Del traslado de Camacho a la nueva guardia militar de Arce

Arrancó el octubre político con al menos dos movimientos clave, y ya sabemos todos lo que suele pasar en este mes en este país, peor si las cosas están revueltas.

El primero en mover ficha fue Luis Fernando Camacho en El Deber Radio. El Gobernador cruceño señaló que sí irá a La Paz a declarar el jueves 7 de octubre en el primer vuelo de la mañana. La cita dentro de la causa por “conspiración, sedición y terrorismo” es a las 9.00 de la mañana y en las redes sociales se especula mucho sobre el recibimiento que le pueden tener preparado en la urbe alteña no tanto por las últimas escaramuzas sobre la wiphala sino por las heridas aún abiertas de 2019, aunque para el caso todo es lo mismo.

Camacho dice que va a ir a La Paz a declarar, no a no declarar. Lo dice e insiste porque es un dardo para el otro investigado con el que se disputa el protagonismo principal sobre la caída de Evo Morales en 2019: Carlos Mesa. Mesa entregó una declaración escrita que distribuyó también a los medios, pero formalmente se acogió a su derecho a no declarar, es decir, no recibió preguntas. Inicialmente hizo eso mismo la expresidenta Jeanine Áñez, aunque después sí ha hecho algunas declaraciones formales sobre lo que ella considera que es un atropello a sus derechos, recordando también que cuando llegó a La Paz, Evo Morales ya había renunciado. En lo concreto, Áñez está presa, Mesa está libre y sobre Camacho no hay nada escrito. El Comité Cívico ya advirtió que “caerá la noche” y el padre del gobernador consideró que “La Paz no debe ser cárcel de los enemigos del régimen”.

Las piezas de Arce

La réplica la dio Luis Arce Catacora con uno de esos gestos políticos cargados de significado democrático: nombrar un nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en este caso Augusto Antonio García Lara, quien ejercía como Jefe del Estado Mayor. Un gesto intempestivo con rango de interinidad mientras se arreglan las cuestiones normativas que no ha tardado en develar su posicionamiento: García Lara no tiene dudas de que hubo quiebre del orden constitucional en 2019.

Por el momento, al Gobierno de Arce le quedan dos conflictos de diferente intensidad que resolver antes de que la semana que viene los cívicos intenten recuperar protagonismo. Uno es el de la marcha indígena en Santa Cruz, que, aunque ya ha llegado a destino, sigue quedando ahí como esperando una respuesta; el otro es el de Adepcoca, cuyo control por las bases más cercanas al MAS ha generado ya demasiadas fricciones y después del movimiento de ayer no parece que convenga alargarlo.

El 11 es la cita cívica, en principio lo convocado es un paro nacional contra la Ley de lucha contra el enriquecimiento ilícito. Los políticos opositores le dan poco crédito de éxito salvo que se prenda la movilización con las iglesias cristianas y determinados sectores gremiales, pero no parece sencillo de convencer a las masas que se movilicen por una normativa que claramente no les afecta, porque no son millonarios. Ni siquiera uno de los millonarios más reconocidos del país, como Samuel Doria Medina, considera útil esa movilización. Así lo ha dejado escrito en sus redes sociales, lo que ha servido, claro, para que los más radicalizados lo critiquen por “tibio” y “funcional” al Gobierno de Luis Arce como lo fue al de Evo Morales.

En medio de la tensión, no parece estar el clima para bromas ni razonamientos. Y es que ya lo dice Nury Melean, activista liberal convertida en algo así como el faro de la ultraderecha boliviana en las redes sociales: “¡Que arda todo de una vez!”. Después se cayeron las redes. Veremos.

Tres políticos en los Pandora Papers

Los nombres de los bolivianos implicados en los Pandora Papers - la mayor filtración de documentos sobre paraísos fiscales – empiezan a aparecer. De momento son tres los señalados en el ámbito político: Branko Marinkovic, Fernando Illanes de la Riva y Pedro Jaime Valdivia, aunque hay casi 300 señalados que bien puede tratarse de empresarios más o familiares.

La offshore de Marinkovic se creó en el año 2000 y fue poco después cuando el agroempresario soyero y aceitero empezó a coquetear con el Comité Cívico cruceño, que presidió en los años más duros del enfrentamiento con el Gobierno de Evo Morales. Tras una década fuera del país retornó tras la caída de Morales y a los pocos meses asumió la cartera de Planificación con Jeanine Áñez. No tardaron en aparecerle nuevas polémicas por sus tratos familiares con la tierra.

Fernando Illanes de la Riva, recientemente fallecido, fue otro empresario vinculado estrechamente a la política principalmente durante las dos gestiones de Gonzalo Sánchez de Lozada como Ministro de Economía y de Hidrocarburos. Illanes, como Marinkovic, es un clásico, pues ya aparecía en los Panamá Papers. En esta ocasión se detalla un fideicomiso de tres millones de dólares en beneficio de sus hijos en las Islas Vírgenes.

El tercero de la lista es Pedro Jaime Valdivia Almanza, que fue embajador en Brasil, pero sobre todo es el hermano de Juan Valdivia Almanza, diputado del MAS que dejó la política para aparecer como prominente ejecutivo de Gravetal, empresa clave en el desarrollo agroindustrial cruceño y cuyos capitales venezolanos siempre han estado en el ojo de la tormenta.

Los expertos señalan que en Bolivia no resulta difícil ocultar el patrimonio y que el sistema – antes de la ley contra las Ganancias Ilícitas, es bastante opaco. En ese sentido, una offshore implica un gran despliegue de medios de ingeniería fiscal.