Tarija: Investigan el alquiler de las oficinas de Derechos Reales

Son recurrentes los reclamos de la población sobre el servicio que brinda la oficina de Derechos Reales en Tarija, sobre todo por la falta de personal para atender los trámites que se requieren. Sin embargo, ahora esa labor se dificultó más por las nuevas oficinas donde se halla esa institución, en la calle Delfín Pino y avenida La Paz, ya que no reúnen condiciones adecuadas, como espacio y ventilación. Se investiga el por qué se arrendó ese espacio, ya que no hubo una solicitud de la administración regional y advierten al menos cinco observaciones al proceso de contratación, que fue directa.

El representante de Tarija en el Consejo de la Magistratura, José López, a través de una entrevista con Plus TLT, explicó que el traslado de las oficinas estuvo a cargo de la Dirección Administrativa Financiera (DAF), que es la instancia encargada de realizar los trabajos o solicitudes realizadas por el Consejo de la Magistratura o el Tribunal Departamental de Justicia.

“Nosotros tuvimos conocimiento a mediados de noviembre del año pasado, que se estaba haciendo este arrendamiento y la contratación directa de este inmueble. Una vez que tuvimos conocimiento, fuimos a ver y verificar de qué se trataba, y presentó muchas dificultades y observaciones. Ante esa situación, el 10 de diciembre presenté todas las observaciones a Transparencia de la dirección nacional, como a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización”, detalló.

Según López, hubo observaciones sobre la contratación de ese bien inmueble, sobre todo porque no cumplía las condiciones para atender a los usuarios. Es así que se emitieron tres informes sobre ese proceso de contratación.

“La Dirección de Transparencia hace conocer, a la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, todas las observaciones, para que se pueda manifestar. Entonces queremos dejar en claro que nosotros no fuimos parte de la contratación de ese bien inmueble”, recalcó el representante del Consejo de la Magistratura, a tiempo de indicar que el Decreto 181 establece la instancia encargada de realizar los cambios de inmuebles de Derechos Reales, que es la DAF, que pertenece al órgano judicial.

El funcionario dijo que después del traslado se hallaron más observaciones al proceso de contratación, por lo que corresponde a la dirección nacional indagar si existen indicios de responsabilidad, tanto administrativa como penal, porque hay al menos cinco observaciones que dan lugar a que se anule o cancele el proceso de contratación del mencionado edificio.

¿Cómo se justificó esa contratación?, López indicó que la Dirección de Transparencia solicitó a la DAF que pase el proceso de contratación. “Lo que estamos esperando es que no remitan toda la información, cómo han sido las condiciones técnicas para esa contratación. Porque en esta oportunidad el registrador de Derechos Reales de Tarija no tiene conocimiento de esa solicitud del cambio de ambientes”, indicó.

López fue enfático al señalar que todas las contrataciones que se realizan a favor del órgano judicial, no las realiza ni el Tribunal Departamental de Justicia ni el Consejo de la Magistratura, sino la DAF, que es una instancia autónoma.

“Derechos Reales en ningún momento ha solicitado el cambio del edificio, y más aún, en Tarija es difícil encontrar un edificio que cubra las necesidades mismas de Derechos Reales. Por eso se está gestionando un edificio propio, para no estar pasando por estas situaciones, para no dar problemas a los usuarios”, indicó.

Pedirán otras oficinas para Derechos Reales

Ante el reclamo de la población, y de los mismos funcionarios, sobre las nuevas oficinas de Derechos Reales, el Consejo de la Magistratura solicitará el cambio a un nuevo edificio o, en todo caso, volver a las anteriores instalaciones, que ya estaban adecuadas para la atención.

“Queremos que se considere el alquiler de un nuevo edificio, para que, de alguna manera, se pueda cubrir la necesidad de un espacio más amplio y que tenga las condiciones tomando en cuenta que estamos en pandemia”, adelantó José López, represente del Consejo de la Magistratura.