Alarcón: Amerita evaluar la Ley de Incentivos por la falta de resultados

En tiempos de pandemia, la gestión de recursos económicos y la fiscalización del uso de los mismos es más que importante, considerando que los ingresos ya no los mismos. En esa línea, es que la senadora por el Movimiento al Socialismo (MAS), Gladys Alarcón Farfán, tiene decidido seguir de cerca la inversión que se hace en salud.

Junto a la Brigada Parlamentaria de Tarija, la legisladora se comprometió a hacer las gestiones necesarias para que a la región no le falten medicamentos, ítems y oxígeno. Sin embargo, exhortó a las autoridades a mejorar la planificación de sus recursos y dejar de lado ese “papel de victimizarse”. 

El País (EP): Desde la bancada del Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿qué gestiones se están haciendo para ayudar a Tarija a enfrontar esta tercera ola de la Covid-19?

GA: En principio, hemos tenido reuniones constantes con el Ministro de Salud, con el Viceministro también, de igual forma con el director de la AISEM (Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico) para ver el tema de los ítems, que era un tema que nos preocupaba porque estaban declarados en emergencia, los médicos de terapia intensiva, y queríamos saber cuál era la situación de los contratos de los médicos. A la fecha sabemos que se los ha recontratado por tres meses nuevamente, mayo, junio y julio. Se va hacer una evaluación y se va solicitar al Banco Mundial que nos siga apoyando con ese crédito para poder sostener estos ítems de los médicos para la lucha contra el Covid.

De igual forma nos hemos reunido con las autoridades de Salud para hacer las gestiones, diputados y senadores tanto del Chaco como de Tarija, para la provisión de oxígeno a nuestro departamento, porque hemos visto que es una de las necesidades más urgentes que tenemos y lamentamos mucho que las autoridades subnacionales poco o nada están haciendo para poder implementar plantas de oxígeno en los centros de salud, tanto en el San Juan de Dios como en San Antonio, y en algunos centros de provincias.

Nosotros, lo poco que llega al país, que en algunos casos son 20 o 40 toneladas, estamos viendo que se esté asignando permanentemente al departamento. Aunque la cantidad, con seguridad, es insuficiente, pero de todas maneras lo poco que llega nosotros estamos seguros que salva vidas, que saca de la urgencia a muchas familias y saca de la crisis de salud a muchos pacientes que hoy en día están padeciendo este virus infame.

Y esto se hace posible gracias a la predisposición de nuestro presidente Lucho Arce, que hace posible que este insumo llegue a todos los departamentos donde hace falta. Nosotros aplaudimos que Oruro y Potosí ya van por su segunda planta de oxígeno para sus centros de salud, y nos preocupa lo que pasa en Tarija. Es una impotencia lo que sentimos al ver la pasividad de las autoridades, que parecería que solo quieren culpar al Gobierno, culpar que no hay plata, que no hay recursos, cuando nosotros sabemos que mes a mes ingresan recursos y esos recursos deben destinarse a la lucha contra la pandemia.

EP: Sobre este tema de los contratos con la AISEM que recientemente fueron ampliados, ¿no hay la posibilidad de que sean por mayor tiempo a tres meses? Porque, ahora, por ejemplo, se renovó por solo dos meses y medio, eso implica que los médicos cada tres meses tienen que hacer el mismo trámite hace más de un año. Entonces ¿por qué no renovar los contratos cada seis meses, por lo menos?, tomando en cuenta que pandemia no se acabará a fin de año, sabemos que esta situación se mantendrá al menos hasta el 2022.

GA: Bueno ellos dicen dos meses y medio porque han trabajado medio mes sin contrato. Los contratos eran por febrero, marzo y abril, mayo estaban sin contrato y han trabajado así medio mes. Además, faltaba la información de Recursos Humanos del departamento de Tarija que no hacían llegar y bueno, ese ha sido uno de los motivos por lo que también se retrasó.

Además, se estaba esperando el desembolso respectivo del Banco Mundial. Esta situación también la hemos planteado al director nacional de la AISEM, y nos manifestaron que esas son las condiciones que puso el Banco Mundial en los créditos, que cada tres meses se pueda hacer una evaluación del impacto que tiene este crédito y de los resultados que se tengan se va evaluar al personal y nuevamente se vuelve a recontratar o se cambia. Entonces, esas son las condiciones bajo las cuales se ha accedido a este crédito como apoyo a la lucha contra el Covid y que pues no corresponde a nuestro país poder cambiar como quisiéramos.

De todas maneras, se está haciendo los esfuerzos posibles para gestionar otros recursos, porque no hay que olvidar que más de cien millones de dólares se ha sacado del Tesoro General de la Nación en la gestión de la exsenadora Jeanine Áñez, recursos que eran de salud y que a la fecha estamos en tratativas de poder aprobar un crédito para poder devolver al TGN esos recursos y que de ahí salga para este tipo de situación, la contratación del personal, la dotación de ítems para los centros de salud, para la adquisición de generadoras de oxígeno, que ya se tiene el contrato con la República de China y que llegarán en el transcurso de 38 días, van estar en los nueve departamentos y en algunas ciudades capital, como en Yacuiba, en el caso de Tarija. Entonces, se necesitan esos recursos económicos y es por ello que el Gobierno no está pudiendo asumir la totalidad de su responsabilidad en salud. Teniendo en cuenta, más aún, que las autoridades subnacionales poco o nada están invirtiendo en ello.

EP: En tema de la planta de oxígeno, que efectivamente en Tarija no se concreta aún, hubo observaciones en torno al costo que se quiere pagar, cinco millones de bolivianos por parte de la Gobernación, lo cual es considerado elevado. ¿La Brigada Parlamentaria ha recibido alguna denuncia sobre esto?

GA: No hemos recibido una denuncia oficial, pero sí hemos conocido del tema por los medios de comunicación. Hemos escuchado que la planta aún no se adquirió y que estaba en etapa de prueba. Nosotros esperamos que la Asamblea Departamental sea la encargada de solicitar la documentación, porque también nos causa extrañeza que una empresa traiga a prueba un equipo y después recién se proceda con todo el trámite que es verificar la propuesta económica, los términos de referencia que la Gobernación o la entidad contratante requiere.

Entonces, nos causa extrañeza esa modalidad que la Gobernación va emprender y nos preocupa la administración de nuestros recursos, porque a futuro se puede usar esta misma metodología para otras compras. Tenemos decretos supremos, normativas, la Ley 181 de Contrataciones de Bienes y Servicios, la Ley SAFCO, entonces hay un montón de normativas que hacen que los servidores públicos sigamos un determinado procedimiento antes de realizar este tipo de compras.

Esperamos que la Asamblea Departamental haga su trabajo y si es necesario que nosotros intervengamos, pues vamos a enviar una Petición de Informe Escrito para que nos puedan informar al respecto.

EP: ¿En la Asamblea Plurinacional se habló sobre el futuro de la Ley de Incentivos? Que, si bien ahora está paralizada, sigue vigente y más adelante le significará a los gobiernos subnacionales y a las universidades la reducción de su IDH

GA: No tenemos conocimiento si se planteó su anulación. Entendemos que de momento no se está debitando ese 12% a las gobernaciones, alcaldías y universidades. El año pasado, a través de luchas que hubo con los alcaldes, a través de la FAM, hemos logrado que se devuelva ese 12% y esos recursos debían invertirse en la lucha contra el Covid.

Al departamento llegaron casi 26 millones de bolivianos y mi persona ha solicitado al anterior gobernador una Petición de Informe que no se respondió a detalle, como solicitamos. Hemos vuelto a enviar al actual gobernador, para conocer cuál ha sido el destino de esos recursos económicos y en qué se han invertido, porque al momento no tenemos ni siquiera una planta generadora de oxígeno.

EP: Tomando en cuenta que esa Ley no ha tenido el resultado esperado y considerando que recuperarse de esta crisis económica llevará al menos dos años, ¿usted cree que sería prudente anular esta ley?

GA: A futuro sí, tendríamos que ver esa situación. No olvidemos que esa Ley ha sido firmada cuando estaban las actuales autoridades de Cercado, han sido quienes dieron la autorización para que esos recursos se queden en el Gobierno central con la finalidad de invertir en nuevos estudios o perforaciones de pozos hidrocarburíferos, y una vez que haya resultados se iba a devolver en mayor cantidad a las entidades territoriales autónomas. Esa situación creemos que aún está en marcha, estudios para ver de dónde más se pueden sacar estos recursos naturales que son los que sostienen a nuestro país.

Pero teniendo en cuenta que han pasado varios años y que no ha dado los resultados esperados, pues ameritaría hacerle un análisis, tomar una decisión, para que la situación de las entidades territoriales esté más clara en cuanto a sus recursos.

EP: Usted conoce muy de cerca la función municipal, pues ha sido alcaldesa por varios años, ¿qué opinión le merece la petición del gobernador Oscar Montes de que se anule la Ley del 8%?

GA: Es un desacierto total que el gobernador Montes esté solicitando esta situación. Él también viene de la familia municipalista y como Gobernador debería conocer la situación económica por la que atraviesan varios gobiernos municipales que no tienen recursos propios.

Si el Gobernador diera una buena lectura o interpretación a esta normativa, la Ley 206, pues vería que es un acierto de todas las normativas que se sacaron a nivel departamental y con eso se cerraría la concurrencia que en todas las gestiones anteriores a esta ley no ha estado muy clara.

Recordemos que en anteriores gestiones la concurrencia con la Gobernación y los gobiernos municipales iba acorde a la afinidad política que se tenía. Si un alcalde era de la misma línea que el gobernador, pues se le otorgaba más recursos y si otro alcalde no era de la línea del gobernador pues se le daba menos recursos o no se firmaban proyectos concurrentes.

Esta normativa trata de eliminar toda esta situación, trata de ponerle un fin a todo ese tema, y establece que la Gobernación transfiera un 1% a ocho gobiernos municipales del departamento, de acuerdo a lo que mensualmente le llega, entonces no hay un monto establecido, determinado.

No lo entendió así el anterior gobernador Adrián Oliva, se ha confrontado con los gobiernos municipales, producto de ello es la mala gestión con la que ha concluido su mandato, y el mismo error está cometiendo el gobernador Montes, al no querer entender que esta normativa da viabilidad a la concurrencia clara y le da una estabilidad, seguridad jurídica y económica a los municipios y la Gobernación, que no está obligada a dar más recursos de lo que menciona la ley.

Entonces no estamos de acuerdo con la derogación de esta ley, más bien se debería mejorar para el bien de los municipios. Es un desacierto del Gobernador.

EP: En reiteradas ocasiones el Gobernador recalcó que la Gobernación de Tarija no tiene plata. ¿La Brigada Parlamentara conoce la realidad económica de esta institución? ¿Está de acuerdo con esta afirmación?

GA: Los que hemos trabajado en entidades públicas sabemos que mensualmente llegan ingresos económicos a todas las entidades territoriales, por recursos de coparticipación y de regalías. La planificación que cada autoridad tenga en cada institución pues hace mucho, si no tenemos una buena planificación, con seguridad que plata que ingresa es recurso que se gasta, y seguramente no va alcanzar para lo que al momento necesitamos, que ahora es salud.

Al igual que la Gobernación, los municipios se han quedado con muchas deudas pendientes por parte de la Gobernación, pero eso no amerita que se deje de hacer cosas imprescindibles y se paralice la gestión.

Yo pienso que no es cierto de que no haya plata, que no debe haber como en las anteriores gestiones, con seguridad que sí, somos conscientes de que han bajado los ingresos a nivel nacional, pero afirmar que no se cuenta con recursos económicos, yo creo que es una aseveración muy radical, es querer victimizarse ante la población y deslindarse de responsabilidades y competencias que son exclusivas de la entidad departamental.