Juzgada y con temor: “Fui víctima de violencia ginecológica en Tarija”

"Me sentí humillada" son las palabras de una mujer de 31 años al salir de una consulta ginecológica privada en Tarija, donde no obtuvo respuestas a su problema de salud, pero sí varias etiquetas y prejuicios por la forma en la que vivía su sexualidad.

Diana Herrera (nombre ficticio) es abogada de profesión, ejerce ya su carrera por más de ocho años y dentro de los estrados judiciales le ha tocado defender a cientos de mujeres víctimas de violentadores físicos, psicológicos y sexuales.

Con éxito, ha logrado empoderarse junto a otras mujeres y promover sus derechos, sin embargo, jamás imaginó que dentro de un consultorio médico también se ejerciera la desigualdad de género, la violencia ginecológica y obstétrica.

Una violencia invisibilizada, pero común

Este término, aún no es avalado en muchos países y organizaciones de salud, pero fue usado por primera vez por Dubravka Šimonović, relatora especial sobre la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas (ONU) en el informe: “Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva”.

En éste se denunciaba el trato irrespetuoso y ofensivo que recibían muchas mujeres durante una consulta ginecológica o en el parto, e insistía en la importancia de establecer ciertas medidas de “control de calidad” en los centros de salud, así como la implicación de las propias mujeres, quienes a menudo no son conscientes de que determinadas actitudes o acciones forman parte de esta violencia invisibilizada.

Diana relata que desde que entró al consultorio, la ginecóloga jamás la miró a los ojos, no fue el centro de atención. “Empecé a contarle que después de tener relaciones sexuales experimento un dolor interno muy fuerte que algunas veces incluso, me hacía quedarme en casa y no ir a trabajar. Eso fue lo único que alcancé a decir completamente, antes que empezaran los cuestionamientos”.

En 2019 la Delegación Defensorial de Tarija presentó una propuesta de política pública para prevenir la violencia ginecobstétrica, ya que el 63,5% de mujeres reporta haber sufrido este tipo de violencia en Bolivia, según datos del INE

La especialista no quiso saber más de su malestar y sus preguntas siguieron este orden: ¿Cuántos años lleva de casada? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Hace cuánto tiempo no se hace un PAP? La realidad era que la paciente nunca estuvo casada, no tenía hijos y hacía como cinco años que no se hacía un PAP.

Diana intentó regresar al motivo de la consulta, y fue allí donde la doctora elevó la voz y molesta le preguntó: “¿Hace cuánto tiempo sentía aquel dolor?”. A lo que la usuaria respondió “desde hace años”. Aquella respuesta aparentemente errónea, desató fuertes críticas contra su persona por no acudir antes a una revisión, por ser “descuidada”.

“Cientos de mujeres se enfrentan a historias parecidas, hay personas ajenas dentro del consultorio y sin su consentimiento presencian sus revisiones, las adolescentes y jóvenes son criticadas por portar una ITS o pedir un método anticonceptivo y aún más mujeres son obligadas a tomarse una muestra de PAP sin su consentimiento, tan solo porque el personal médico debe cumplir un indicador mensual. Hemos llegado al extremo de medir la calidad del profesional por cuántas consultas hace, más por el tiempo que le dedica a la paciente para responder sus dudas” indica la doctora Shirley Araujo, ginecóloga obstetra.

Sin ningún examen físico o un laboratorio para descartar alguna patología, Diana recibió un diagnóstico que minimizó totalmente su problema de salud y cómo se sentía. “Los dolores que siente son normales, tiene que tener sexo con menos fuerza”. Antes de terminar la consulta, la doctora afirmó que le tomaría un PAP y preguntó si usaba métodos anticonceptivos.

“Le dije que no me cuidaba y que también no había venido preparada para tomarme un PAP, sin embargo, ante mi negativa, me dijo que debía firmar un documento donde se aclaraba que si me daba cáncer era mi culpa”.

Diana no salió con una receta que aliviara su dolor, pero si con una que indicaba que debía usar un inyectable mensual para protegerse de embarazos no deseados, aunque ella fuera lesbiana desde adolescente.

El Apunte

63,5% de mujeres embarazadas en Bolivia sufrieron violencia obstétrica

Bolivia reconoce el derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos a nivel constitucional. Sin embargo, en Latinoamérica ocupa el segundo lugar con la razón más alta de mortalidad materna, que tiene como causa principal la violencia obstétrica.

Según la Encuesta de Prevalencia y Características de Violencia contra la Mujer del Instituto Nacional de estadística (INE) realizada el 2016, en Bolivia, el 63,5% de las mujeres que fueron atendidas durante su parto en un centro de salud, fueron víctimas de violencia obstétrica. Los mayores reclamos apuntan a los hospitales públicos con un 68,3%, nosocomios de seguridad social con 64,2% y un 35,4% en clínicas privadas.