Arce cede también con la Ley 1386, los cívicos "no se fían"

"Conferencia en sábado, malas noticias" dejó caer una colaboradora del Viceministerio de Comunicación en uno de los grupos de prensa. Todo es cuestión de enfoque. Pasadas las 19.30 comparecieron en las escaleras de la Casa Grande del Pueblo el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y un calculado grupo de dirigentes sociales, que entre medio de la bravata y amenazas varias asumieron la culpa (o responsabilidad) de haber solicitado la abrogación de la Ley 1386, aunque no quedó claro hasta que tomó la palabra el Presidente.

“Escuchando las demandas de pueblo, las demandas sectoriales, hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 1386, a objeto de allanar el camino para que no exista mayor pretexto para seguir enlutando el país y seguir paralizando la economía” dijo Arce y se hizo el silencio.

Solo dos semanas antes se había retirado el tratamiento de la Ley contra las Ganancias Ilícitas tras apenas un día de paro no muy exitoso. Ahora cae la estrategia general que venía impuesta por organismos financiadores supranacionales, y antes ya habían caído "pequeños" proyectos como el intento de cobrar el tributo pertinente a las gigantes tecnológicas que operan en Bolivia o incluso el proyecto del tren Arica - La Paz, cuya prueba se eliminó ante el rechazo de los transportistas.

Antes hubo también algunos titubeos, como la inicial negativa a realizar el censo en 2022 que fue corregida o los escarceos con la exportación de la carne. También, entre medias, dos ministros (en Tierras y en Educación) que fueron imputados por irregularidades y que Arce se enteró al último.

Solo ha pasado un año de gestión desde su holgada victoria con el 55% y el gabinete está por demás magullado. Magulladuras que se hacen más evidentes precisamente por el extremo clima de polarización política que Arce ha elevado llevándolo de los encuentros partidarios a la Asamblea Plurinacional en actos solemnes como el de su informe de gestión.

Escenario volteado

Lo que sí es cierto es que Arce y los suyos han logrado voltear absolutamente el tablero con una decisión inesperada, por lo que se esperan las acciones (más que las reacciones) de los cívicos y políticos de oposición.

Durante toda una semana Arce y Choquehuanca han llamado a "defender el proceso en las calles"; las organizaciones sociales han salido a ello en lugares neurálgicos y tranquilos como Tarija; el propio Evo Morales, siempre bajo sospecha de estar "serruchando" a Arce, estaba organizando una marcha desde Oruro para defender al Presidente e incluso el canciller Rogelio Mayta salió horas antes de Arce a comunicar a la comunidad internacional - y ojo que en diplomacia esto es de lo que se anota - que se estaba pergeñando un nuevo golpe contra Arce.

“El Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional que partidos políticos de oposición, junto a comités cívicos departamentales y plataformas afines, promueven deliberadamente una campaña de desinformación, falsedades y tergiversación sobre el contenido de la Ley 1386 (…) a fin de repetir el libreto de golpe de Estado de 2019”, dijo Mayta al leer un comunicado en el que reconocía que la Ley responde "estrictamente a los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y es parte de una serie de normas para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, remarcó.

Acuerdos El Gobierno quiso que las partes participaseb de la reglamentación de la Ley 1386, pero acabó abogando

Suponiendo que los sectores movilizados contra la Ley, es decir Gremiales y Transporte, habían pedido específicamente la abrogación sin negociación, la pelota está ahora en el tejado de cívicos y opositores que sí habían sumado otras demandas menores al paro.

Hasta el cierre de esta edición los principales políticos de oposición guardaban calculado silencio mientras saboreaban una victoria inesperada e "impropia", ya que los principales actores movilizados no responden ni a Comunidad Ciudadana ni a Creemos.

Todos ven un gobierno "débil", pero los analistas advierten que es más sencillo destruir que construir. El único que ayer hizo una mención al futuro fue Luis Fernando Camacho en la tractorada de Montero antes de conocerse la abrogación: "hay que avanzar al federalismo que es lo que todos queremos porque federalismo es unidad, no división" aseveró el gobernador cruceño. Sin duda que la política nacional entra en otro estadio poco conocido, la etapa de un gobierno que tendrá que remangarse y negociar a fondo antes de tratar de llevar adelante cualquier iniciativa. Es uno de los efectos de la polarización: nadie se fía de nadie.

Un cambio de Ministerios aplazado

Desde el mismo 18 de octubre en el que Luis Arce celebraba el primer año de su victoria en las ánforas, los sectores que componen el MAS vienen reclamando un cambio de ministros en el gabinete, pero la tensión política de estos días no ha dado oportunidad. Con el nuevo giro dado tras la abrogación los estrategas recomiendan abordar ya el aplazado cambio para conformar un gabinete más pesado políticamente que haga olvidar el primer año de fracasos.

Las organizaciones sociales buscan meter representantes mientras que Arce pondera sumar ex ministros experimentados de la época de Morales, incluido Juan Ramón Quintana. Otros nombres como Eduardo Rodríguez Veltzé o Susana Bejarano están sobre la mesa.