Advierten bajos presupuestos para la lucha contra la violencia

El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, una fecha en la que los femicidios se cuentan como parte de una estadística fría, que solo nos recuerda lo poco que se avanzó en prevención. Sin embargo, hay cifras que podrían ayudar a cambiar ese panorama, el que las instituciones públicas, como las gobernaciones, destinan a la lucha contra la violencia hacia la mujer.

Según el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, solo tres departamentos han destinado, o al menos intentado dar, un presupuesto adecuado para prevenir esta problemática social, entre ellos, está Tarija.

Desde el 1 de enero hasta el 22 de noviembre de 2021, Bolivia registró 99 feminicidios, más de 40 mil denuncias contempladas en la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, y, dentro de ellas, más de siete mil denuncias de agresiones sexuales contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. A pesar de que estas cifras se han incrementado desde 2015, los presupuestos públicos contra la violencia de género siguen siendo insuficientes y, en muchos casos, ni siquiera son ejecutados.

Para la Red Coordinadora de la Mujer, conformada por 21 organizaciones a nivel nacional, estos datos deben servir para llamar la atención sobre la agenda pendiente de las mujeres bolivianas y sobre la necesidad de que el Estado, en todos sus niveles, traduzca sus compromisos en acciones concretas.

¿Qué dice la norma y cuánto se cumple?

La Ley 348, aprobada el 9 de marzo de 2013, constituye un importante avance normativo para que los Órganos del Estado nacional y subnacional asuman acciones integrales para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia. El Decreto Supremo 2145, aprobado un año después, reglamenta la mencionada Ley y define mecanismos de prevención, atención, protección y reparación, así como recursos para su implementación, estableciendo en su artículo 12 la autorización para que las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) puedan disponer de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para la construcción, equipamiento y atención de las casas de acogida y refugios temporales destinados a mujeres en situación de violencia. En ese marco, el 10 de agosto de 2019 entra en vigencia el Decreto Supremo 4012, que modifica el artículo 13 del Decreto Supremo 2145, estableciendo nuevos porcentajes obligatorios de recursos del IDH de Seguridad Ciudadana que las ETA deben asignar no sólo a la construcción y funcionamiento de las casas de acogida, sino a acciones de prevención. El porcentaje establecido es del 15%.

Sin embargo, durante la gestión 2020, de los recursos destinados a seguridad ciudadana de la fuente de IDH, el departamento de La Paz solo asignó el 3,4% a la lucha contra la violencia, no obstante, de que un 38% de los feminicidios registrados en el país en la gestión 2020 (43 de 113) se concentró en este departamento. Cochabamba, Beni y Potosí asignaron por debajo del 10%; Pando y Chuquisaca, el 13%. Solo tres departamentos superaron el 15% determinado por ley; el departamento de Santa Cruz, programó el 17,6%, Tarija 16,7%, y Oruro el 45%.

En cuanto a la ejecución de esos presupuestos, si bien Oruro tiene programado uno de los propuestos más altos, su ejecución ha sido 0%. En tanto, el GAD de Santa Cruz tiene un porcentaje de ejecución del 13,8%, muy bajo respecto a su presupuesto programado. Mientras, los GAD de Beni, Pando y Potosí tienen un porcentaje de ejecución por debajo del 50%. Finalmente, los GAD de La Paz con 95%, Cochabamba con 93,1%, Chuquisaca con 84,1% y Tarija 55%, presentando una ejecución presupuestaria eficiente.

En promedio, el porcentaje de ejecución de las nueve gobernaciones del país llegó apenas al 30,8% (5.702.621 bolivianos) del total de recursos programados para la lucha contra la violencia en razón de género (18.538.827 bolivianos).

Presupuestos 2021

Para la gestión 2021, las gobernaciones del país programaron el 0,2% para la lucha contra la violencia en razón de género respecto al monto total de inversión, porcentaje similar a la gestión 2020.

Según la normativa actual, las gobernaciones, al igual que la gestión anterior, debieron programar al menos el 15% de los recursos de seguridad ciudadana para la lucha contra la violencia. Al respecto, se observa que solo tres Gobiernos Departamentales cumplieron con ese porcentaje: el de Santa Cruz programó el 21,7%, Oruro 17,3% y Chuquisaca el 15,9%, mientras que La Paz, Cochabamba, Potosí, Pando, Beni y Tarija están por debajo del 15%, incumpliendo la normativa vigente.

Fortalecimiento a la FELCV

Cabe mencionar que el Decreto Supremo 4012 del 2019 indica que del total de los recursos para seguridad ciudadana se destinará como mínimo 10% a infraestructura, equipamiento, tecnología y fortalecimiento de dicha repartición policial. En este caso, según el Red Coordinadora de la Mujer, solo una gobernación asignó al menos el 10% el presupuesto mínimo establecido para el fortalecimiento de la FELCV, brazo operativo de la Policía Boliviana, encargada de atender y dar protección a las víctimas de violencia, así como de llevar adelante un proceso de investigación de cada caso.

Chuquisaca destinó el 10,5% del presupuesto de seguridad ciudadana, La Paz 2,3%, Cochabamba 3,3%, Oruro 7,5%, Potosí el 9,7%, mientras que Tarija destinó el 5,9%, Santa Cruz el 1,3%, Beni el 7,1% y Pando el 4,1%.