SIB apoya endurecer la Ley de Edificaciones, Fejuve Tarija rechaza

Para el sector profesional, la Ley N°246 de Modificación a la Ley Municipal N°132 de Edificaciones en Altura, brinda la seguridad a las personas que construyan en un terreno superior a los 300 metros, que esta edificación contará con los estudios fundamentales para una “buena construcción”.

Sin embargo, desde la dirigencia vecinal en Cercado apuntaron que los estudios de suelo y otros requisitos que están insertados en la Ley N° 246, no son “necesarios” en construcciones que no superen los cuatro niveles de altura. Además, implican gastos “extras”, afectando la economía de las personas que desean construir en Tarija.

Fejuve 

El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Cercado, Alejandro Ramírez, explicó que la modificación que se pretende realizar a esta normativa recae en que la persona que pretenda realizar una construcción, deba cumplir con requisitos que son de orden “técnico” pero no “indispensables” al momento de ejecutar una edificación, situación que afectará económicamente a la persona que desee construir.

“Estamos con mucha preocupación en este tema de la Ley 246 que es una modificación a una ley anterior que es la 132, que norma las edificaciones en altura. Lamentablemente se está afectando económicamente, se van a incrementar los costos para inicialmente hacer un plano de construcción, que exigen varios requisitos, en resumen, esta ley hará que una construcción deba tener cálculos estructurales, análisis de suelos y un montón de requisitos que son netamente técnicos”, indicó.

Según Ramírez, la Ley Nº 246 “fomenta la construcción clandestina”, situación que no ocurría con la Ley Nº 132, que indicaba que las construcciones con más de cuatro pisos debían contar con los requisitos técnicos. Para el dirigente vecinal, solo las construcciones que tienen más de cuatro pisos deben contar con estos requisitos técnicos y no así las edificaciones con menos niveles de altura.

“La modificación pide hasta los 300 metros cuadrados, por eso consideramos que esta ley no tiene que ir, en realidad ya está aprobada, pero nosotros estamos trabajando en que se abrogue o en su caso se derogue. Nuestros vecinos no están de acuerdo por el tema económico, porque los estudios seguramente van a estar arriba de los 6 mil bolivianos”, argumentó.

Profesionales 

Para el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) filial Tarija, Pascual Velásquez, esta normativa brinda la seguridad que necesita una persona que decide construir hablando en términos de “beneficio y costo”.

“Un estudio de suelos en un terreno vale unos 600 bolivianos, no sé de dónde sacaron que cuesta 6 mil bolivianos, un estudio estructural para una vivienda pequeña no sobrepasa los mil bolivianos, entonces, si uno analiza el tema de beneficio-costo, cuando se hace todo el estudio de ingeniería, ahorramos el 20 por ciento del total de la construcción, es decir, si un vecino invirtió 50 mil dólares, con buenos diseños vamos a ahorrar unos 10 mil dólares”, explicó.

Alcaldía aprueba hasta 100 planos al mes

La Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) del Gobierno Municipal de Tarija recibe al mes entre 80 a 100 trámites nuevos para la aprobación de planos, tanto de ampliación como de construcción de nuevas viviendas. Sin embargo, aún hay muchos que deciden construir sin realizar ese trámite.

La encargada de la Unidad de Monitoreo y Control Territorial de la DOT, Dushinka Brozovich Martínez, informó que a la semana ingresan entre 20 a 25 trámites nuevos para la aprobación de planos, de ese tanto, hay un porcentaje que no construye o lo hace cuando logra conseguir el dinero que necesita.

La Unidad de Monitoreo registra un estimado de 120 a 140 denuncias por construcciones clandestinas, es decir que incumplen con la aprobación de sus planos arquitectónicos, realizan modificaciones sin autorización o las edificaciones invaden áreas públicas.

De estas, 50 por ciento corresponde a notificaciones detectadas por los inspectores o generadas de oficio y el resto son denuncias realizadas por particulares, por ejemplo, un vecino que denuncia a otro porque ha detectado una irregularidad.