Novillo: Revisando las 35 mil actas se sabrá si se alteraron votos

El Gobierno nacional acudirá a las instancias que sean necesarias para demostrar que el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre las elecciones fallidas del 20 de otubre de 2019, se elaboró de manera sesgada y sin cumplir parámetros internacionales.

Así lo indicó el ministro de Defensa, Edmundo Novillo (EN), en una entrevista con el diario El País. La autoridad apoya la solicitud de la Procuraduría General de revisar las 35.000 actas que fueron observadas en octubre de 2019, pues considera que verificando “acta por acta” se sabrá si realmente hubo o no la alteración de votos.

Esa labor, recalcó, la deberá realizar una instancia total y absolutamente imparcial, y sobre todo confiable.

El País (EP): El Gobierno ha refutado la auditoría de la OEA sobre las elecciones del 2019. El Procurador asegura que no se siguieron parámetros internacionales. ¿Por qué se hace esta observación a más de un año de ese proceso electoral?

EN: Hay que entender que la crisis sucedida entre octubre y noviembre de 2019 ha sido una crisis que fue, ante todo, planificada años anteriores, no solo por civiles, por políticos, no solo por otras instituciones, como la Policía y las Fuerzas Armadas, como además por otros gobiernos del mismo pensamiento fascista, derechista y pro imperialista, como el gobierno de Argentina con (Mauricio) Macri o de Ecuador con Lenin Moreno, esto fue planificado y trabajado muy cuidadosamente. Participaron incluso algunos periodistas, porque en ese tiempo se tenía un guion único, sin una contraparte que pueda aclarar, refutar, que pueda tener una idea divergente a los hechos que sucedían en ese momento.

En ese entendido, por responsabilidad con el pueblo, con la historia, con la comunidad internacional, no el Gobierno como Gobierno, si no como militantes del Movimiento al Socialismo, vamos a recurrir a todos medios y mecanismos con la única finalidad de que se llegue a la verdad material, real y objetiva de los hechos. No solo una verdad mediática, si no una verdad comprobada, irrefutable. Y en ese objetivo se van a recurrir a todos los medios posibles, porque tenemos la altísima responsabilidad como militantes del MAS de que esto se esclarezca.

En ese entendido, yo debo ponderar la iniciativa que han tomado los diputados del MAS, asimismo la Procuraduría, para solicitar a la Contraloría General del Estado, que es la única instancia de control administrativo-gubernamental sobre los actos públicos reconocida por la Constitución, esta consulta. Y la Contraloría General del Estado no podía negarse a responder estas consultas que se han realizado.

Y hay que aclarar eso, no es propiamente una auditoría lo que ha hecho la Contraloría, sino que ha absuelto una petición de informe escrito y se ha referido propiamente al acuerdo suscrito en aquel momento de octubre, entre la OEA y el Gobierno de Bolivia en ese momento, para realizar el análisis de integridad electoral de las elecciones generales de 20 de octubre, y si se cumplió en los términos y alcances expresados.

Este acuerdo es una especie contrato y la Contraloría lógicamente que ha hecho un análisis de este acuerdo y se ha pronunciado a ese hecho, de que si el acuerdo ha sido llevado a cabo conforme a los puntos estipulados para llevar adelante este análisis de integridad.

2.- ¿Qué tipo parámetros obvió la OEA?

EN:  Este acuerdo estaba basado en que se realice una auditoría al cómputo oficial de votos de las elecciones generales de octubre de 2019, pero, además, también dice que la auditoría se concentrará en la jornada electoral y bases posteriores. Asimismo, también dice que un equipo de expertos internacionales desarrollará funciones de auditoría electoral sin el menoscabo de las organizaciones del Estado, de la independencia y la autonomía del órgano electoral.

Entonces, aquí surge un punto muy importante, que este equipo de expertos internacionales entregará como resultado del informe una auditoría electoral al Secretario General de la OEA, que, además, lo enviará al Estado Plurinacional de Bolivia por los canales diplomáticos.

Y aquí va el tema de fondo de este acuerdo. El punto 6 de este acuerdo dice que el resultado del informe de auditoría, repito, de auditoría, será vinculante para las dos partes. Entonces, la iniciativa que tuvo la Cámara de Diputados, así como también el Procurador, es ver si el documento, el informe expedido por la OEA, ha sido realmente una auditoría.

Y la conclusión a la que se llega es que esto no ha sido una auditoría, es un informe de expertos internacionales, pero ellos definen sus propios parámetros de manera discrecional hacia donde quieren llegar, y esta discrecionalidad es la que está siendo cuestionada.

La auditoría, propiamente, de un acto público, de un hecho administrativo, tiene parámetros normativos de carácter internacional y eso está absolutamente claro, porque esas normas se las conoce en el ámbito internacional y todo auditor sabe que se las conoce como Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores 400 ISSAI y, además, todas las auditorías se desarrollan de manera internacional conforme a las Entidades Fiscalizadoras Superiores, que también tienen su sigla, INTOSAI. Es decir, que las auditorías deben estar basadas en este parámetro normativo.

Si hacemos un análisis del trabajo que ha realizado la OEA, concluimos que definitivamente no es una auditoría, es una opinión discrecional de expertos, entre comillas, en procesos electorales, que han discrecionalmente definido el alcance, el marco, el método y los puntos a los que querían llegar.

En ese entendido, hay que dejar bien claro, la verdad, aunque tarde, llega. La justicia, aunque tarde, llega. Y cada vez más esto se tiene que esclarecer. Entonces, la voluntad está en cada uno de nosotros, en que se establezca con total claridad qué es lo que ha sucedido, porque este documento, este informe, ha sido la base esencial para que se provoque una convulsión, para tomar el Gobierno de manera inconstitucional, es decir, de facto. Y este documento es el que han mostrado ante la ciudadanía como un documento que supuestamente demuestra que hubo fraude y en ninguna parte del informe utiliza el término de fraude.

Esto es lo que refutamos y lo que queremos es que se establezca la verdad, esto es lo que nos motiva, lo que nos lleva a la convicción de que debe saberse la verdad material de los hechos.

EP: ¿Revisar las 35.000 actas observadas de las elecciones del 20 de octubre de 2020 dará esta certidumbre? Porque es lo que propone el Procurador

EN: Hay tres tipos de auditorías, que está definido en el marco internacional, la auditoría financiera, la operacional o de gestión y la auditoría de cumplimiento o especial. La auditoría que corresponde al proceso electoral es la especial o de cumplimiento, quiere decir que lo que hay que verificar es todo el proceso integral, global, es decir, todo. Y ahí el todo son las 35.000 actas, para ver de manera objetiva, real, si esas actas tienen validez, no tienen validez, son nulas, porque aquí se ha atentado contra la voluntad soberana del pueblo y eso es muy grave. Porque lo que se ha hecho es desconocer la voluntad soberana del pueblo con un supuesto fraude generado por una movilización y secundada por muchos medios de comunicación.

En ese sentido, la única forma de establecer la veracidad de los hechos no es revisando unas cuantas actas, como lo ha hecho la OEA, eso es muy parcial, eso es, además, muy dirigido. Lo que corresponde es revisar todas las actas y de todas las actas es saber cada partido cuánto ha obtenido y qué porcentaje estuviera cuestionado y por qué. Porque el acta es el documento más importante de un proceso electoral, por qué, porque en cada mesa, los sufragantes, el jurado electoral, los delegados de los partidos políticos y el miembro del órgano electoral, públicamente, hacen el conteo, y una vez realizado el conteo registran y estos registros están avalados para su autenticidad, para su validez, por las autoridades electorales. Estas actas deben revisarse todas, con la finalidad de saber si hubo alteración de votos, perjudicando a un partido para favorecer a otro, que eso ya configuraría un hecho de fraude.

Esto es lo que hay que establecer, y si se establece eso, hay que ver con cuánto de votos se le ha perjudicado de votos válidos y se ha favorecido al otro. En ese entendido, eso es lo que debería haberse hecho, para ser una auditoría y para que tenga todo el alcance, pero eso no hizo la OEA.

La OEA solo ha hecho de un segmento muy parcial, muy limitado y exageradamente interesado en algunas actas. Por eso es que el Procurador ha manifestado que hay que ver las 35.000 actas y sobre esa base, objetivamente, hay que llegar al establecimiento de la verdad, si hubo o no lo que han acusado para desconocer la voluntad popular. Emergente de ese hecho ha venido un gobierno de facto, las masacres y hubo todas las consecuencias que sabemos.

EP: ¿Y a qué instancia le compete realizar todo este proceso de revisión?

EN: Yo considero que hay que definir una instancia total y absolutamente imparcial, y confiable. Yo considero que estas 35.000 actas que se deben revisar de manera imparcial y transparente. Esto qué quiere decir, que cada acta que se revise tiene que ser público, abierto a la ciudadanía, para que sepa, acta por acta, cuál era la valoración que debía realizar la OEA y no lo ha hecho.

EP: ¿Se seguirán acciones contra esta comisión de la OEA que elaboró el informe sobre las elecciones de 2019?

EN: Mire estos han sido tan vivos para incendiar el país, que me ha sorprendido. La viveza criolla ha podido más en ellos, porque son expertos internacionales, que han suscrito un acuerdo de inmunidad. O sea que, si es que el informe iba a ser cuestionado de irregular, de ilegal, ellos tienen el convenio de inmunidad, de que no se les puede juzgar ni procesar a los expertos.

Pero el que ha generado todo esto y ha formado parte de este plan sin duda es (Luis) Almagro, porque él promueve y es el que firma todos esos acuerdos y ahí nosotros consideramos que Almagro es cómplice de todo lo que ha sucedido en Bolivia, del invento del fraude, del documento que es apócrifo, un informe que no es una auditoría, para generar toda esta documentación que fue la base, el argumento, que ha llevado a que se realicen todos estos actos ilegales, como asunción de un gobierno inconstitucional, como las muertes.

Entonces, aquí tiene que haber responsables, porque esto no puede quedar impune, porque no se puede tramar de esa manera tan macabra, desde un organismo internacional que sabemos que es servil a los Estados Unidos, pero este servilismo tiene que tener su límite y en este caso también sus consecuencias. Y esa es la tarea, para que no vuelvan a cometer este tipo de cosas en otros países.

Vuelvo a decir, tarde o temprano se va llegar a saber la verdad y cada vez más se va esclareciendo. Este informe es la punta, es el inicio, es la luz para demostrar que el tal fraude no ocurrió. No hubo auditoría, fue un informe de expertos que estaba orientado, dirigido, manipulado mañosamente, porque se tenía el plan de generar el golpe de Estado.