuado control y fiscalización de los recursos públicos.

El concejal de Cercado, Erwin Mancilla, y uno de los denunciantes del caso, expresó su satisfacción por el avance del proceso judicial. La autoridad se esperanzó que la imputación y la anotación preventiva de bienes permitan llegar a una sentencia que determine responsabilidades en este caso. No podemos seguir permitiendo que grandes obras en Tarija se realicen con tantas observaciones y presuntas irregularidades", afirmó.

En su defensa, el exalcalde Rodrigo Paz Pereira rechazó las acusaciones y atribuyó la investigación a motivaciones políticas. Refirió que la culminación del Puente 4 de Julio representa un momento trascendental en la historia de Tarija y que es la obra más importante de los últimos 100 años, pero que ahora se busca desacreditar un proyecto que ya está al servicio de la población.

Por su parte, el exconcejal Alfonso Paul Lema Grosz, quien también ocupa el cargo de Director Ejecutivo de la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB), señaló que ya presentaron descargos ante la justicia y que continuarán con el proceso de esclarecimiento. Afirmó que ha aportado toda la documentación y evidencia necesaria para demostrar que actuaron dentro del marco de la ley.

Antecedentes

La construcción del Puente 4 de Julio se inició el 10 de julio de 2018, durante la gestión de Paz Pereira como alcalde de Tarija. El proyecto fue adjudicado a la empresa Construcciones Viales S.A. (Convisa) con un presupuesto de 73,2 millones de bolivianos y prometía convertirse en una solución para mejorar la conectividad vial en la ciudad.

Sin embargo, el 15 de agosto de 2022, la Alcaldía de Cercado resolvió el contrato con Convisa, argumentando incumplimientos en la ejecución de la obra. Luego de dos años de incertidumbre y una serie de modificaciones, el puente fue concluido, aunque con múltiples observaciones.

Entre los principales cuestionamientos está la ubicación del puente, pues diversos sectores han señalado que la infraestructura fue construida en un punto que no resuelve los problemas de tráfico en la ciudad; su elevado costo, ya que el monto de inversión ha sido duramente criticado, ya que se considera excesivo en comparación con proyectos similares; ingresos y salidas mal planificadas, pues la disposición de los accesos sobre la avenida Las Américas ha generado congestión vehicular en lugar de facilitar la circulación.