Tarija y el futuro de su gas, a la espera del plan de desarrollo

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) guarda con celo los hitos del próximo plan de desarrollo, un documento que dicen “no es cerrado” y que no pretende ser una grandilocuente declaración de intenciones, sino una concreta hoja de ruta factible para desarrollar el sector hidrocarburos en el país en los próximos años.

El sector sigue siendo el más relevante en cuanto a la captación de ingresos y más allá de la voluntad de las potencias consolidadas de concretar la instalación del coche eléctrico en el planeta y reducir el plástico de un solo uso, las aplicaciones de los hidrocarburos siguen siendo múltiples y valoradas: la cotización de los 75 dólares que venía aguantando desde hace dos meses trastabilló el 20 de julio cuando se anunció el acuerdo para aumentar producción en la OPEP, cayendo a los 65 dólares, pero inmediatamente ha vuelto a remontar y el viernes ya cerró en 72.

El plan se desvelará esa semana, lo que le ha servido al exministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, a reclamar atención mediante una nota de opinión muy descriptiva titulada “La exploración debe continuar” en la que defiende su gestión al frente de la cartera detallando nuevamente los millones de dólares que “logró comprometer” durante sus años en el Gobierno, aunque la materialización ha sido escasa.

“Entre 2015 y 2019 se logró suscribir 12 CSP y 22 CE, cuatro adendas y cuatro cesiones, lo que implica que, en promedio, se firmaron entre dos y tres CSP por año; entre cuatro y cinco CE por año, y una adenda y una cesión por año. Esta actividad atrajo un promedio de $us 1.600 a 1.700 millones por año, generando un escenario resiliente en una coyuntura de precios bajos del WTI” asegura el exministro más recordado por el fracaso en el pozo Boyuy X2, que resultó ser el más profundo de la historia, pero improductivo.

Tarija vive una especial encrucijada económica, por lo que gran parte de su expectativa y viabilidad depende del plan de exploración de YPFB y los resultados en el corto y mediano plazo que se puedan acordar, pues el propio hecho de que desaparezcan algunas áreas afecta incluso a su certificación de capacidad de endeudamiento.

Las áreas “disponibles”

YPFB tiene en Tarija cinco áreas con contrato vigente de los que se esperan resultados, aunque no están exentos de problemas sociales.

Sobre la serranía del Aguaragüe, en el Gran Chaco, se encuentra la zona del mismo nombre, Aguaragüe Norte, operada por YPFB Chaco, y cuyos trabajos empezaron en agosto de 2019. Se trata de un área tradicional cercana a las explotadas históricamente en la estructura de Los Monos.

Al sur de Caipipendi (el área de Margarita), se extiende Iñiguazú, un área que en su momento se entregó a PDVSA y que actualmente opera Repsol con altas expectativas para que Caraparí vuelva a tener el explendor de antaño.

Paralela a Caipendi se extiende Huacareta, que cruza Chuquisaca y entra ligeramente hasta Santa Cruz. Esta área es operado por Shell Bolivia, aunque perforó el Jaguar X6 sin buenos resultados y desplazó sus equipos perforadores hacia el norte en 2020.

Partiendo de Entre Ríos hacia el sur, ingresando en Caraparí y Padcaya, se encuentra el área San Telmo Norte, entregada a Petrobras en coalición con YPFB Chaco y que ha registrado una fuerte contestación social al tratarse del corazón de la Reserva de Tariquía.

Además, sobre la frontera este del triángulo sud con Argentina se entiende el área Astillero, entre Caraparí y Padcaya casi llegando a Bermejo. El área es operada por YPFB Chaco e ingresa en algunas partes de la Reserva de Tariquía, aunque las modificaciones del plan de manejo lo han situado eventualmente fuera.

Por otro lado, hay otras 17 áreas con potencial que o bien están en negociación o bien están libres y que las empresas pueden negociar para tratar de desarrollar el proyecto.

De ellas, 13 son áreas que se han investigado muy someramente y para las que se esperan ofertas bien de las petroleras tradicionales o bien de las subsidiarias de Yacimientos para su desarrollo definitivo. Entre ellas está San Telmo Sur, Huacareta Sur o Río Salado en la zona de O´Connor/Padcaya y Yuchán, Sunchal, Algarrobilla, Algarrobilla y Aguaragüe sur y norte en el Chaco.

Otras cuatro áreas, según el reporte del Ministerio de Hidrocarburos, se encuentran en fase de negociación, es decir, que YPFB ha obtenido la información suficiente para “ponerlas en el mercado” y existen algunas empresas interesadas en entrar a operar. Las cuatro están en la zona más oriental del departamento, en Villa Montes, salvo La Ceiba, que se encuentra en las proximidades de Yacuiba y es una de las esperanzas del municipio por ingresar al club de los municipios productores. Las otras tres son Yuarenda y Sayurenda, íntegramente en Tarija, mientras que Carandaiti se extiende perpendicularmente hacia el norte atravesando Chuquisaca y llegando hasta el departamento de Santa Cruz.

El “secreto” del fracking

Uno de los debates aparcados es el del fracking, la técnica de la fractura hidráulica empleada para encontrar petróleo y gas no convencional, que a través de un proceso químico libera el hidrocarburos que tras el tratamiento adecuado puede ser utilizado convencionalmente. Estados Unidos ha sido el pionero en desarrollar la técnica y ha llegado a tener rendimientos comerciales parejos a la producción de petróleo convencional en el Golfo Pérsico, que ronda los diez dólares.

En Sudamérica México y Argentina son los países que más han desarrollado. Se les suma Chile, que cuenta con una pequeña explotación en el sur. Pero no son los únicos que sueñan con esta tecnología sospechada hasta de provocar sismos: en Colombia y Uruguay, rigen dos moratorias, que en realidad en Colombia han sido trampeadas por el propio ejecutivo, que ha concedido permisos para “experimentar” con la técnica en algunos reservorios y básicamente en aquellos lugares donde ya había contratos firmados.

Algo parecido ha pasado en Bolivia, que desde que en 2013 la Agencia de Información de la Energía de Estados Unidos advirtiera de ingentes cantidades de gas no convencional en las llanuras chaqueñas, todo se ha ido acomodando para darle paso pese a que inicialmente el entonces Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, expresara un contundente rechazo.

A partir de 2015, el de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, fue configurando la normativa para ingresar con nuevas técnicas a nuevos espacios, incluyendo los decretos que levantan las reservas naturales, etc. A su vez, inició una especie de trabajo de concienciación, apelando reiteradamente a “el mar de gas” y hablando de los 900 trillones de pies cúbicos de gas que hay en el territorio, aunque obviaba explicar la necesidad de aplicar la técnica que, si bien ha tenido algunas mejoras en su desarrollo, sigue siendo considerada como altamente agresiva para los acuíferos.

En Bolivia se han hecho dos especies de prueba piloto, como enumera Juan Parilla en su reporte para Periodistas por el Planeta.

En 2013 se firmó un acuerdo de cooperación entre la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la argentina YPF para trabajar en el tema, y la empresa Halliburton realizó una “minifractura” en el departamento Chuquisaca, donde descubrieron reservas de tight oil.

A eso se sumó que, entre 2014 y 2017, hubo un proceso de flexibilización legislativa. “Bolivia depende de los hidrocarburos, es un país exportador. Cuando caen los precios del petróleo, se reconfiguró la normativa, se flexibilizaron los estándares ambientales, se modificaron el tiempo y las características de las consultas previas, y se abrió la actividad a las áreas protegidas”, repasa la abogada Claudia Velarde, de AIDA, una de las organizaciones que promovió en 2014 la Alianza Latinoamericana contra el Fracking.

En 2018, se firmó un acuerdo entre YPFB y la canadiense CanCambria Energy —de la que casi no hay referencias— para explorar y explotar el bloque Miraflores, en el Chaco boliviano, ubicado alrededor de un 90% en el municipio Macharetí, departamento de Chuquisaca. La empresa estima que las reservas allí podrían ser mucho mayores a las de Vaca Muerta, aunque no son pocos los que creen que el dato es exagerado. Lo cierto es que informó que iba a perforar 800 pozos, pero no habría avanzado.

En la actualidad, la posibilidad de retomar los proyectos no convencionales está al alcance del Gobierno, si bien se prevé una movilización ambientalista si no hay consenso adecuado con las comunidades.